Errores mataron a menor migrante

Una investigación del gobierno sobre la muerte en 2019 de un adolescente guatemalteco bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, encontró serios problemas con el manejo de los detenidos enfermos por parte de la agencia.

El informe, obtenido por ProPublica a través de una solicitud de registros públicos, concluye que los agentes de la Patrulla Fronteriza no revisaron a Carlos Hernández Vásquez, de 16 años, quien murió de influenza –flu– después de retorcerse en el piso de su celda en Weslaco, Texas. El informe también encontró que el caso reflejaba problemas más amplios con la atención en un sistema de detenidos que en ese momento estaba abrumado por inmigrantes, muchos de los cuales estaban enfermos.

Los hallazgos hacen eco de las conclusiones de una investigación de ProPublica de hace dos años que reveló cómo el gobierno fracasó en cuidar a Hernández.

Hernández había sido detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en mayo de 2019. Después de estar bajo custodia durante unos días en una instalación de procesamiento superpoblado, al migrante guatemalteco le habían diagnosticado gripe y tenía fiebre de 103 grados fahrenheit. Una enfermera practicante que trató a Hernández escribió que debería ser revisado nuevamente en dos horas y llevado a la sala de emergencias si su condición empeoraba.

Los agentes anotaron en los libros de registro que revisaban regularmente al niño después de que lo trasladaron a otra estación de la Patrulla Fronteriza que albergaba a inmigrantes enfermos. Pero la vigilancia por video de su celda no mostró señales de ello, según el informe.

El informe del gobierno dijo que los agentes nunca entraron a la celda de Hernández esa noche mientras yacía enfermo. No fue hasta la mañana, cuando el compañero de celda de Hernández se despertó y lo encontró inconsciente, que los agentes finalmente ingresaron a la celda.

La falsificación de registros federales para impedir la administración de la función de una agencia es un delito. Pero la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas se negó a enjuiciar a nadie por la muerte de Hernández, según el informe. El fiscal federal rechazó la solicitud de ProPublica de comentar sobre la decisión.

El informe es de la Oficina del Inspector General, que es el organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno emitió un comunicado de prensa en septiembre sobre los hallazgos generales, pero el informe en sí no se publicó. La mayor parte del informe se entregó a ProPublica en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

El informe aún deja muchas preguntas sin respuesta, incluso si alguien involucrado en el caso ha sido sancionado.

El gobierno tampoco proporcionó el informe completo a ProPublica. La oficina del inspector general dijo que publicaría 164 páginas de documentos, pero solo proporcionó 104. La agencia no ha respondido a numerosas consultas sobre la discrepancia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, se negó a comentar si algún agente se ha enfrentado a medidas disciplinarias derivadas de la muerte de Hernández o si se han realizado cambios como resultado del informe del inspector general.

La agencia dijo que continúa con una investigación interna, 32 meses después de la muerte de Hernández y cuatro meses después de recibir el informe del inspector general.

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa a la familia de Hernández, también se negó a comentar sobre el informe.

El representante Bennie Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que el informe identificó varias fallas. “Confirma un lapso preocupante en el cuidado de la salud y el bienestar de Carlos, así como la importancia de la capacitación y los recursos apropiados para el personal que cuida a los niños bajo custodia. El CBP debe hacerlo mejor”, dijo el demócrata de Mississippi.

El informe encontró que solo un trabajador de la salud estaba de servicio cuando Hernández murió la noche del 19 de mayo, a pesar de que más de 200 migrantes enfermos estaban alojados en una sala improvisada.

Un pediatra que revisó el caso para los investigadores escribió que los agentes deberían haber notado que Hernández estaba en problemas. El médico señaló que los videos mostraban a Hernández usando el baño una cantidad “extraordinaria” de veces. El médico dijo que era "especialmente preocupante" que los registros de los agentes de las últimas horas de Hernández no indicaran problemas incluso cuando el niño, escribió el médico, "estaba tendido e inmóvil en el piso del baño".

El médico, cuyo nombre no figura en el informe, afirmó que Hernández probablemente habría muerto incluso si lo hubieran vigilado más de cerca. Además de la gripe, Hernández padecía sepsis y un grave trastorno inmunitario, según el informe de la autopsia.

Pero la doctora Alia Sunderji, médica de emergencias pediátricas que ha investigado las muertes de niños migrantes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, dijo que el informe del inspector general no había formulado correctamente su pregunta sobre la enfermedad de Hernández.

"Diría que la pregunta no debería ser '¿Podría haber muerto de todos modos?'. La pregunta es '¿Podría haber vivido?'", dijo Sunderji, quien revisó los informes de autopsias y los registros médicos de la Patrulla Fronteriza del cuidado de Hernández a petición nuestra. “Esa respuesta es sí, existe la posibilidad de que con un tratamiento oportuno pude haber sobrevivido”.

La doctora Judy Melinek, una patóloga con sede en San Francisco que revisó el informe de la autopsia de Hernández y los registros médicos de la Patrulla Fronteriza, dijo que cree que su trastorno inmunológico fue causado por su enfermedad no tratada.

“Puede ocurrir en una sepsis abrumadora no tratada”, dijo Melinek.

Hernández fue el quinto niño en morir bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, o poco después de su liberación, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019. Tres de ellos murieron de gripe.

Hernández y su hermana de 18 años estaban entre los casi 133 mil migrantes detenidos en la frontera sur en mayo, el total más alto en 13 años.

A su hermana se le permitió viajar a Nueva Jersey para estar con otro hermano mientras los tribunales de inmigración decidían su estatus. Hernández fue retenido por la Patrulla Fronteriza porque era menor de edad y se suponía que debía ser entregado dentro de los tres días a la agencia responsable de encontrar ubicaciones para niños no acompañados.

Pero la gran cantidad de niños que cruzan la frontera ha creado demoras. Hernández todavía estaba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, seis días después cuando se enfermó.

 Fue trasladado esa tarde, 19 de mayo, a otra instalación de la Patrulla Fronteriza en el pueblo cercano de Weslaco, que servía como una sala de aislamiento improvisada para inmigrantes enfermos.

Hernández fue visto por una enfermera practicante esa noche, su último contacto con un profesional de la salud.

Los trabajadores de la salud y los agentes de la Patrulla Fronteriza dijeron a los investigadores que era común tener solo uno o dos miembros del personal médico de servicio en la estación de Weslaco. El informe dice que los trabajadores, empleados por un contratista llamado Loyal Source Government Services, expresaron repetidamente su preocupación por los bajos niveles de personal (los funcionarios de la compañía no respondieron a una solicitud de comentarios).

El inspector general dijo que las políticas de Loyal Source no establecieron una proporción entre el personal médico y los detenidos. El informe dice que la Patrulla Fronteriza se apresuró a proporcionar personal médico en los centros de detención después de que dos niños murieran bajo custodia en diciembre de 2018, pero “no se aseguró de que hubiera procedimientos de supervisión adecuados”.

El informe del inspector general también encontró un desglose en los controles de bienestar requeridos para los inmigrantes detenidos. El agente principal de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, en el turno de medianoche la noche de la muerte de Hernández, les dijo a los investigadores que se le había ordenado que revisara a cada persona cada hora, pero que nunca había recibido capacitación sobre cómo hacer los controles.

El agente principal les dijo a los investigadores que revisaba cada hora la celda de Hernández, pero que no recordaba haber visto nada que le preocupara.

También les dijo a los investigadores que era una práctica común que los agentes principales "verificaran la pestaña 'seleccionar todo' en el sistema de registro y presionaran enter, informando que todos los detenidos recibieron un control de bienestar por hora".

El nombre del agente está redactado en el informe del inspector general entregado a ProPublica. Pero los registros de la Patrulla Fronteriza obtenidos previamente por ProPublica del Departamento de Policía de Weslaco mostraron que el agente Oscar Garza registró controles de bienestar a las 2:02 a. m., 4:09 a. m. y 5:05 a. m.

Un video de circuito cerrado mostró que el último movimiento de Hernández fue a la 1:41 a. m., mientras yacía junto al inodoro de su celda. Un charco de sangre era visible en el piso cerca de su cama de concreto.

Garza dijo a los investigadores que no había notado ningún problema. No respondió a las solicitudes de comentarios.