Título 42: Escala batalla por fin a límites de asilo

Un juez federal en Louisiana impidió el viernes que la administración Biden levantara una orden de salud pública que los oficiales de inmigración han utilizado para expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera Suroeste, incluidos los solicitantes de asilo.

El juez de Distrito Robert R. Summerhays, designado por Trump en Lafayette, dictaminó que la administración Biden violó la ley administrativa cuando anunció en abril que planeaba detener a partir del lunes 23 de mayo el Título 42, una orden de salud destinada a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles en el país.

Lo más probable es que el fallo desencadene una batalla legal de meses. El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos presentó rápidamente una apelación el viernes ante el Quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones federal, e insiste en que la decisión de la administración Biden de poner fin al Título 42 fue legal.

Summerhays dijo en su fallo que la administración de Biden violó las leyes de procedimiento administrativo y que finalizar el Título 42 causaría un “daño irreparable” porque los estados tendrían que gastar dinero en atención médica, aplicación de la ley, educación y otros servicios para atender a los migrantes.

“En resumen, el Tribunal determina que los estados demandantes han establecido una probabilidad sustancial de éxito con base en el incumplimiento por parte de los CDC de los requisitos normativos de la Ley de Procedimiento Administrativo. Este hallazgo es suficiente para satisfacer el primer requisito para la medida cautelar”, escribió Summerhays en su fallo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) federal dijo en un comunicado que el Título 42 no es una herramienta de control de inmigración sino una orden de salud pública, pero que “cumplirá con la orden de la Corte de continuar haciendo cumplir la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mientras permanezca vigente”.

 Largo entuerto

La administración había anunciado que dejaría de expulsar a los inmigrantes bajo el Título 42 a partir del 23 de mayo y volvería a detener y deportar a los inmigrantes que no califican para ingresar y permanecer en los Estados Unidos, un proceso más largo que permite a los inmigrantes solicitar asilo en este país.

Eso llevó a más de 20 estados controlados por republicanos, encabezados por Arizona, a demandar a la administración en la Corte de Summerhays el 3 de abril, alegando que levantar la orden del Título 42 crearía caos en la frontera entre Estados Unidos y México y obligaría a los estados a gastar el dinero de los contribuyentes en la prestación de servicios como la atención de la salud a los migrantes. Texas, que había presentado una demanda por separado, se unió a la demanda encabezada por Arizona a principios de este mes.

“Las desastrosas políticas de frontera abierta de la administración Biden y su confusa y azarosa respuesta al Covid-19 se combinaron para crear una crisis humanitaria y de seguridad pública en nuestra frontera Sur”, argumentó Texas en su demanda.

 Reacciones en Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien ha presentado casi una docena de demandas relacionadas con inmigración contra la administración de Biden, aplaudió el fallo de Summerhays en Twitter.

“Me alegro por nuestro estado y nuestra nación de que la orden permanecerá en su lugar”, tuiteó.

El gobernador Greg Abbott dijo en un comunicado que el fallo afirma sus frecuentes críticas a la administración: “El presidente Biden está ignorando la ley federal con sus políticas de fronteras abiertas”.

Tami Goodlette, directora de litigios del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes con sede en Texas, criticó el fallo del juez y del presidente Joe Biden por no levantar de inmediato el Título 42 cuando asumió el cargo en enero de 2020.

“El Título 42 nunca se trató de la salud pública, sino que está envuelto en racismo, ya que los médicos y los expertos en salud pública han dejado en claro que la inmigración no es una fuente de propagación de la pandemia”, dijo Goodlette. “Ahora, el presidente Biden debe cumplir su promesa de deshacer las políticas antiinmigrantes de Trump y tomar el único camino correcto y moral: luchar contra esta decisión y usar todas las herramientas administrativas a su disposición para luchar contra los extremistas de derecha que lideran los estados que presentaron la demanda, incluidos Louisiana y Arizona”.

Los abogados de los estados que demandaron a la administración de Biden dicen que la administración no publicó un aviso que permitiera al público comentar sobre la decisión de los CDC de levantar el Título 42, violando las leyes de procedimiento administrativo.

La administración Trump invocó el Título 42 en marzo de 2020, cerrando efectivamente las fronteras a los migrantes, incluidos los que buscan asilo, si aún no tenían permiso legal para ingresar.