El Paso

‘Perdidos’, padres de 545 niños migrantes

Activistas exigen respuesta de autoridades a programa que inició aquí

The Washington Post

Sabrina Zuniga / El Diario de El Paso

jueves, 22 octubre 2020 | 06:00

Abogados migratorios designados por la Corte Federal informaron que no han podido encontrar a los padres de 545 niños que fueron separados en la frontera de Estados Unidos con México a principios de la administración de Donald Trump.

Los menores fueron separados entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando un juez federal ordenó que los niños bajo custodia del Gobierno se reunieran con sus padres.

Aunque muchas familias fueron reunidas después por orden judicial, autoridades descubrieron más tarde que hasta mil 556 niños fueron separados según la política que se remonta al verano de 2017, incluidos cientos durante ‘un programa piloto inicial’ de separación familiar en El Paso, de julio a noviembre de 2017, mismo que, de acuerdo con la acusación, no se dio a conocer públicamente en ese momento.

En El Paso, la noticia circuló por redes sociales, en donde organizaciones civiles y abogados locales expresaron que la separación familiar ocurría en esta urbe fronteriza incluso antes de que Trump tomara la silla en la Casa Blanca.

“Las organizaciones sin fines de lucro locales y la Oficina Federal de Defensores Públicos hicieron cargos durante el programa piloto. Esto era nuevo, sin precedentes y sin previo aviso. Tomó tiempo reconocerlo y tiempo para desarrollar la estrategia”, escribió Taylor Levy, abogada paseña.

Uno de los principales señalamientos fue a las organizaciones civiles locales, al cuestionar en redes sociales si estaban al tanto entonces de la situación.

Levy, quien defendió a decenas de familias auspiciadas por Casa Anunciación durante los meses de la crisis migratoria, dijo que aquellos padres separados de sus hijos por lo general estaban siendo procesados por un delito menor de entrada ilegal, lo que significa que los defensores públicos generalmente ni siquiera estaban representando sus casos. “Los delitos menores generalmente van a los abogados comunitarios ya designados, lo que dificulta aun más la respuesta de una organización”, expresó.

“En segundo lugar, los propios padres no siempre sabían decirles a sus abogados sobre la separación, pensaban que era estándar. Los abogados deberían haber sabido preguntar, pero fue algo inesperado y sin precedentes”, añadió.

Aún buscan a sus hijos

Para organizaciones paseñas, como el Centro de Defensoría a Migrantes Las Américas, los casos de separación familiar se volvieron el día a día desde principios del 2017.

“Recientemente han salido más noticias sobre el impacto profundo que tuvo la separación de familias. Para personas directamente impactadas y grupos de inmigración como Las Américas, no son nada nuevo. El programa piloto para separar a familias empezó en El Paso desde el 2017. Durante este tiempo personas fueron deportadas sin sus hijos. El caos y dolor que causó el Gobierno es inconcebible”, dijo Linda Rivas, directora de la organización.

Dijo que Las Américas ayudó con varios padres de familia, pero la realidad es que algunos aún siguen sin sus hijos.

“Aunque hubo miles de reunificaciones la separación fue una crueldad que no se puede curar. Y la irresponsabilidad del Gobierno es obvia en las familias que no pudieron ser reunificadas”, declaró Rivas.

“Personalmente representé a 4 mamás que no fueron incluidas en la orden de corte para reunificar a los niños porque los hijos de ellas ya estaban con otros familiares en los Estados Unidos. Esto causó que sus casos siguieran y eventualmente fueron deportadas. Seguimos buscando recursos, pero no existen opciones”, señaló la abogada.

El Paso fue el inicio de la separación

Los niños que fueron separados en ese período son difíciles de encontrar porque el Gobierno tenía sistemas de seguimiento inadecuados. Los voluntarios los han buscado –tanto a menores sin padres como a padres sin hijos–, yendo de puerta en puerta en Guatemala y Honduras.

Más de 2 mil 700 niños fueron separados de sus padres en junio de 2018 cuando una jueza de distrito de los Estados Unidos ordenó el fin de la práctica bajo una política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que ingresaron ilegalmente al país desde México.

“Uno de los componentes más nefastos de este programa fue que CBP específicamente nunca notó que una persona había llegado con un niño. Y cuando se preguntó a las autoridades si esto estaba sucediendo, básicamente se dijo que ‘si el cliente había llegado con un niño, se habría notado’. No fue sino hasta que muchos de estos padres les contaron a sus abogados lo que sucedió y quedó al descubierto, por lo que finalmente se reconoció que era posible”, dijo Levy.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda por la práctica, dijo que un comité directivo designado por la Corte localizó a los padres de 485 niños, 47 más que en agosto.

Eso deja 545 aún desaparecidos entre los mil 30 menores para los que el comité directivo tenía números de teléfono de las autoridades estadounidenses.

Se cree que alrededor de dos tercios de los padres de esos 545 niños están en sus países de origen, expresó ACLU.

Los voluntarios se han “involucrado en arduas y extensas búsquedas en el terreno de padres en sus respectivos países de origen”, dijo la ACLU en un documento judicial. Esas búsquedas se suspendieron después del brote de coronavirus, pero se han reanudado de manera limitada.

El comité directivo también ha promovido los números de teléfono gratuitos en español para llegar a las familias.

Se ha programado una audiencia este jueves para discutir el estado de los esfuerzos de reunificación.