El Paso

Recortó Trump comida, supervisión y atención médica a migrantes

Investigación revela cómo la consultoría McKinsey apoyó a que administración aplicara fuertes políticas migratorias

Ian MacDougall / The New York Times

viernes, 06 diciembre 2019 | 06:00

A tan solo unos días de haber tomado posesión, el presidente estadounidense Donald Trump se dispuso a cumplir su compromiso de campaña de frenar la inmigración ilegal. En unos cuantos decretos presidenciales, ordenó que se trasladaran “todos los recursos legalmente disponibles” a los centros de detención fronterizos, y propuso contratar a 10 mil nuevos funcionarios de inmigración.

Los desafíos logísticos eran desalentadores, pero, por suerte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya contaba con un socio en su nómina: McKinsey & Co., una empresa internacional de consultoría que fue contratada durante el gobierno de Obama para ayudar a estructurar una “transformación organizacional” en la división del ICE encargada de deportar a los migrantes que residen de manera ilegal en Estados Unidos.

Pronto, el ICE reorientó a McKinsey para que ayudara a que la agencia determine cómo aplicar las drásticas medidas de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal.

Sin embargo, las recomendaciones para ahorrar dinero que propusieron los consultores incomodaron a algunos trabajadores de carrera del ICE. Según la gente entrevistada que trabajaba en este proyecto tanto para el ICE como para McKinsey y según mil 500 páginas de documentos de la agencia que se obtuvieron después de que ProPublica presentó una demanda basada en la Ley por la Libertad de la Información, estas recomendaciones proponían recortes al gasto en comida para los migrantes, así como en atención médica y supervisión de los detenidos.

El equipo de McKinsey también buscó maneras de acelerar el proceso de deportación, lo que preocupó a los miembros del personal del ICE por la posibilidad de que esas recomendaciones afectaran el derecho al debido proceso que tienen los migrantes en peligro de deportación de Estados Unidos. Según tres personas que trabajaban en el proyecto, parecía que a los consultores solo les interesaba recortar los gastos y agilizar las deportaciones, medidas cuyo éxito podía medirse en cifras y no les importaba mucho que estas políticas afectaran a miles de seres humanos.

En lo que un antiguo funcionario describió como “reuniones acaloradas” con los consultores de McKinsey, los miembros del personal de la agencia cuestionaron si ahorrar algo de dinero en comida y atención médica para los detenidos justificaba el posible costo de vidas humanas.

Pero el poder de la empresa consultora sobre el ICE aumentó tanto que el personal de McKinsey redactó de manera anónima un documento de contratación gubernamental que definía las propias responsabilidades del equipo consultor y justificaba la permanencia de la empresa, una extensión de contrato de 2.2 millones de dólares. “¿Pueden hacer esto?”, le escribió en mayo de 2017 un funcionario del ICE a un oficial de contrataciones.

La respuesta refleja lo mucho que el ICE ha llegado a confiar en la ayuda de McKinsey. “Bueno, es evidente que lo ideal no es que un proveedor nos diga lo que queremos pedirle que haga”, respondió el funcionario de contrataciones. Pero, a menos que alguien del Gobierno pudiera estructurar los objetivos de la agencia, añadió el funcionario, “¿qué otra opción hay?”, así que el ICE extendió el contrato.

El año pasado, The New York Times informó que, al final, McKinsey ganó más de 20 millones de dólares por su trabajo de consultoría para el ICE, es decir, por su participación en una de las iniciativas más controvertidas del Gobierno de Trump que causó inquietud entre algunos de los empleados y antiguos socios de McKinsey.

El socio de administración global de la empresa, Kevin Sneader, les aseguró en un correo electrónico de 2018 que la empresa nunca se había concentrado en desarrollar, recomendar ni implementar políticas de inmigración. Dijo que McKinsey “bajo ninguna circunstancia se involucrará en ningún lugar del mundo en trabajos que promuevan o apoyen políticas que no vayan de acuerdo con nuestros valores”.

No obstante, los nuevos documentos y entrevistas revelan que la empresa estaba muy comprometida con el diseño de políticas fundamentales para la represión migratoria del gobierno de Trump. Las recomendaciones de McKinsey sobre los recortes de gastos fueron demasiado lejos para algunos empleados de carrera del ICE, y muchas de las propuestas nunca se cumplieron.

McKinsey ha enfrentado un escrutinio cada vez mayor en los últimos dos años debido a que The Times, ProPublica y otros han cuestionado si la empresa ha rebasado los límites éticos y legales en busca de rentabilidad. La consultoría devolvió millones de dólares en honorarios luego de que las autoridades sudafricanas la implicaran en una maquinación para obtener ganancias excesivas.

La revelación de haber asesorado a productores de opiáceos para impulsar sus ventas dio pie a que la empresa, que por lo general es hermética, declarara públicamente que había terminado su trabajo en el ámbito de los opiáceos.

close
search