Sin evidencia, acusaciones de corrupción vs sindicato de Patrulla Fronteriza

Previamente, El Diario de El Paso publicó tres notas sobre el sindicato que representa a los agentes de la Border Patrol y al personal de apoyo asignado al Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza. 

Los artículos fueron publicados los días 18, 19 y 20 de abril de 2022 con los siguientes titulares: “Bajo la mira, sindicato local de Border Patrol”, “Privilegian nepotismo en sindicato de Border Patrol” y “Desbandada masiva en sindicato de la Patrulla Fronteriza”.

Una auditoría periodística posterior de los materiales llevó al Consejo Editorial a concluir que no hay evidencia suficiente para respaldar las acusaciones que hicieron algunos individuos –los acusadores–, contra funcionarios sindicales locales y nacionales anteriores y actuales, que incluyen, entre otros: a los agentes de la Patrulla Fronteriza Brandon Thomas, José Frescas, Conrad García, Danny Candelaria, Wes Farris, Iván Cervantes, Víctor Loya, Carlos Valle, Jesús Juárez, Durango Ayala y John Vanderveen. 

Además, no hay pruebas para fundamentar las denuncias de mala conducta o actividades delictivas señaladas por los acusadores contra Chris Bauder, Carlos Favela, Miguel Favela o Favela Consulting LLC.

Hubo una malversación de fondos del sindicato, conocido como Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), Local 1929. Sin embargo, contrariamente a las acusaciones presentadas a El Diario de El Paso por unos pocos acusadores, el Consejo Editorial se enteró posteriormente que las irregularidades fueron descubiertas por algunos de los oficiales sindicales del Local 1929 quienes fueron acusados indebidamente de actividades ilícitas por los acusadores. Los oficiales del Local 1929 informaron las irregularidades al FBI y a los oficiales del sindicato nacional, quienes ordenaron la auditoría forense detallada correspondiente. 

Una vez finalizada la auditoría forense, los funcionarios sindicales locales y nacionales coordinaron los esfuerzos para solicitar una investigación por parte de las autoridades competentes en el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Trabajo.

Tras una revisión de la información, es claro que los dirigentes sindicales nacionales y locales no estaban involucrados en un encubrimiento como alegan los denunciantes. En cambio, los funcionarios sindicales correspondientes cooperaron con los investigadores federales y cumplieron con las solicitudes de los investigadores de mantener silencio sobre el caso para proteger la integridad del caso y evitar alertar a cualquier persona que pudiera haber estado involucrada en el presunto fraude.

Debido a esos esfuerzos, y después de varios años de investigación por parte de las autoridades federales, Dawn Muñoz fue acusada formalmente por un gran jurado federal el 23 de marzo de 2022. La señora Muñoz se desempeñó como contadora externa para NBPC Local 1929 de 2008 a 2018. Ahora enfrenta cuatro cargos de hacer y suscribir una declaración falsa, nueve cargos de complicidad en la preparación y presentación de una declaración falsa y tres cargos de fraude bancario. En la acusación se incluyeron las supuestas irregularidades que ocurrieron entre 2008 y 2018. La próxima audiencia judicial para Muñoz fue fijada para el 2 de septiembre de 2022, por lo que se mantiene su presunción de inocencia.

Los acusadores afirmaron que el robo hasta el 2018 ascendió a $500 mil y también alegaron que funcionarios anteriores y actuales de NBPC Local 1929 continuaron robando otros $500 mil, pero ambas afirmaciones eran inexactas. Dawn Muñoz fue la única persona acusada por el gran jurado federal. La acusación de que los funcionarios sindicales anteriores y actuales continuaron tomando otros $500 mil parece ser una afirmación completamente infundada que difundieron los acusadores. Además, no hay una obligación tributaria pendiente con el IRS como han alegado los acusadores.

Aparte del caso contra Muñoz, los acusadores hicieron a sabiendas varias declaraciones incorrectas, engañosas, o falsas a El Diario de El Paso, incluidas las acusaciones relacionadas con malversación, corrupción o nepotismo por parte de funcionarios anteriores y actuales, compra ilegal de armas, falsificación de cheques y recibos, gastos injustificados por millaje, comidas y otros gastos comerciales habituales. 

En un caso, los acusadores utilizaron un retiro de efectivo del banco Wells Fargo por un monto de $1,116 para alegar un robo por parte de uno de los ex funcionarios locales. Sin embargo, El Diario de El Paso corroboró después que el efectivo era para un gasto legítimo pagado a un proveedor para un evento de membresía que se llevó a cabo durante el verano.

Los acusadores también atribuyeron falsamente la pérdida de 600 afiliados sindicales a la supuesta malversación de fondos. Aunque el local reconoció una pérdida de miembros, casi 470 se fueron antes de 2018, y podrían estar asociados con una variedad de otras razones: jubilación, ascensos, renuncias, transferencia de empleados a un sector diferente o aceptación de un trabajo federal en otra dependencia. 

De igual forma, no existe evidencia que sustente las afirmaciones de que “varios agentes” tienen reclamos meritorios que “no fueron defendidos” de manera oportuna por el sindicato mientras enfrentaban una supuesta acusación por mala conducta o bajo desempeño en su trabajo.

Aunque los acusadores afirmaron que el Local 1929 fue puesto bajo administración fiduciaria del sindicato para corregir las acusaciones de corrupción y fraude financiero, esas afirmaciones también resultaron falsas, porque las autoridades federales correspondientes ya estaban investigando esos problemas, ya que el sindicato los informó previamente cuando lo descubrieron. 

En cambio, el objetivo principal de la supervisión por el sindicato nacional, como se indica en la carta a los miembros, era restaurar los controles financieros y restablecer el liderazgo que se deterioró mientras Diego Martínez se desempeñaba como presidente del Local.

Tras la publicación, El Diario de El Paso se ha enterado de que las regulaciones federales habrían sido violadas cuando los acusadores divulgaron información personal privada sobre algunos de los funcionarios sindicales anteriores y actuales y al hacer declaraciones falsas públicamente contra la agencia y algunos de sus empleados. Lamentablemente, los acusadores hicieron creer a El Diario de El Paso que tenían derecho a la información que compartieron sobre otros empleados federales nombrados en sus acusaciones.

El Diario de El Paso lamenta la presentación de la serie de notas sobre el tema, y debido a la amplia información falsa proporcionada por los denunciantes, se retracta en su totalidad de lo publicado en esas tres entregas.