Estado

Acusan a la Fiscalía de hostigar a indígenas

Arrestaron a 50 personas, entre ellas mujeres y niños, en un taller de costura

El Diario de Chihuahua

lunes, 17 agosto 2020 | 18:07

Chihuahua Alrededor de 50 personas indígenas, entre las que se encontraban mujeres y niños, fueron detenidas por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado mientras se llevaba a cabo una reunión en la construcción de un taller de costura en la comunidad de Bosques San Elías Repechique, municipio de Bocoyna. 

Esta comunidad históricamente ha demandado al Estado el reconocimiento legal de su territorio ancestral, derecho que fue reconocido por un juez federal en 2014. 

La razón para la detención fue que habrían removido sellos en esta construcción en disputa legal lo que, sin embargo, se hizo desde primera instancia sin una orden, como lo fue la propia detención, denunció la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (Contec). 

Lo anterior tuvo lugar el pasado jueves 13 de agosto y según la narrativa expuesta por Contec fue que “a mitad de una reunión, aproximadamente a las 2:00 p.m., cuando ingresaron agentes ministeriales a la reunión, preguntando por la persona encargada de la construcción, a lo que se les respondió que la responsabilidad de la construcion era de toda la comunidad, no de una persona en específico”. 

Después “se discutió durante una hora aproximadamente, siendo el principal reclamo de los funcionarios el haber quitado el sello con el que arbitrariamente habían parado la obra; los integrantes respondieron que cuando se instaló el sello lo hicieron sin presentar ninguna orden o papel de un juez. Los ministeriales reclamaron a la comunidad no haberse presentado al Instituto de Mediación a conciliar con las personas que se dicen propietarias, a pesar de que ese procedimiento es voluntario”. 

El territorio de la comunidad fue vendido ilegalmente a quienes ahora se dicen propietarios y el litigio actualmente se ventila en los tribunales federales. 

Después de la discusión, los policías ministeriales procedieron a detener a las personas que se encontraban en la reunión y caminaron hasta Creel durante dos horas, en su mayoría mujeres y niños, mientras eran seguidos por las camionetas de los agentes ministeriales. 

Luego de llegar a las oficinas del Ministerio Público de Creel tuvieron que esperar afuera ya que las oficinas se encontraban cerradas; en la calle esperaron 2 horas a las autoridades correspondientes que dieron la orden de detención. 

El ministerio público de Creel que llegó a la oficina a petición de la comunidad comentó que el caso ya no se encontraba dentro de su competencia sino que se encontraba bajo la jurisdicción de las oficinas de Cuauhtémoc. 

Pidió a la gente a que se trasladara por sus medios a Cuauhtémoc, a otras 3 horas de camino con transporte, para que “arreglaran su situación”. 

En el trámite penal establecido en contra de la comunidad por despojo no se le ha querido reconocer la representación legal, ni se le ha permitido tener acceso al expediente, se informó. 

Por su parte los miembros de la comunidad solicitaron al Fiscal de Zona Occidente, Lic. Jesús Carrasco Chacón, que acudiera para hablar con la comunidad pero se negó, explicaron. 

Las autoridades emplazaron a la comunidad a desalojar el inmueble y a parar la construcción de inmediato en violación a sus derechos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales y protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ante esta situación la comunidad ha levantado la voz para exigir respeto por parte de las autoridades a la posesión ancestral que tiene la comunidad de Bosques de San Elías Repechique sobre su territorio. 

Piden también respeto a su autonomía, autogestión y autodeterminación. 

Que la Fiscalía General del Estado apegue a derecho sus actuaciones y actúe de manera imparcial, respetando los derechos de los Pueblos indígenas.

A las dependencias, los tres niveles de gobierno, que respeten el territorio ancestral de la comunidad y se respete su proyecto de vida y alto al hostigamiento en contra de la comunidad y sus asesores. 

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chihuahua y las personas que detentan las escrituras ante posibles represalias”, concluyeron.