Saturará cárceles la ley SB4: Sheriff

La inminente entrada en vigor de la nueva Ley SB4, aprobada en ambas cámaras estatales por la mayoría republicana en Texas, la cual permitirá a las agencias policiacas estatales y locales arrestar a presuntos inmigrantes indocumentados, ha generado preocupación entre la comunidad, en especial en el titular de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, Richard Wiles, quien teme que con los arrestos se dé una sobrepoblación en las cárceles que administra.


En conferencia de prensa en el Centro de Detención del Condado de El Paso, el jefe Wiles, dijo que el Condado está en el proceso de actualizar algunos sistemas de infraestructura en la cárcel, situada en 601 E. Overland, en la zona Centro, en donde fueron cerrados tres pisos para su reparación.


El edificio de la cárcel tiene la capacidad de 1000 camas, pero con la remodelación 300 están en desuso, dijo el funcionario al enfatizar que un posible incremento de prisioneros podría afectar las operaciones de la prisión, aunque aseguró que se tiene el personal suficiente.

Al referirse a la nueva ley dijo: “Esta ley es el resultado de la frustración de los problemas de migración existentes, los cuales parecen estar entre nuestra comunidad, en la capital del estado y en Washington”.

Refirió que este tema es y ha sido abordado durante años y ha quedado claro que es el Gobierno federal el responsable de proteger la frontera.


Tras pronunciarse por que se elabore un proyecto de ley de reforma migratoria, recordó que hace años Texas aprobó una ley de discriminación racial y su oficina no vio problemas importantes por lo que ahora no cree que la ley SB4 afecte a la oficina del Sheriff ni la forma en que los agentes patrullan.


“No somos una agencia de migración, somos una agencia del alguacil que protege y atiende los incidentes y crímenes que se generan a diario en el condado”, expresó al asegurar que aún desconocen el impacto real de la ley.

Según Wiles, le molesta el por qué están trasladando el costo de una cuestión federal a los contribuyentes locales, y apuntó: “El costo debería ser pagado por todos los contribuyentes de este país, no sólo por nosotros que vivimos a lo largo de la frontera”.

Lo anterior al preguntarse el por qué los paseños deberían tener que pagar la factura cuando debería ser pagada por todos los contribuyentes del país. El tener más carga para el Condado podría generar un aumento de impuestos, dijo al señalar que cada preso le cuesta al Condado 120 dólares diarios.

Aunque las autoridades no tienen la intención de realizar una cacería en contra de la comunidad inmigrante, sí se espera que haya un repunte de detenciones de las personas que son detenidas por diversas faltas y no cuentan con su documentación legal para permanecer en el país.

No obstante y tras mostrar su inconformidad y rechazo por la nueva ley, consideró que esta ley, una vez firmada por el gobernador de Texas Greg Abbott, no afectará la operatividad de los alguaciles. “La prioridad de nuestros agentes es vigilar y servir a la comunidad”, aseguró.

“No creo que vaya a afectar la forma en que hacemos nuestro trabajo. No afectará a nuestros oficiales en su patrullaje cuando tengan encuentros con inmigrantes indocumentados”, agregó al resaltar que en el caso de toparse con un inmigrante indocumentado se referirá a la Patrulla Fronteriza con quienes se tiene una buena relación.


Explicó que el Proyecto de Ley Senatorial 4 tipificó como delito menor cruzar ilegalmente la frontera de México a Texas así como que les da facultades a los agentes del orden público de Texas para arrestar a inmigrantes indocumentados y posteriormente requerirá una orden de un juez estatal para salir de Estados Unidos.

Explicó que actualmente entre las cárceles locales, la del Centro y el Anexo, ubicado en el 12501 E. Montana, tienen el mayor número de reclusos estatales que jamás hayan tenido con un retraso en sus procesos.

“Se podría decir que en parte puede haber sido por la pandemia del Covid-19, en parte puede haber sido por un fracaso en la Oficina del Fiscal de Distrito antes de Hicks y ahora están tratando de ponerse al día”, detalló Wiles al asegurar que al momento se está casi al límite de sus capacidades.

Por otra parte dijo que el tener reclusos federales les da cierta flexibilidad. “Si vemos que un gran número de personas están siendo registradas bajo esa nueva ley, podemos reducir nuestra población federal y llenar esas camas. Los reclusos estatales son nuestra primera responsabilidad”, apuntó Wiles.

En la rueda de prensa manifestó que la cobertura de vigilancia a la población, asentada en los diferentes sectores de la ciudad, se atiende con el patrullaje de los cerca de mil 100 oficiales, divididos en tres turnos. El resto del personal se encuentra en el área de investigación, oficinas, administración y programas comunitarios. 

Otra de las preocupaciones es que con esta ley la población pierda confianza en sus autoridades, pero eso, dijo, no va a ocurrir. “Ha requerido una gran cantidad de tiempo, energía y finanzas para construir esa relación. Lo peor que podría pasar es que piensen en más oficiales de inmigración… cuando se pierde la confianza y los ciudadanos no están trabajando con nosotros, no podemos volver a hacerlo”, añadió.

Indicó que si bien no puede prohibir a los agentes cumplir la ley sí puede evitar que se arreste a las personas por su raza, edad o forma de vestir. “Voy a parar eso porque eso es ilegal”.

Empero, si un oficial detiene a alguien y sospecha que es indocumentado, lo entregará a las autoridades federales ya que además de estar ocupados con otras responsabilidades no tienen la capacitación ni el tiempo para manejar la ley federal de inmigración.  

jtorres@diariousa.com