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El Paso

Sexo a cambio de alquiler; secuelas de una crisis

El país se ha visto en una situación difícil desde que llegó el Covid-19

Ivanna Leos / El Diario de El Paso

viernes, 29 mayo 2020 | 06:00

Tomada de Internet / Ilustrativo

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La actual crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, ha generado que miles de ciudadanos estadounidenses pierdan sus empleos y, en consecuencia, se vean sometidos a la suspensión de su alquiler debido a la falta de pago. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso analizó el problema y advirtió a la ciudadanía sobre la presencia de actividades ilícitas que los contratistas ejercen sobre los inquilinos ante esta situación; algunas de ellas referentes a ‘favores sexuales’.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI señalaron el miércoles a través de una conferencia vía Skype, los riesgos de la extorsión y el acoso sexual por parte de los propietarios que ‘intentan aprovecharse de los inquilinos’ durante la pandemia de Covid-19, según informaron las autoridades.

En esta ocasión, fue el agente especial de la División de Derechos Civiles del FBI, Eddie Nieto, quien habló al respecto: “El país está pasando por una situación difícil ante la pandemia del Covid-19. Muchos estadounidenses han perdido sus empleos y muchos más han experimentado pérdidas salariales, debido a eso las personas buscan la suspensión de su renta”, dijo.

Además, añadió que ante esta situación los propietarios aprovechan para acosar a los inquilinos y solicitarles actividades ilícitas que tienen consecuencias penales.

“Estas personas exigen solicitudes sexuales no deseadas, favores y otras actividades sexuales a cambio del alquiler de su inquilino, reparaciones del hogar o incluso para retrasar los desalojos”, dijo Nieto.

De acuerdo con un memorándum emitido por el abogado general de Derechos Civiles de Estados Unidos, el 3 de octubre de 2017, la División de Derechos Civiles lanzó la Iniciativa de Acoso Sexual en la Vivienda para combatir el acoso sexual, y desde entonces abrió un número récord de investigaciones de acoso sexual y archivó un número récord de casos.

Recientemente, por ejemplo, el Departamento de Justicia obtuvo 400 mil dólares en daños monetarios en nombre de los antiguos inquilinos y posibles inquilinos de un propietario que fueron sometidos a relaciones sexuales no deseadas, contacto sexual no deseado y ofertas para reducir o eliminar depósitos de seguridad y alquiler a cambio de contacto sexual.

“Tal comportamiento es despreciable y es ilegal. Y el Departamento de Justicia no ha dudado en intervenir cuando ocurre una mala conducta clara. Este comportamiento no es tolerado en tiempos normales, y ciertamente no será tolerado ahora”, añadió Nieto.

Sin embargo, el agente dijo que esta información no es conocida por una totalidad por lo que algunas personas podrían estar sufriendo de este delito sin siquiera saberlo.

“Muchos inquilinos no saben que el acoso sexual por parte de un proveedor de vivienda es ilegal y viola la ley federal”, dijo Nieto.

Por lo tanto, el agente destacó la importancia de esta iniciativa para trabajar con los fiscales federales adjuntos en todo el país para investigar y llevar ante la justicia a cualquier propietario u otra persona que tenga control sobre la vivienda y participe en este tipo de mala conducta, informó el FBI.

Cualquier persona que haya sido víctima de acoso sexual u otras formas de extorsión por parte de funcionarios de vivienda debe informar el incidente al FBI y al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia alertará al FBI del informe y los agentes comenzarán a investigar el caso. Si una persona está en peligro inmediato se le insta a llamar al 911.

El agente Nieto dijo que algunas pruebas que las víctimas pueden presentar ante la Policía incluyen mensajes de texto, correos electrónicos o correos de voz recibidos por el autor. Además, es importante proporcionar los nombres y la información de contacto de los testigos que vieron el acoso sexual o el intento de extorsión.

Los propietarios o cualquier empleado de vivienda que intente acosar sexualmente a un inquilino podrían enfrentar cargos de interferencia criminal con el derecho a una vivienda justa y violar actividades protegidas por el Gobierno federal, dijo Nieto.

Ambos cargos tienen una sentencia de un año en prisión. Sin embargo, si las acciones conducen a la lesión de una persona, la sentencia puede ser de hasta 10 años.

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