El Paso

Puerto Rico: Arrestan a funcionaria por fraude tras huracanes María e Irma

Administradora favoreció a compañía de electricidad para otorgar contratos ascendentes a $1.8 billones

Associated Press

miércoles, 11 septiembre 2019 | 06:00

Archivo | Ahsha Tribble, ex administradora de FEMA

San Juan– Una funcionaria de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue arrestada por las autoridades federales junto al presidente de COBRA, compañía contratada para reparar el sistema eléctrico en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017.

La jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó el martes en conferencia de prensa del arresto de Ahsha Tribble y Donald Keith Ellison.

Tribble, quien servía como el contacto entre FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante la recuperación, presuntamente influyó para que se otorgaran trabajos a COBRA a cambio de beneficios para ella y para Jovanda Patterson, también arrestada ayer. Según el señalamiento, COBRA habría recibido mil 800 millones de dólares en contratos para la recuperación de la red eléctrica en la Isla.

Tribble fue arrestada el lunes en Florida. Había llegado a Puerto Rico empleada por FEMA para trabajar con la emergencia tras el paso de los dos huracanes. 

Para entonces era administradora regional adjunta de la región dos de FEMA en Nueva York. Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 fue líder en el área de energía e infraestructura para Puerto Rico y trabajó como gerente de recuperación de desastre.

Ellison, arrestado ayer en Oklahoma, es el presidente de COBRA. Patterson, quien era la jefa de personal en FEMA, fue arrestada en California.

Rodríguez explicó detalladamente el esquema utilizado para empujar a que la AEE le diera trabajos a COBRA, aun cuando los empleados de la corporación pública podían hacer el trabajo.

La acusación detalla que COBRA llegó a Puerto Rico de la mano de una persona que Rodríguez se negó a identificar. Estas acusaciones fueron presentadas ante un gran jurado federal el pasado 3 de junio. 

El pliego acusatorio tiene 15 cargos contra los acusados que, de ser encontrados culpables, podrían estar más de 30 años en cárcel. Los cargos incluyen conspiración de soborno contra un oficial público, declaraciones falsas, fraude con fondos de recuperación, entre otros

Según explicó la jefa de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Tribble y Ellison comenzaron una relación personal en la que el ejecutivo le hizo varios regalos a la funcionaria a cambio de información sobre el funcionamiento de la AEE y los contratos pendientes. Tribble además abogaba por los intereses de la empresa contratada por el Gobierno federal y cuyo contrato FEMA luego reembolsaba. A cambio de estas ayudas, Ellison le consiguió trabajo a Patterson en COBRA por un salario mucho mayor del que ganaba en FEMA. 

Los beneficios que recibió Tribble a cambio de cabildear a favor de Cobra incluyen pasajes aéreos en primera clase de San Juan a Nueva York, servicios de seguridad personal de noviembre a diciembre de 2018, pasajes ida y vuelta de Washington a Carolina del Norte, acceso a una tarjeta de crédito y a un apartamento en San Juan, además de trabajo para Patterson.

Patterson, en tanto, era empleada de FEMA y participó en los procesos de licitación de contratos de COBRA mientras negociaba su empleo con COBRA. De acuerdo con las autoridades federales, Patterson ideó un plan para defraudar a Cobra Energy al decir que su salario en FEMA era mayor al que recibía. Así, logró que le ofrecieran un salario de 160 mil dólares anuales, además de un bono.

“Estas personas llegaron a Puerto Rico para ayudar con la recuperación por la devastación de María. Sin embargo, decidieron aprovecharse de las precarias condiciones que había y se involucraron en un sistema de fraude para enriquecerse a costa de nuestro sufrimiento”, dijo Rodríguez. “Se aprovecharon de uno de los momentos más vulnerables en la historia moderna de Puerto Rico para enriquecerse a costa del Gobierno”.

Estos arrestos estuvieron a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y, según se informó, fueron hechos con apoyo del Negociado Federal de Investigaciones.

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