¿Qué le depara a la fiscal de Distrito?

La fiscal de Distrito de El Paso (DA), Yvonne Rosales, anunció su renuncia el lunes, a partir del 14 de diciembre. Las audiencias del miércoles y jueves revelaron inquietantes acusaciones de irregularidades por parte de Rosales y sus asociados. La pregunta clave es qué viene después, y las respuestas son turbias.

La audiencia fue técnicamente una conferencia de estatus en el caso de asesinato capital del hombre acusado de matar a 23 personas y herir a otras 22 en un tiroteo masivo en 2019 en un Walmart de El Paso. Pero ese crimen rara vez se discutió. En cambio, la atención se centró en las acciones de Rosales y sus asociados, particularmente en lo que respecta al trato que dieron a la familia de Alexander Gerhard Hoffmann Roth, uno de los asesinados en Walmart.

El trasfondo de todo esto es complicado, pero aquí hay un resumen:

El juez de Distrito Sam Medrano, frustrado por lo que llamó “grandilocuencia” de Rosales, emitió una orden de mordaza el 1 de julio que impedía que las partes (abogados y posibles testigos) hicieran comentarios a los medios sobre el caso.

El 4 de agosto, se envió un correo electrónico a 31 periodistas de El Paso criticando a Medrano y Amanda Enríquez, una ex fiscal del caso que había sido entrevistada por KVIA Canal 7 el día anterior, en el tercer aniversario del tiroteo masivo. El correo electrónico procedía de la cuenta de la viuda de Hoffmann, Rosa María Valdez García, y estaba firmado por su hijo, también llamado Alexander. Debido a que la fiscal de Distrito incluyó a la familia Hoffmann como posibles testigos en el caso, el correo electrónico enviado a los medios podría ser una violación de la orden de mordaza.

Pero KTSM Canal 9 planteó dudas sobre si el correo electrónico provenía de la familia Hoffmann. Medrano nombró al abogado de El Paso, Justin Underwood, para representar a la familia como parte de un esfuerzo por determinar si se violó la orden de mordaza. 

En octubre, Underwood entregó a la Corte un informe explosivo que alegaba que el correo electrónico fue creado por el abogado personal de Rosales, Roger Rodríguez. El informe dijo que el correo electrónico era parte de una campaña más amplia para apuntar a los “enemigos” de Rosales. (El Paso Matters y su fundador, Robert Moore, estaban entre los presuntos objetivos del informe).

Lo más importante es que el informe reveló que la familia Hoffmann había grabado tres conversaciones con Rodríguez, en las que se jactaba de tener francotiradores en todas partes y juraba que los enemigos de Rosales estaban a punto de sufrir “golpes” y “golpes”.

Medrano intentó repetidamente programar audiencias en el correo electrónico, pero se retrasaron por acciones legales de Rosales. Programó una audiencia para el 30 de noviembre y ordenó que asistieran Rosales y el asistente del fiscal de Distrito Curtis Cox, quien había estado al frente de la acusación de Walmart. 

Cox, quien renunció dos semanas antes, se presentó a la audiencia con tres horas de retraso, luego hizo valer sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder preguntas. Rosales no se presentó, por lo que Medrano emitió otra orden para que ella compareciera el jueves, y finalmente lo hizo. Ella también tomó la Quinta Enmienda.

Otros testigos declararon en la audiencia, principalmente Thomas Hoffmann, el hijo de Alexander Hoffmann, quien grabó a Rodríguez. Además, a los abogados del pistolero acusado en el caso de Walmart se les permitió leer en el expediente una serie de preguntas que le habrían hecho a Rosales y Cox si no hubieran hecho valer sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

¿Cuáles son los riesgos legales para Rosales y otros?

En resumen, potencialmente graves. El testimonio y las preguntas que ingresaron al expediente formularon acusaciones de que Rosales, Cox y Rodríguez participaron en una conspiración para usar a la familia Hoffmann para desacreditar a los “enemigos”, incluido Medrano, el juez del caso, y luego trataron de intimidar a la familia cuando comenzaron a hacer preguntas.

Entre las acusaciones más graves: la Fiscalía envió correos electrónicos a funcionarios federales que llevaron a la revocación de las credenciales de los Hoffmann necesarias para cruzar la frontera. Esto supuestamente se hizo para evitar que la familia, residente en Juárez, ingresara a los Estados Unidos para testificar en las audiencias programadas por Medrano. 

Los abogados defensores del acusado en el tiroteo de Walmart hicieron las alegaciones en las preguntas que querían hacerle a Rosales y Cox, pero ellos no han ingresado los supuestos correos electrónicos como evidencia.

Underwood dijo anteriormente que Valdez, la viuda de Hoffmann, fue detenida durante siete horas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando trató de cruzar la frontera para reunirse con él en septiembre. Su pase Sentri, que permite cruzar la frontera con mayor facilidad, fue revocado. CBP se ha negado a comentar sobre su detención y la revocación de su credencial de cruce.

Las grabaciones de Thomas Hoffmann fueron entregadas al FBI, dijo Underwood, pero la agencia generalmente no discute si está investigando o no posibles delitos.

¿Qué tan involucrada estuvo Rosales?

La evidencia de la participación de Rosales en los tratos de Rodríguez con los Hoffmann es “circunstancial”, dijo Joe Spencer, uno de los abogados que representan al pistolero acusado, al final de la audiencia del jueves. Pero dijo que la evidencia circunstancial puede ser convincente.

Durante las audiencias de esta semana, Underwood y el equipo de defensa señalaron repetidamente que los 31 destinatarios del correo electrónico del 4 de agosto también estaban en la lista de distribución de medios que mantiene la Fiscalía de Distrito. La base de ese reclamo es una investigación realizada por El Paso Matters, que utilizó las leyes de registros públicos para obtener la lista de distribución de medios de la fiscal. La oficina de Rosales se resistió a hacer pública la lista hasta que la Oficina del Fiscal General de Texas le ordenó hacerlo.

¿Qué sucede con el juicio por tiroteo en Walmart?

Es importante recordar que el pistolero acusado enfrenta dos posibles juicios. Uno sería en un tribunal federal, el otro en un tribunal estatal, ambos en El Paso.

El Gobierno federal ha acusado al presunto pistolero de cometer delitos de odio. Esos cargos conllevan una posible pena de muerte, y los fiscales federales deben decidir antes del 17 de enero de 2023 si buscarán la pena de muerte si el sospechoso es condenado. Esa decisión la tomará el Departamento de Justicia, que actualmente ha impuesto una moratoria a las ejecuciones de personas que enfrentan sentencias federales de muerte.

El presidente Joe Biden ha dicho que apoyaría la legislación para poner fin en el ámbito federal a la pena de muerte. Pero el Departamento de Justicia anunció en septiembre que buscaría la pena de muerte en un caso de Nueva York.

El juicio federal está programado actualmente para enero de 2024.

Aún no se ha fijado una fecha para el juicio por los cargos estatales de asesinato capital.

Es posible que si el pistolero acusado recibe una sentencia de muerte por los cargos federales, nunca se lleve a cabo un juicio estatal.

¿Quién reemplaza a Rosales?

Esa decisión depende del gobernador Greg Abbott, quien aceptó la renuncia de Rosales el viernes. Su oficina no ha hecho ninguna declaración pública sobre el proceso o los posibles candidatos. Pero las citas previas de Abbott ofrecen algunas pistas.

El gobernador también tiene la autoridad para nombrar jueces de Corte de Distrito cuando la persona elegida para el cargo deje vacante el cargo. Abbott y su predecesor, Rick Perry, hicieron varios nombramientos para puestos judiciales vacantes en el Condado de El Paso. En su mayoría, nominaron a un compañero republicano, a pesar de que el titular del cargo electo al que reemplazarían era un demócrata.

Rosales, como todos los fiscales de Distrito de El Paso antes que ella, fue elegida demócrata.

El nombre de una posible persona designada que se menciona de manera más destacada en los círculos legales de El Paso es el abogado Bill Hicks. Trabajó como asistente del fiscal de Distrito en El Paso desde 1998 hasta 2010, cuando Perry lo nombró para ocupar una vacante como juez del Tribunal de Distrito 243. Sirvió hasta 2012, cuando se postuló para un escaño como republicano y recibió sólo el 35% de los votos contra el demócrata Luis Aguilar. Hicks ha estado en la práctica privada desde fines de 2012.

Hicks estaba en el pasillo afuera de la Corte de Distrito 409 cuando terminó la audiencia de Medrano el miércoles. Cuando los periodistas le preguntaron si era candidato para el nombramiento de fiscal de Distrito, Hicks se negó a comentar.

Otra posibilidad sería el representante estatal Joe Moody, ex asistente del fiscal de Distrito y ha dicho que podría postularse para fiscal de Distrito en 2024. Moody es demócrata, lo que rompería con la práctica habitual de nombramiento de Abbott. Pero Moody y Abbott comparten el apoyo de varios grandes donantes de la comunidad empresarial de El Paso.