Aprueban leyes... y no les dan seguimiento

Chihuahua— La Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, que fue aprobada el pasado 18 de marzo de 2020 en el Congreso del Estado, se encuentra en análisis por inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, diputados que votaron a favor desconocen la situación jurídica del ordenamiento.

La presidenta del Poder Legislativo, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, señaló que desconoce cómo se encuentra la revisión de la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley del Transporte que presentaron los legisladores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la SCJN.

Asimismo, manifestó que serían los integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano quienes podrían conocer del caso, debido a que ellos aprobaron el dictamen de dicho ordenamiento que posteriormente fue presentado ante el Pleno del Congreso del Estado.

Sin embargo, en la lista de notificaciones de la SCJN, publicada el 11 de enero de 2021, se señala que en la Acción de inconstitucionalidad 172/2020 y su acumulada 211/2020 se agregan al expediente para que surtan efectos legales el oficio y anexos de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua, con la personalidad con que se ostenta, rindiendo el informe requerido en autos, a quien se le tiene cumpliendo los requerimientos realizados en proveídos de fechas diecinueve de agosto y dieciocho de noviembre ambos de dos mil veinte.

En este sentido, la presidenta de la Comisión, diputada Carmen Rocío González Alonso, mencionó que ella presidió el proceso de la aprobación del dictamen de la Ley del Transporte, la cual fue aprobada posteriormente ante el Pleno, pero no sabe la situación que guarda en la Suprema Corte.

Lo anterior, aclaró, se debe a una solicitud de inconstitucionalidad por parte de algunos legisladores locales, al considerar que se vieron afectados los procedimientos legislativos, pero que desconoce en qué parte va dicha impugnación.

Cabe señalar que se ordenó, por parte de la SCJN, dar vista, con el informe del Poder Legislativo del Estado, a la Consejería Jurídica del Gobierno federal, Fiscalía General de la República, así como a los Diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, se manifiesta que las partes tienen un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, formulen por escrito sus alegatos para continuar con el análisis de la solicitud.