Estado

Abandona y criminaliza Fiscalía muerte de Cruz Soto Caraveo

Filtran desde la dependencia información a medio para vincular a víctima con grupos criminales y justificar muerte

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El Diario de Chihuahua

martes, 22 octubre 2019 | 13:12

Chihuahua.- A pesar de encontrarse dentro del padrón de víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave), como afectado de desplazamiento forzoso por grupos criminales que controlan la localidad de Monterde, en el municipio de Guazapares; la Fiscalía General del Estado (FGE) abandonó y dejó sin protección al activista Cruz Soto Caraveo quien fue privado de la libertad el pasado 13 de octubre, cuando acudió a la comunidad de Témoris para registrarse como beneficiario de un programa de la Secretaría del Bienestar. 

Las autoridades estatales, entre ellos el fiscal de la zona occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, criminalizó con sus declaraciones la muerte del activista cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado 19 de octubre en una brecha en la comunidad de “Lechuguilla” de aquel municipio, responsabilizando directamente a problemas que tenía con su familia y al uso de tierras comunes que eran utilizadas por grupos criminales para la siembra de amapola, como justificación sobre la causa del deceso. 

El fiscal contradijo incluso a la propia titular de la Ceave, Irma Villanueva Nájera, quien confirmó en Palacio de Gobierno al ser entrevistada, que Cruz Soto Caraveo sí estaba dentro del padrón de víctimas de desplazamiento forzoso. 

“Tampoco tenía reconocida su calidad de ser una persona que viviera un desplazamiento forzado de la comunidad de Monterde, cuando el problema del señor Cruz surge con familiares de él, que pertenecen a un grupo delictivo en particular…”, afirmó el fiscal Carrasco Chacón. 

La propia Fiscalía del Estado cayó también en varias contradicciones, pues hasta este lunes no reconocía la calidad de “activista” de Soto Caraveo, cuando en uno de los comunicados de prensa que enviaron el pasado domingo, sí lo catalogó como tal, de manera textual. 

La víctima era integrante del “Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara”. 

Las “afirmaciones” del fiscal Jesús Manuel Carrasco 

En relación a la desaparición de Cruz Soto Caraveo, el fiscal de la Zona Occidente Jesús Manuel Carrasco declaró a medios de comunicación la semana pasada, cuya grabación obtuvo El Diario, que se había implementado un operativo de búsqueda en el municipio de Guazapares, específicamente en Témoris y Monterde. 

Hasta ese momento aún no se oficializaba la localización del cuerpo que apareció el sábado 19 de octubre, en una brecha de la comunidad llamada Lechuguillas. 

“Si bien no hemos logrado la localización de la persona con o sin vida, sí se tiene ya identificada a las personas que participan en la privación de la libertad y a quienes se les solicitarán las órdenes de aprehensión correspondientes en breve. Ya se tienen asegurados los dos vehículos que fueron utilizados para esa privación, ya llegaron a la Fiscalía Occidente”, dijo. 

Fue entonces que el funcionario estatal pidió aclarar públicamente: “Tengo interés en aclarar un aspecto que se ha ventilado a nivel nacional, el considerarlo como beneficiario de medidas cautelares (a Cruz Soto) impuestas por una corte internacional a nuestro país, propiamente al Estado de Chihuahua, no cuenta el señor con esa calidad, tampoco tenía reconocida su calidad de ser una persona que viviera un desplazamiento forzado de la comunidad de Monterde, cuando el problema del señor Cruz surge con familiares de él, que pertenecen a un grupo delictivo en particular, y él ya estaba viviendo en la ciudad de Chihuahua y este conflicto trajo como consecuencia que el año pasado, ya va ser un año el 26 de octubre, este grupo le quitara la vida al hermano del señor Cruz y le dejaron una cartulina un mensaje que les indica que esto pasa por rateros y chismosos. Dejándole la amenaza al señor Cruz”. 

Según explicó el fiscal Carrasco, en esa ocasión se le trató de vincular conjuntamente a la víctima a las medidas cautelares que tenía la familia Sánchez Legarda de la comunidad de “El Manzano” en el municipio de Uruachi, pero hubo problemas por ser municipios distantes. 

Y manifestó: “Por lo que si a algún organismo de derechos humanos inició un proceso del señor Cruz Soto para que tuviera esa calidad, bueno, no pasó por alguna autoridad, no ha surgido la resolución que le reconozca la calidad de ser una persona en esa situación, no tenemos referencias”. 

"Sabemos que el conflicto surgió del uso del suelo de parcelas ubicadas en predios de uso común de ese ejido Monterde y desafortunadamente son utilizadas para el consumo de amapola", abundó el fiscal. 

El funcionario detalló que él estuvo presente en una reunión en Palacio de Gobierno, donde acudió personal del Gobierno Federal por el caso de la familia desplazada de “El Manzano” y ahí estaba Cruz Soto. 

“Se le explicó al señor Cruz que no anduviera viajando a aquella comunidad, derivado del homicidio del hermano y de la amenaza pública en esa cartulina, en conocimiento del conflicto que nació como familia y con el grupo en mención”, dijo. Reconoce Fiscalía después, que víctima sí estaba registrado como desplazado 

La Fiscalía del Estado confirmó ayer que Cruz Soto Caraveo sí estaba registrado como desplazado, pero de manera “reciente”. 

Derivado de la condición de desplazado, se indicó que él tenía un apoyo y radicaba en la ciudad de Chihuahua. Nunca avisó que iría a Monterde, se movió por su cuenta en Chihuahua para ir a gestionar e inscribirse en programas sociales. 

A decir de la dependencia estatal, son las organizaciones sociales quienes incorporan a personas y familias que sufren el fenómeno de desplazamiento forzoso, es decir, que han tenido que abandonar su lugar de origen a causa de la delincuencia; los cuales se notifican a las autoridades. 

En ese sentido, Cruz Soto recibió apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Violencia, que es la instancia que tiene estrategias para apoyar a las familias que sufren de desplazamiento, se informó en la FGE. 

El Diario cuestionó a las autoridades el motivo por el cual la víctima no tenía protección hacia su persona, a lo que no hubo una respuesta oficial hasta el día de ayer. 

Reconoció la FGE en boletín de prensa a Cruz Soto Caraveo como “activista”, luego ya no 

El pasado 17 de octubre la FGE emitió un boletín de prensa, en donde informó que la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada en conjunto con la Fiscalía Zona Occidente y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) mantenían las indagatorias para esclarecer el caso de privación de la libertad del “representante colectivo”. 

Con errores de ubicación, -pues se le dio a la localidad de Témoris el carácter de municipio en el comunicado oficial-, se señaló que desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, las tres corporaciones de la fiscalía se movilizaron para iniciar con las indagatorias. 

“Fue el pasado domingo 13 de octubre, cuando se reportó la desaparición del representante del colectivo de familias desplazadas forzosamente de la Sierra Tarahumara, quien circulaba en compañía de otras personas por el municipio de Témoris. Hasta el momento, la FGE mantiene intervenciones por aire y tierra, en las que participan las tres corporaciones policiacas con el fin de dar con el paradero de Cruz Soto Caraveo”, refirió el boletín. 

Posteriormente en el comunicado difundido este domingo 20 de octubre (tres días después), la misma autoridad, en el párrafo séptimo subrayó, “los antecedentes del caso, establecen que el activista recibió amenazas previas por parte de civiles armados y que desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de mariguana y amapola”. 

Sin embargo este lunes la FGE a través de su departamento de Comunicación Social, negó que la víctima tuviera el estatus de activista. 

Filtra FGE información a medio impreso para decir que Cruz Soto Caraveo intentó pasar como víctima del narcotráfico. 

En la edición de este lunes, el periódico El Heraldo de Chihuahua publicó en su página 4-A, información atribuida a la Fiscalía General del Estado, en donde se hace referencia que la privación de la libertad y muerte del activista Cruz Soto Caraveo está relacionada con una supuesta traición que le hizo la víctima al líder criminal Noel P.G. alías “El Chueco”, a quien le había entregado unas tierras en el año 2013. 

Según la publicación, dentro de la información que concentró la FGE, en ese año Cruz Soto entregó algunas hectáreas de tierra ubicadas en Monterde a su primo Carlos Hugo Soto Lucero, conocido como El Calín, para que las rentaran para la cosecha de droga, específicamente mariguana y amapola, a cambio de pagos mensuales del grupo criminal.

Posteriormente ambos primos tuvieron diferencias y la víctima intentó deshacer el trato, avisando a las autoridades militares quienes destruyeron los plantíos, provocando la respuesta del grupo criminal. Oficialmente esta versión no fue confirmada por la autoridad estatal este lunes. 

“Es muy lamentable que los líderes sociales amenazados no tengan protección”: catedrático 

El catedrático de la Facultad de Derecho de la UACh, Francisco Flores Legarda calificó de lamentable, el reciente homicidio del activista Cruz Soto Caraveo en el municipio de Guazapares. Pero insistió en que lo más reprobable es que se pretenda dañar la imagen de la víctima, criminalizando su muerte, manchando su imagen vinculándola en el sentido de que tenía relación con grupos criminales. 

“Es muy lamentable que los líderes sociales que están amenazados no tengan protección de parte del Estado, es una forma de excusarse. Él debió ser una persona protegida por un tiempo determinado”; dijo el profesor universitario. 

Manifestó que si se le hacen señalamientos a una persona de cometer actividades irregulares, se le tiene que acreditar en base a pruebas y no para justificar la inacción de la propia autoridad. 

De igual forma cuestionó que haya sido el propio Estado quien le brindó seguridad años atrás, y luego se salga a decir que estaba relacionado a actividades ilícitas. 

“Simplemente no hay congruencia en lo que se dice y hace en este gobierno”; finalizó.