Diario
Estado
lunes, 03 junio 2019 | 12:24
Chihuahua— Mientras le daban descargas eléctricas con una chicharra y lo asfixiaban con una bolsa de plástico, uno de los agentes ministeriales le mostró a Iván desde un teléfono las fotografías de su madre y su esposa: “Me decían que si no me echaba la culpa las iban a matar”, relató.
Iván –nombre ficticio para proteger su identidad– fue detenido en agosto de 2017 por ser el probable responsable de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de policías ministeriales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), Iván y su amigo iban circulando en un vehículo sin placas en algún poblado al norte del estado.
En el trayecto, según relata un parte policial de la FGE, el vehículo en que se trasladaba Iván cortó la preferencia de paso y se atravesó frente a los agentes, “poniendo en riesgo la integridad física”.
Estaban en una carretera libre, y al llegar al kilómetro siete del camino, Iván sacó un arma de fuego por la ventana y disparó en contra de los agentes.
La historia oficial de las autoridades, sin embargo, contrasta con la que Iván y su amigo contaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual emitió una recomendación con número 01/2019 dirigida al fiscal general César Augusto Peniche Espejel por tortura.
La FGE bajo el mando de Peniche Espejel ha recibido un total de 115 recomendaciones emitidas por la CEDH desde 2016 hasta 2019, por violaciones a los derechos humanos por hechos ocurridos durante las administraciones de César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado.
Doce de esas recomendaciones valieron por eventos que han ocurrido durante la actual administración de Javier Corral, de las cuales 11 tienen que ver con posibles actos de tortura por parte de agentes de la FGE.
Iván relató que eran las 6:00 de la tarde cuando todo ocurrió. Estaba en compañía de su amigo e iban conduciendo un carro que iba a comprarle a un compañero con el que trabajaba en un puesto de quesadillas.
“En eso vemos que nos persigue una troca roja de la Fiscalía, y cuando íbamos en la salida del pueblo nos empezó a disparar, y poco más adelante me dieron un balazo en la cabeza”, contó Iván.
El tiro que recibió Juan en su cabeza era la esquirla de una bala que había rebotado en el medallón de su vehículo.
Por el impacto, Iván perdió el control del vehículo. Según los policías ministeriales, él y su compañero portaban una pistola con el número de serie borrado y una bolsa de plástico con mariguana.
Cuando fueron detenidos, los trasladaron a las oficinas de la FGE, Zona Norte, pero en el trayecto se encontraron con un destacamento del Ejército que al inicio no los dejó avanzar: los agentes estatales aún no habían brindado servicio médico a Iván por su herida en la cabeza. En el informe oficial, sin embargo, los ministeriales afirman que los militares brindaron su apoyo.
“Llegamos a las oficinas; los ministeriales me empezaron a golpear y me decían que yo había sido el que hizo la balacera (...) me seguían golpeando en la cabeza y uno de los elementos me metía el dedo en la herida”, relató Iván.
Ya eran las 6:30 de la tarde cuando la tortura había empezado. Pasaron casi seis horas para que las autoridades estatales llevaran a Iván a un hospital para ser atendido.
La tortura continuó regresando a la sede de la FGE, Zona Norte: lo siguieron golpeando, le colocaron una bolsa en la cabeza para quitarle el aire. “Uno de ellos me brincaba en el estómago, otro me ponía la chicharra”, contó. Ahí fue cuando amenazaron con matar a su madre y esposa si no aceptaba su culpabilidad.
Estuvieron aislados
A Iván y a su amigo los mantuvieron incomunicados. La detención había ocurrido la tarde de un jueves, pero sus esposas lograron hablar con ellos hasta las 12:00 horas del día siguiente cuando los vieron. “Tenían heridas en la cabeza”, relató la esposa del amigo de Iván a la CEDH.
“Las heridas que llevaba en la cabeza todavía iban con sangre fresca”, relató la mujer cuando volvió a ver a los detenidos el sábado, dos días después de su remisión a la FGE.
“Desde que llegué no me dejaban recibir visitas, ni a mi abogado. Ni me dieron el medicamento hasta que me trasladaron al Cereso. Y ya se me estaba infectando la herida”, contó Iván.
La FGE informó a la CEDH que pudo concluir que no se tuvo acreditada ninguna violación a los derechos humanos que sea atribuible a elementos de su corporación.
Pese a ello, la CEDH manifestó que hay evidencias suficientes para acreditar violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, mediante actos de malos tratos, lesiones y posible tortura.
En su Informe Mundial 2019, la organización Human Rights Watch señaló que en México es habitual que se torture.
“La tortura se aplica más frecuentemente en el periodo desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del ministerio público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares y otros centros de detención ilegales”, abunda el informe.
En 2015 fueron registrados 2 mil 129 hechos violatorios de los derechos humanos en Chihuahua, por organismos públicos de derechos humanos. Para 2016 la cifra se elevó a los 3 mil 361 casos.
Las recomendaciones que emiten estos organismos públicos como la CEDH tienen un fin específico: reparación de daños a la víctima cuyos derechos humanos fueron violados.
“En términos generales, esto es algo que la CEDH le ha quedado a deber a la ciudadanía”, explica Néstor Armendáriz Loya, actual ombudsman de Chihuahua.
El comisionado comentó que la falta de cumplimiento es un problema generalizado de las dependencias estatales, y no sólo de la FGE.
“Es una falla de nosotros de no acreditar ni el daño ni el perjuicio (a la víctima), y por lo tanto no le es exigible a la autoridad el repararlo. Tiene que venir un cambio de nosotros”, explicó Néstor Armendáriz.