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El Paso

Suspenso: posponen audiencia de caso Walmart

Mientras tanto cortes analizan petición de remover al juez Medrano

Danielle Prokop/El Paso Matters

martes, 13 septiembre 2022 | 06:00

El Paso Matters | Los correos electrónicos ‘de la discordia’

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Una audiencia de estado en el caso del tiroteo masivo de Walmart programada para el martes ha sido pospuesta mientras los tribunales consideran una moción de la Oficina del Fiscal de Distrito para rechazar al juez de distrito 409 Sam Medrano Jr. como encargado de presidir el proceso jurídico.

Se esperaba que la audiencia del martes en el caso de masacre de Walmart, en la cual se trataría el tema de un par de correos electrónicos con orígenes no resueltos, incidiera en qué juez preside el caso, quién puede obligar a declarar y cuándo el caso irá a juicio.

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Dos correos electrónicos misteriosos han llegado a dominar esta etapa del enjuiciamiento de lo que podría ser el tiroteo masivo más mortífero en ir a juicio en los Estados Unidos. No está claro quién escribió los correos electrónicos o quién los envió.

El primer e-mail afirmaba provenir de la familia residente en Ciudad Juárez de una de las 23 personas asesinadas en el Walmart en 2019, y criticaba al juez del caso y a un exfiscal.

Los registros obtenidos por El Paso Matters muestran que los destinatarios del correo electrónico coincidían en gran medida con las listas de distribución de medios utilizadas por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso para enviar comunicados de prensa.

El segundo correo electrónico provino de una persona que pretendía ser el abogado de la familia Juárez que supuestamente envió el primer correo electrónico. Afirmó que la familia dijo que no tenían interés en responder a las consultas judiciales sobre el primer correo electrónico.

El correo electrónico del presunto abogado no tenía información de contacto más allá de una dirección de Gmail, y El Paso Matters no pudo identificar definitivamente al abogado en una revisión de los registros mexicanos.

Patrick Crusius, de 24 años, está acusado de matar a 23 personas en un tiroteo masivo racista el 3 de agosto de 2019. Enfrenta cargos estatales y federales paralelos con dos juicios separados. Los procedimientos legales se prolongarán durante años, ya que la selección del jurado federal está programada para comenzar en enero de 2024. El juicio estatal no está programado.

La semana pasada hubo una avalancha de presentaciones judiciales en el caso estatal ante el juez del Tribunal de Distrito 409, Sam Medrano Jr. Éstos incluyen la moción de los fiscales estatales para rechazar al juez, una solicitud para fijar una fecha de juicio y revisar la asistencia del pistolero acusado a futuras audiencias.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso también le pidió al juez que anule tres citaciones emitidas la semana pasada por Justin Underwood, un abogado designado por Medrano para representar a la familia de una víctima en una posible violación de la orden de mordaza.

Los fiscales quieren que Medrano sea destituido, alegando que su “ánimo personal” contra la fiscal de Distrito Yvonne Rosales debería descalificarlo del caso.

Todo comenzó cuando Medrano criticó públicamente a Rosales en una audiencia el 1 de julio por declaraciones hechas sobre el caso; ocurrieron una serie de eventos notables en el período previo a la audiencia del martes.

Justo antes de la audiencia, Medrano emitió una orden de mordaza que prohibía a los abogados de ambas partes, las fuerzas del orden público y los testigos que prestaron testimonio hablar con los medios sobre el caso.

Diez minutos después, presidió una audiencia de estado y le pidió a Rosales que aclarara una declaración que hizo a los medios el 27 de junio. Rosales emitió el comunicado de prensa celebrando la fecha del juicio federal fijada para 2024. En el comunicado, dijo que su oficina seguimos buscando la pena de muerte y, como tal, esperamos que nuestro caso vaya a juicio para el verano de 2023”.

Joe Spencer, el abogado defensor de Crusius, dijo en ese momento que la defensa no podía prepararse para un juicio estatal y federal dentro de los 18 meses.

La oficina del fiscal de Distrito sostuvo que el propósito de la audiencia era “avergonzar y degradar” a Rosales frente a los medios, según Curtis Cox, asistente del fiscal de Distrito, en la moción para rechazar a Medrano.

Otro juez escucharía la moción para rechazar a Medrano. La audiencia ha sido programada para el 19 de septiembre, pero no está claro qué juez escuchará la moción y cómo podría afectar la audiencia programada para el martes.

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El primer correo electrónico

El 3 de agosto de 2022, en el tercer aniversario de los asesinatos, la ex fiscal adjunta de Distrito Amanda Enríquez se unió a otro abogado en KVIA-ABC7 para hablar sobre el proceso de un caso de pena de muerte en los tribunales.

Enríquez le dijo a KVIA que si los fiscales federales recibieran una condena que resultara en la pena de muerte en el juicio, sería poco probable que el caso estatal continuara.

“El objetivo es hacer esto una vez y no hacer que la comunidad, estas víctimas, vuelvan a pasar por esto. Sólo puede recibir la pena de muerte una vez”, dijo Enríquez.

Enríquez trabajó en el caso del tiroteo en Walmart cuando era asistente del fiscal de distrito en la administración anterior. Ella le dijo a KVIA que ya no está involucrada en el caso. Enríquez es ahora defensor público adjunto.

El 4 de agosto, 31 miembros de los medios de comunicación locales recibieron un correo electrónico titulado “Comunicado de prensa sobre la respuesta a las declaraciones de Amanda Enríquez en Walmart”, de supuestos familiares de Alexander Gerhard Hoffmann Roth, quien fue asesinado el 3 de agosto de 2019. El correo electrónico fue firmado presuntamente por Alexander Hoffmann Valdez, su hijo, y enviado desde una dirección de correo electrónico perteneciente a Rosa María Valdez García, viuda de Hoffmann Roth.

El correo electrónico criticaba a Enríquez diciendo que estaba “usando este caso con fines políticos. CÓMO SE ATREVE”.

Este “comunicado de prensa”, supuestamente del hijo de un hombre asesinado en el ataque del 3 de agosto de 2019 en El Paso, fue enviado a los medios el 4 de agosto de 2022.

Elise Hoffmann-Taus, cuya afirmación de ser la hija de Hoffmann Roth es cuestionada por los fiscales, dijo que estaba horrorizada por el correo electrónico y cuestionó que la familia conociera a Enríquez o fuera el autor del correo electrónico.

“Alexander Hoffmann no sólo no es fluido y elocuente en el idioma inglés, sino que carece de la capacidad de escribir tales correos electrónicos”, dijo a KTSM en un comunicado.

Los 31 destinatarios del correo electrónico de Hoffmann se superponen significativamente con las listas de correo electrónico utilizadas por la Oficina del Fiscal de Distrito para enviar comunicados de prensa, según los registros obtenidos en virtud de la Ley de Información Pública de Texas.

De las 31 direcciones de correo electrónico a las que se envió el correo electrónico de Hoffmann, al menos 25 fueron destinatarios de comunicados de prensa enviados por el fiscal en junio y julio, o estaban en la lista de distribución de medios de la oficina, según las listas proporcionadas por la Oficina del Fiscal de Distrito en respuesta a un solicitud de registros públicos realizada por el director ejecutivo (CEO) de El Paso Matters, Robert Moore.

Cuando se le preguntó si la Oficina del Fiscal del Distrito estuvo involucrada en la creación del correo electrónico de Hoffmann o en proporcionar contactos de medios para el remitente, el portavoz del fiscal del distrito, Paul Ferris, dijo que no podía comentar debido a una orden de silencio emitida por el juez Medrano.

Ningún periodista de El Paso Matters recibió el correo electrónico de Hoffmann, y la Oficina del Fiscal de Distrito no envía comunicados de prensa a la organización de noticias sin fines de lucro. KTSM, que primero informó el correo electrónico de Hoffmann, proporcionó una copia a El Paso Matters.

De los 31 destinatarios del correo electrónico de Hoffmann, 25 dieron su consentimiento para que se divulgue su dirección de correo electrónico si estaba en una lista de distribución de medios de la Fiscalía de Distrito. Seis no respondieron a la solicitud de consentimiento. 

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