A 2 años, crimen continúa impune

Sólo hay un implicado en prisión; investigaciones dejan más dudas que resultados

David Piñón
El Diario
jueves, 21 marzo 2019 | 06:00

Chihuahua— Este 23 de marzo se cumplen dos años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, crimen que permanece en la impunidad debido a que sólo existe un implicado en prisión, cuyo juicio será noviembre, justo un mes antes de que se venza la prisión preventiva y deba dictarse la sentencia o sea liberado el acusado.

La periodista fue ejecutada cuando salía de su domicilio en la ciudad de Chihuahua para llevar a su hijo a la escuela. Aunque el caso captó la atención estatal, nacional e internacional, las investigaciones no han arrojado certeza ni credibilidad.


Va 'El Larry' a juicio oral

El único imputado por el asesinato de Breach, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, desistió de una demanda de amparo que había presentado, para evitar ser enjuiciado por el crimen, por lo que aceptó ir a juicio oral para tratar de desvirtuar las pruebas que existen en su contra, según pudo ser corroborado por El Diario en las listas de acuerdos de los juzgados federales. 

El presunto copartícipe en el homicidio ocurrido en 2017 había demandado el amparo por su detención y la forma en que la Fiscalía General del Estado obtuvo los elementos de prueba en su contra, además por la violación del principio de presunción de inocencia. Tras su detención en diciembre de 2017, Moreno Ochoa fue vinculado a proceso por el juez de garantías Napoleón Raya Valdez, tras lo cual promovió un amparo por supuestas violaciones desde su arresto hasta la consignación ante la justicia estatal. 

Entre los argumentos para ampararse estaba la falta de observancia al principio de oralidad, debido a que el agente del Ministerio Público que imputó al detenido y buscó su vinculación a proceso, leyó todo el expediente a pesar de que se le había solicitado que no lo hiciera. 

Además, acusó de parcialidad y falta de objetividad del juez que determinó la vinculación a proceso e irregularidades en los elementos de prueba que aseguraba tener el Ministerio Público. De acuerdo al expediente penal que obra en la justicia estatal, desde la vinculación la defensa de “El Larry” alegó inconsistencias y contradicciones entre los dichos de los testigos que tenía la Fiscalía Estatal, los lugares y las horas que supuestamente ubicaban al imputado en el sitio del crimen. 

Por otra parte, según la demanda de amparo, había inconsistencias evidentes en el uso de testigos protegidos, que si bien apuntaban a la realización de un crimen, no involucraban a Moreno Ochoa como copartícipe en grado alguno, al contrario. 

Además refiere que los testigos con identidad reservada en los que la Fiscalía Estatal basó su teoría del caso y acusaciones, podrían estar involucrados en la comisión de algún delito, es decir el mismo asesinato de la periodista, y habían declarado sin la presencia de algún abogado que los asesorara y representara, por lo que sus declaraciones deberían considerarse inválidas. 


La pelea por 'El Larry' 

Luego, al ser llevado el caso de Moreno Ochoa a la justicia federal, después de que la Fiscalía General del Estado entregara la investigación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Feadle), de la entonces PGR, se ratificó en diciembre del año pasado la vinculación a proceso y se extendió la prisión preventiva, ante lo cual mantuvo la demanda de amparo. 

En la valoración del amparo, la justicia federal rechazó otorgárselo al imputado por el asesinato, ante lo cual promovió un recurso de revisión del que terminó por desistirse. 

De esta forma, tras la audiencia intermedia realizada el 5 de diciembre de 2018, la defensa de “El Larry” desistió en febrero pasado del juicio de garantías que estaba en revisión y aceptó presentarse a juicio oral. 

Actualmente se encuentra retenido en el Cereso de Aquiles Serdán a disposición de la justicia federal, para cuando se determine convocar al Tribunal de Enjuiciamiento Oral que habrá de valorar las acusaciones que actualmente lleva la Feadle de la ahora Fiscalía General de la República, antes PGR. 

La acusación contra Juan Carlos Moreno Ochoa comenzó en la Fiscalía General del Estado, instancia que lo identificó como parte del grupo que planeó y ejecutó el asesinato, junto con Jaziel Vega Villa, actualmente prófugo y Ramón Andrés Zavala Corral, quien fuera encontrado muerto el 19 de diciembre de 2017 en la comunidad de Álamos, Sonora. 

Tras su vinculación a proceso en diciembre de 2017 y su reclusión en el Cereso, la familia de Miroslava Breach pidió que el caso lo atrajera la entonces PGR, a lo que se negó la Fiscalía General del Estado, hasta que la justicia federal determinó que era válida la atracción que ejerció el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión. 

Por la reticencia de la FGE para entregar el caso a la esfera federal y para darles acceso al expediente, promovieron amparos una hija y una hermana de Miroslava Breach, los cuales fueron admitidos con los folios 171/2018 y 180/2018 en los tribunales federales. 

De acuerdo con esas demandas, la FGE negó acceso al expediente a los familiares de la víctima, pese a disposiciones del nuevo sistema de justicia penal nacional, que garantizan a las víctimas poder consultar y coadyuvar con las causas del Ministerio Público. 

Fue hasta el 24 de abril de 2018 que el juez estatal Alejandro Legarda Carreón se declaró incompetente para llevar la causa 1903/2017 instruida contra “El Larry”, entregándose la investigación a la Feadle, la cual instauró ante un juez federal la causa en contra, que se encuentra vigente con el folio 259/2018. 

A partir de que la Feadle tomó el caso, se reafirmó la vinculación a proceso y se amplió el plazo de la prisión preventiva que lo mantiene recluido en el Cereso, de un año que tenía y vencía en diciembre del año pasado, se extendió un año más, es decir hasta diciembre de 2019, el plazo máximo de 24 meses para mantener detenida a una persona sin haberle dictado sentencia. 


El juicio hasta noviembre

 El juicio oral contra el único detenido por el crimen de la periodista Miroslava Breach, Juan Carlos Moreno Ochoa, fue convocado para comenzar hasta el 4 de noviembre de 2019, 23 meses después de su detención y casi un año después de la audiencia intermedia de diciembre del año pasado, lo que motivó el rechazo de los familiares de la víctima, quienes pidieron una fecha más cercana dado que esto viola el derecho de las víctimas a la justicia. 

El Tribunal de Enjuiciamiento Oral citó tanto al acusado como a la Feadle hasta esa fecha, pese a que la ley marca preferencialmente un término de 60 días a partir de la audiencia intermedia, para el comienzo del proceso, por lo se espera que el organismo cambie su decisión que también fue comunicada a los familiares de la víctima. De acuerdo con el citatorio, el tribunal fijó la fecha por la complejidad del caso, pues si bien “El Larry” está preso desde diciembre de 2017, ha retrasado el proceso judicial el conflicto entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, antes PGR, debido a que la instancia estatal se negaba a entregar el expediente a la federal. 

Los familiares de la periodista, a través del asociación civil coadyuvante Propuesta Cívica, que los representa ante la justicia federal, rechazaron esa fecha porque es demasiado el tiempo entre cada diligencia judicial. “Esto es una violación más a los derechos de las víctimas”, dijo Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, instancia que ha dado acompañamiento jurídico a los familiares de Breach Velducea, desde la negativa de la FGE a entregar la carpeta de investigación a la Feadle. Propuesta Cívica junto con otras organizaciones de defensa de periodistas y derechohumanistas, ha sido una instancia crítica al proceso que se ha seguido desde fue asesinada la periodista.


Injusticia tras injusticia

 La directora de Propuesta Cívica manifestó que las víctimas han ido de injusticia en injusticia, todo lo cual se ha denunciado en su momento. Al cumplirse los primeros siete meses del crimen, la organización junto con otras asociaciones de periodistas y derechohumanistas denunciaron la falta de transparencia en las investigaciones que comenzó la Fiscalía de Chihuahua, así como un cúmulo de omisiones en las pesquisas. 

Las filtraciones a la prensa, señalaron, encendieron una alerta en Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, entre otras agrupaciones, por la preocupación de que pudieran fabricarse autores materiales o intelectuales y el caso quedara así en completa impunidad. 

Además reclamaron la falta de sensibilidad de la FGE y del Gobierno del Estado para atender a los familiares de Miroslava, pues en ese entonces su hermana Rosa María Breach debió recurrir a una demanda de amparo para que le permitieran conocer el expediente, pues se le había negado cualquier tipo de acceso pese a los ordenamientos legales vigentes, mediante los cuales ella y otros familiares podían tener representación en el proceso de investigación y judicialización del caso. 

También reclamaron la, hasta entonces, omisión de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que tuvo hasta el año 2018 la carpeta de investigación del crimen, pero no buscó la atracción inmediata del expediente. Ahora, tanto Propuesta Cívica como las demás organizaciones que han respaldado a los familiares de Miroslava Breach, buscan frenar la cadena de injusticias cometidas en su contra, tanto por las instancias estatales como por las federales. 

Por esa razón es que reclaman la decisión de iniciar el juicio hasta el mes de noviembre de este año, sí, aún faltan muchas cosas por hacer y éste puede ser un primer paso para considerar que funciona el sistema de justicia. 


Implicados políticos sin acusar

Además de “El Larry”, el único preso, en el crimen contra la periodista hubo otros involucrados. Dos coautores materiales, Ramón Andrés Zavala y Wilberth Jaciel Vega; pero la autoría intelectual jamás ha quedado clara. Contra Ramón Andrés Zavala Corral, identificado como el tirador en la escena del crimen de Miroslava, había vigente una orden de aprehensión que jamás se ejecutó, pues antes fue encontrado muerto en la zona de operación del cartel de “Los Salazar”, el 19 de diciembre de 2017. 

A la fecha permanece vigente una orden de aprehensión contra Wilberth Jaciel Vega Villa, presunto conductor del vehículo en el que se trasladaron a cometer el homicidio. Sobre la autoría intelectual del asesinato la FGE filtró información, en el tiempo de la detención y el proceso judicial en el fuero común, que acreditaba a “El Larry” como quien había ordenado el crimen, como regalo de cumpleaños a uno de sus jefes de “Los Salazar” (Proceso 2148. Diciembre 2017). 

Esta hipótesis se mantiene en entredicho en el juicio que se sigue a nivel federal, al menos no se ha imputado por ello a Moreno Ochoa. En torno a otros presuntos involucrados, el exalcalde de Chínipas Hugo Schultz, el exdirigente estatal del PAN José Luévano y el exvocero del partido, Alfredo Piñera, fueron designados como testigos y beneficiarios de los criterios de oportunidad, con nombres en clave utilizados por el Ministerio Público, para sustentar la acusación contra los implicados sobre los que pesan o se ejecutaron órdenes de aprehensión. 

Sobre ellos no existe causa alguna en su contra, al considerarse dentro de los supuestos para la aplicación de criterios de oportunidad, decretados por la Fiscalía General del Estado. Al pasar la investigación a la Feadle, tampoco se les ha iniciado procedimiento alguno. 

Dichos actores políticos fueron señalados, bajo identidades reservadas que después se conocieron extraoficialmente, como quienes interactuaron con la periodista Miroslava Breach, para pedirle información de sus fuentes de trabajos periodísticos sobre Chínipas y la operación del grupo criminal de Los Salazar.