Diario
El Paso
lunes, 15 julio 2019 | 06:00
La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) informó que solo se encuentra a una decisión judicial de ganar la demanda colectiva contra la política del Programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), mejor conocida como “Permanecer en México”, de la Administración del presidente Donald Trump.
La organización ha establecido ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que el MPP restringe los derechos de debido proceso de los individuos que buscan asilo político en los Estados Unidos, el cual, es solicitando de forma legal según las leyes de inmigración.
ACLU informó que la frontera de El Paso es por donde se han retornado a México más migrantes bajo la política del MPP.
A través de los puertos internacionales de El Paso se ha devuelto a Ciudad Juárez aproximadamente a 7 mil personas migrantes como parte del MPP, mientras que, a nivel nacional, los Estados Unidos ha regresado entre 16 mil y 17 mil migrantes en toda la frontera.
La organización ha declarado ante la Corte acerca de los peligros a los que se enfrentan los migrantes en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas de México, además que la violencia atenta contra la vulnerabilidad de los migrantes, los cuales, se encuentran ‘atorados’.
ACLU presentó la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional a mediados de febrero de este año.
La demanda alega que la política de ‘Permanecer en México’, viola el derecho internacional y de los Estados Unidos, así como que pone en riesgo mortal a los solicitantes de asilo.
“Los solicitantes de asilo tienen el derecho, tanto en los Estados Unidos como el derecho internacional, de buscar asilo, independientemente de cómo ingresen. Sin embargo, el presidente Trump y CBP han ampliado metódicamente su enfoque racista para evitar que los inmigrantes ingresen, eliminando los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo en los últimos dos años”, declaró ACLU.
La demanda argumenta que el programa MPP viola la ley porque ‘cita una disposición que permite la remoción de no ciudadanos pero que no puede usarse en solicitantes de asilo’.
“También viola la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que no proporciona un aviso anticipado ni tampoco otorga comentarios adecuados, es “arbitrario” y “caprichoso”, alega ACLU.
Aunque aun no se sabe con exactitud cuándo la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito informará de su decisión, ACLU espera que sea lo más pronto posible.
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