A la cárcel, dos jueces por amparos ‘chuecos’

Dos jueces civiles identificados como Braulio M. A. y Mario Alberto C. L. fueron detenidos en el estado de Nayarit por órdenes de aprehensión que ejecutaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La acusación que les fincó la autoridad federal es por presunto contubernio que tuvieron con despachos jurídicos, secretarios de acuerdos, notificadores, notarios y empleados del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para despojar a chihuahuenses de sus viviendas durante los años 2013 y 2018.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) informó, a través de un comunicado de prensa, que se obtuvo una segunda orden de aprehensión y vinculación a proceso en contra de quienes oficialmente sólo identificó como Mario “N” y Braulio “N”, que se desempeñaron como jueces de primera instancia en el estado de Nayarit.

De acuerdo con registros públicos de la primera orden de aprehensión ejecutada contra los juzgadores, pudieron obtenerse los nombres completos de los acusados, que deben mantenerse bajo reserva mientras continúa el proceso.

La acusación del Ministerio Público federal establece que probablemente rindieron informes negando la verdad y expresando hechos falsos en juicios de amparos tramitados en Chihuahua y Tamaulipas por derechohabientes del Infonavit.

Lo anterior, a consecuencia del trámite de juicios masivos promovidos por apoderados del Infonavit a través de los litigios referidos del 2013 al 2018, donde se adjudicaron bienes inmuebles ubicados en los estados de Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, a favor del Infonavit, afectando así a los derechohabientes ante el desconocimiento de las demandas masivas entabladas en su contra.

La delegación Chihuahua de la Fiscalía de la República no precisó ayer a El Diario el número de derechohabientes del Infonavit que perdieron sus viviendas por este tipo de fraude.

Sólo indicó la autoridad investigadora que se continuará con las indagatorias en contra de los servidores públicos que resulten responsables, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Como antecedente del caso, se tiene que hace tres años (2019) el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, ordenó una auditoría interna en la institución para deslindar responsabilidades respecto a casos de viviendas adjudicadas por el organismo vía juicios presuntamente ilegales, que hicieron que derechohabientes y sus familias se quedaran sin hogar en diversas partes del país.

Martínez Velázquez declaró públicamente que además de la auditoría, y con el fin de saber exactamente qué fue lo que ocurrió, también ordenó suspender los procesos de subasta de vivienda recuperada, que fueron muy activos durante la administración del anterior director, David Penchyna Grub, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Estas subastas tenían la finalidad de reinsertar en el mercado las casas que el instituto recuperaba por créditos que en su momento no se pudieron pagar.

De acuerdo con información obtenida en diversas entidades de la República, principalmente en Coahuila y Nayarit, el fraude pudo afectar a miles de derechohabientes y en él también se han señalado a exfuncionarios del instituto, debido a que se basó en juicios que se entablaron en contra de derechohabientes, sin que éstos hayan sido informados de ello y con el fallo en su contra con el fin de despojarlos de sus viviendas.

El director del Infonavit expuso que además de dicha investigación interna, el instituto está dispuesto a colaborar tanto en las investigaciones locales como en las que realice la Fiscalía General de la República al respecto.

Estos jueces de Primera Instancia serían los primeros en ser procesados por este megafraude al interior de la institución, donde habría más servidores públicos involucrados. (Heriberto Barrientos / Luz del Carmen Sosa / El Diario)

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