Diario
El Paso
viernes, 12 julio 2019 | 06:00
Después de estar detenida en un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza durante más de siete semanas, una joven centroamericana finalmente pudo decirle al juez de inmigración Nathan Herbert la parte más angustiosa de su viaje a Estados Unidos.
“Me separaron de mi hija. Necesito estar con ella”, le dijo a Herbert la mujer que había solicitado asilo. “Nunca he estado separada de ella”.
Más tarde, otra mujer solicitante de asilo le preguntó a Herbert si la enviarían de regreso a México de la misma manera que otros miles han estado bajo un programa llamado Protocolos de Protección para Migrantes (MPP).
La respuesta de Herbert para ambas: “Esa decisión no es mía”.
Más de tres meses después de que el programa MPP se expandiera para incluir la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, la confusión sobre el programa aún domina los procedimientos en la Corte federal de inmigración. Y los abogados y defensores dijeron que la confusión ha empeorado esta semana después de que el Gobierno pusiera fin a las herramientas principales que había utilizado para ayudar a los migrantes a navegar por un sistema judicial complejo.
A fines de junio, el Departamento de Justicia federal dejó de permitir que los abogados o grupos de derechos de los inmigrantes brinden sesiones informativas de "conocer sus derechos" a los solicitantes de asilo antes de sus audiencias judiciales iniciales. Los seminarios cortos incluyeron descripciones generales de los procesos de asilo y expulsión, así como otros temas, como el programa MPP.
Luego, a principios de esta semana, el departamento prohibió que los activistas conocidos como “amigos de la Corte” asistan al juez y a los solicitantes de asilo durante las audiencias, dijo la abogada migratoria Taylor Levy el lunes a The Texas Tribune. Los abogados dicen que el programa del amigo del tribunal era esencial para ayudar a los solicitantes de asilo que no habían encontrado o no podían pagar una representación legal para entender mejor el proceso de asilo.
Los amigos de la corte pueden ser abogados u otras personas; están autorizados para hacer cosas como explicar los procedimientos judiciales, ayudar a traducir a los migrantes que no hablan inglés y transmitir información relevante al juez.
Levy, que representa a uno de los migrantes en su caso de separación familiar pero no en sus procedimientos de asilo, dijo que la medida hace que el programa MPP sea más conflictivo.
“Realmente siento que el MPP no puede empeorar mucho, pero eso es lo que está pasando”, dijo.
El lunes, Mike Breen, el presidente de Human Rights First, un grupo de defensa independiente y sin fines de lucro, se encontraba en la sala de audiencias como observador y dijo que el caos era evidente.
“Es bastante claro que estas personas no han sido informadas de sus derechos”, dijo. “La confusión en la sala del tribunal es palpable. Creo que el miedo en la sala del tribunal es igualmente palpable”.
Levy y otros observadores han dicho que Herbert, quien fue designado como juez hace menos de un año, es justo y está haciendo todo lo que puede debido a que la acumulación de casos sigue creciendo y se ve obligado a guiar a los migrantes a través del proceso ahora que los amigos de la corte fueron prohibidos.
“Los recursos que se han dedicado al sistema de adjudicación se han reducido de manera constante, por lo que hay un gran atraso de personas esperando su día en la Corte”, dijo Breen.
Hasta mayo, más de 908 mil 500 casos están pendientes en los tribunales de inmigración del país, incluidos más de 132 mil 200 en Texas, que tiene el segundo mayor atraso en el país, después de los 161 mil 281 de California.
Los funcionarios de la Corte de inmigración de El Paso hicieron preguntas sobre los cambios en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Un portavoz dijo que la oficina no podría cumplir con la fecha límite del Tribune para hacer comentarios.
Levy dijo que el personal de la Corte de El Paso le dijo que el programa de amigos de la Corte fue suspendido debido a los litigios en curso que rodean al MPP. Un juez federal de California bloqueó temporalmente el programa el 8 de abril, pero posteriormente un panel de tres jueces del Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito federal frenó temporalmente mientras se resuelve el caso.
“Nos dijeron que somos terceras personas y no se nos permite servir como amigos de la corte porque somos una tercera parte”, dijo.
Levy agregó que el razonamiento del Gobierno para eliminar las reuniones informativas sobre el conocimiento de sus derechos fue que los solicitantes de asilo están técnicamente en detención federal, y sólo sus abogados pueden hablar con ellos mientras están bajo custodia.
Dijo que detener las reuniones informativas podría violar la Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza a las personas el acceso a un abogado y el conocimiento de los cargos en su contra, entre otras cosas. Levy dijo que, en circunstancias normales, se le permitiría hablar con una persona bajo custodia para determinar su capacidad para ayudar en un caso.
"Puedo ir a cualquiera de las cárceles o centros de detención en el país [ahora], y puedo entrar y hablar con posibles clientes", dijo.
Pero Levy dijo que le dijeron que si los abogados quieren entrevistar a los solicitantes de asilo para ver a quiénes querían representar, tienen que hacerlo en México.