Diario
El Paso
lunes, 22 abril 2019 | 06:00
Austin, Texas– A pesar de que un número récord de hispanos se han convertido en legisladores electos en Texas, una reseña encontró que el desglose racial del Legislativo no refleja la diversidad de la población general del estado.
Un análisis del Austin American-Statesman en torno a la demografía del Legislativo mostró que en 1991, los hispanos conformaban hasta el 14 por ciento de los legisladores y apenas superaban un cuarto de la población del estado.
Para el 2017, los hispanos representaban cerca de un cuarto del Legislativo de Texas, pero conformaban casi el 40 por ciento de la población estatal, según reportó el periódico.
El más nuevo representante, el demócrata Ray López de San Antonio, ganó una elección especial el mes pasado y rindió juramento como el 38vo. legislador hispano en la Cámara de Representantes de Texas.
“Lo que pasa es que hay muchos hispanos interesados en lo que sucede en Texas”, dijo López al enterarse de que su elección impuso un récord en el Legislativo.
Los asiático-americanos también están en desventaja en el Legislativo. Y aunque hay más legisladores afroamericanos en la Cámara Baja de Texas, sus cifras en el Senado aún están muy por detrás del porcentaje de afroamericanos a nivel estatal.
Las razones de esta inadecuada representación de estos grupos incluyen: fraude electoral, cinismo con el proceso político y que los votantes más jóvenes —en los que se incluyen un sustancial número de hispanos— son más propensos a no votar, de acuerdo con los expertos.
En enero, el secretario del Estado de Texas, David Whitley, anunció que alrededor de 95 mil personas que potencialmente podrían no contar con la ciudadanía, estaban registradas para votar y les pidió a los funcionarios electorales de condado a que investigaran. Pronto se descubrió que alrededor de 20 mil personas que estaban en la lista eran ciudadanas.
Grupos de derechos civiles presentaron una demanda, comparando la decisión de Whitley a la supresión electoral y subsecuentemente un juez federal le puso un alto a la investigación.
Activistas hispanos y afroamericanos dijeron que el Legislativo ha ignorado los intereses de sus comunidades por años.
En el 2011, el Legislativo de Texas aprobó una de las leyes más restrictivas de identificación del votante en Estados Unidos. Antes de emitir un voto, la ley exige que los votantes registrados muestren una de siete formas de identificación con fotografía expedidas por el Gobierno, tales como licencias de manejar y permisos para portar armas.
Los grupos de derechos civiles, políticos demócratas y votantes minoritarios impusieron una demanda en el 2013. Dicha demanda impugnaba que el estatuto apoyado por los republicanos infringía la Ley de Derechos Electorales de Estados Unidos al poner en la mira a los votantes de bajos recursos, hispanos y afroamericanos, los cuales no era probable que contaran con algunas de las formas de identificación aceptadas.
En el 2016, la Corte Federal de Apelaciones del 5to. Circuito se declaró a favor de la denuncia presentada en la demanda, determinando que la ley discriminaba en contra de los derechos electorales de alrededor de 600 mil texanos registrados que no contaban con una identificación con fotografía expedida por el Gobierno.