Rechazan remover a juez del caso Crusius

Un juez administrativo del Condado de Bexar dictaminó el martes que el caso del tiroteo en Walmart puede permanecer en la Corte 409 de Distrito, que preside el juez Sam Medrano Jr., después de que la Fiscalía de Distrito solicitó que lo sacaran del caso.

El juez Sid Harle, de la Cuarta Región Judicial Administrativa de Texas, emitió el fallo el martes después de escuchar cuatro horas de testimonio sobre la supuesta hostilidad y parcialidad de Medrano contra la fiscal de Distrito de El Paso, Yvonne Rosales.

“Bajo el estado de la evidencia y los argumentos, voy a denegar la moción de recusación”, dijo Harle, y agregó que la mayoría de los asuntos planteados durante el testimonio “no alcanzan el nivel de descalificación o recusación bajo ese alto umbral”.

El caso estatal del tiroteo en Walmart ha estado en pausa desde que los fiscales presentaron su moción de destitución el 9 de septiembre. Como resultado del fallo del martes, todas las mociones pendientes en el caso ahora se pueden escuchar en una fecha de audiencia futura.

Gran parte del testimonio ante Harle se centró en una audiencia del 1 de julio, durante la cual Medrano emitió una orden de mordaza que prohibía a todas las partes involucradas –el juez, los fiscales, los abogados defensores y los testigos, que incluyen a algunas de las víctimas y sus familias– hablar en público sobre el caso.

El asistente del fiscal de Distrito Curtis Cox dijo que Medrano mostró “animosidad personal y oposición política” a la fiscal de Distrito, además de “trato desigual por motivos de género”.

Medrano no estuvo presente el martes.

Mark Stevens, uno de los abogados que representan al tirador de Walmart, acusó la Fiscalía de Distrito de haber “improvisado cuatro no-eventos, ninguno de los cuales justificaría la remoción, solo o en conjunto. Y hoy, continuaron improvisando apresuradamente, improvisando e improvisando e improvisando”.

Stevens se refirió a la orden de mordaza y una posible violación de esa orden, así como al comportamiento del juez el 1 de julio y la solicitud previa del juez de que la Fiscalía cambiara a los fiscales que fueron asignados a su corte.

Los abogados defensores, en sus interrogatorios y documentos judiciales, afirman que Rosales y su personal buscaron la descalificación del juez en un intento de retrasar y “desbaratar” una audiencia del 13 de septiembre para evitar que saliera a la luz “información perjudicial”. Esa audiencia tenía como objetivo determinar si los familiares de una víctima del tiroteo violaron la orden de mordaza a través de correos electrónicos que supuestamente enviaron a los medios locales, uno de los cuales criticó a Medrano.

La Fiscalía, Stevens, dijo, “estaba desesperada por evitar que esa información saliera a la luz”.

Roger Rodríguez y su papel

Sin embargo, parte de esa información se reveló el martes durante el interrogatorio de Stevens a Rosales y a través del testimonio de John Briggs, un fiscal de mucho tiempo asignado al caso de Walmart que fue despedido el 21 de agosto.

Briggs testificó que inmediatamente después de la audiencia del 1 de julio, Roger Rodríguez, un abogado privado y juez municipal de Vinton, les dijo a las víctimas del tiroteo y a sus familias que la orden de silencio de Medrano era “poco ética e inapropiada” y que “vamos a conseguir que el juez sea removido”. Rodríguez dijo además a las víctimas que había conseguido que al menos 12 jueces fueran removidos y los alentó a presentar quejas ante la Comisión de Conducta Judicial de Texas, agregó Briggs.

El fiscal de Distrito, dijo Briggs, no se opuso a nada de esto. Más bien, dijo que fue él quien interrumpió a Rodríguez y les dijo a las víctimas que “nunca conseguiríamos que el juez fuera destituido en base a lo que había sucedido allí (en la sala del tribunal), y que no íbamos a andar presentando quejas frívolas”.

Rosales testificó que Rodríguez “sólo estaba corrigiendo” la afirmación de Briggs de que “no se podía hacer nada para destituir al juez” y que las víctimas “no deberían empujar al oso”. Dijo que no recordaba que Rodríguez dijera que la orden de mordaza no era ética, calificándola de “una declaración tan audaz” que claramente la recordaría.

Por qué Rodríguez estuvo presente en la audiencia de julio no quedó inmediatamente claro en el testimonio del martes. Rodríguez no es empleado de la Fiscalía.

Briggs describió al juez municipal como el “asesor legal de Rosales”. Rosales testificó que Rodríguez la representa en una demanda federal que, según dijo, se presentó contra los fiscales de Distrito del estado y el gobernador.

Stevens le preguntó repetidamente a Rosales si su oficina había compartido evidencia con Rodríguez sobre el caso de Walmart y si Rodríguez participó en la moción de destitución. Ella refutó ambas líneas de interrogatorio.

Rodríguez no fue llamado como testigo y no apareció en cámara durante la audiencia de Zoom. Sin embargo, en un momento, el abogado defensor Félix Valenzuela señaló que creía haber escuchado la voz de Rodríguez y le preguntó a Cox si el abogado privado estaba realmente presente. Cox dijo que Rodríguez no lo estaba.

Correos electrónicos de los Hoffmann

Briggs también testificó que cuatro días antes de ser despedido, informó a Cox de su creencia de que Rodríguez estaba detrás de los correos electrónicos que los hijos y la viuda de la víctima del tiroteo, Alexander Gerhard Hoffmann Roth, enviaron a los medios de comunicación a raíz del tercer aniversario del tiroteo.

“Le dije que los correos electrónicos parecían provenir de nuestra oficina y, según el contenido de esos correos electrónicos, Roger Rodríguez era el autor de esos correos electrónicos”, testificó Briggs.

Rosales testificó que Briggs fue despedido como resultado de su desempeño deficiente en el manejo del caso del tiroteo en Walmart, y ella lo culpó por no realizar ninguna presentación desde que se le asignó el caso.

Medrano nombró al abogado defensor Justin Underwood para representar a la familia Hoffmann en la audiencia del 13 de septiembre para determinar si sus correos electrónicos violaron la orden de mordaza. En documentos judiciales, los fiscales acusan al juez de usar a Underwood, a quien llaman un “crítico conocido” de Rosales, para realizar “una investigación extrajudicial” de los correos electrónicos. Rosales también acusó a Underwood de ser parte de una conspiración para destituirla de su cargo.

Los fiscales le dijeron previamente a Medrano que no habían podido contactar a la familia, que vive en Ciudad Juárez.

Stevens, sin embargo, durante su interrogatorio al fiscal de Distrito, indicó que Rodríguez se reunió con el hijo de Hoffmann y su viuda el 3 de agosto en el hotel Stanton House de El Paso. Eso siguió a dos llamadas telefónicas que les hizo Rodríguez, dijo Stevens.

Rosales negó tener conocimiento de esas llamadas ni de esa reunión. “Ni siquiera sé si esas conversaciones tuvieron lugar”, dijo.

Underwood había citado a Briggs, Rosales y Rodríguez para obtener su testimonio en la audiencia del 13 de septiembre.

Rosa María Valdez García, la viuda de la víctima, fue detenida brevemente en la frontera antes de esa audiencia, reveló Cox el martes, y dijo que está siendo investigada por fraude por parte del Gobierno mexicano, el Departamento de Estado de EU y el estado de Texas.

Underwood, hablando en nombre de Valdez García después de la audiencia del martes, le dijo a El Paso Matters que desconocía cualquier cambio en contra de su cliente y dijo que es el único abogado que representa actualmente a la familia Hoffmann.

Stevens, en su alegato final, acusó a Cox de no presentar ninguna prueba para demostrar que Underwood es un “agente” del juez.

“Todavía no ha habido audiencia”, dijo Stevens. “¿Cómo sabemos lo que hará Underwood? ¿Cómo sabemos lo que va a permitir el juez Medrano?”.

Hasta el martes por la tarde, Medrano no había fijado ninguna fecha de audiencia futura en el caso.