En suspenso, futuro del asilo a migrantes

Lafayette, Louisiana— Los abogados de 24 estados que critican las políticas de inmigración de la administración Biden pidieron el viernes una orden judicial a nivel nacional para mantener las expulsiones rápidas de migrantes bajo una política pública relacionada con la pandemia.

Un juez federal dejó en suspenso el futuro de miles de extranjeros que buscan asilo en Estados Unidos y dijo que planeaba emitir una orden antes de que se establezca el fin de la política, programado para el 23 de mayo.

El juez Robert R. Summerhays, del Tribunal de Distrito federal para el Distrito Oeste de Louisiana, no dijo cómo dictaminaría, pero anteriormente apoyó los argumentos presentados por los 24 estados, en su mayoría liderados por republicanos, para obligar a que la medida, conocida como Título 42, permanezca en su lugar.

Scott St. John, procurador general adjunto de Louisiana, dijo después de la audiencia que estaba “seguro”, según los comentarios del juez durante la audiencia, de que los estados que habían demandado estaban “en una buena posición”.

Mary Yanik, abogada de la Clínica de Derechos de Inmigración de Tulane, dijo que la postura de Summerhays pareció consistente durante la audiencia de más de dos horas en Lafayette.

“El juez parecía escéptico de que esta es una orden puramente de salud pública”, dijo. “Y no parece convencido de que el Gobierno federal pueda ignorar las consecuencias de la inmigración”.

La mayoría de los principales abogados del caso se negaron a comentar después de los argumentos.

Lo que está en juego es si la administración de Biden puede continuar con sus planes anunciados para finalizar el Título 42, dada la reciente relajación de la pandemia de coronavirus, una medida que permitiría que miles de migrantes por día, que actualmente están siendo rechazados, ingresen al país y presenten solicitudes de asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que se estaba preparando para la posibilidad de que 18 mil migrantes se presenten diariamente, una vez que se levante la medida, en comparación con los 8 mil actuales. Los líderes estatales que presentaron la demanda dijeron que los funcionarios locales no están preparados para tal flujo en un momento en que la migración en la frontera Sur ya está alcanzando niveles récord.

Alrededor de 2 millones de personas han sido expulsadas desde marzo de 2020 bajo la orden, muchas de las cuales de otro modo habrían sido admitidas en los Estados Unidos para una evaluación de sus solicitudes de asilo o puestas en proceso de deportación. Esos procesos a menudo toman meses o años.

El juez ya emitió una orden de restricción temporal, renovada esta semana, prohibiendo al Gobierno tomar medidas para deshacer la política antes de pronunciarse sobre el caso.

Los argumentos ofrecidos por ambas partes en la audiencia del viernes se centraron en si el Título 42 era una política de salud pública o una política de inmigración. Los abogados del Gobierno federal continuaron argumentando que la política se limitaba estrictamente a la protección contra la transmisión del coronavirus, mientras que los abogados de los estados que demandaron enumeraron los costos que los estados asumirían si se levantara el Título 42: sistemas de atención médica, aplicación de la ley, educación, servicios sociales, e incluso agencias que estarían emitiendo más licencias de conducir.

La administración Biden ha dicho que sus planes para levantar la medida se basaron en el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 1 de abril de que ya no era necesaria dada la disponibilidad generalizada de vacunas.

“Los CDC hicieron exactamente lo que debe hacer una agencia”, dijo al juez Jean Lin, una abogada que representa al Gobierno federal, y señaló que la agencia ha revaluado las condiciones del virus en el país cada 60 días. Lidiar con “las consecuencias posteriores del Título 42 está fuera de la autoridad legal de los CDC”, dijo.

La orden de salud pública ha requerido que la Patrulla Fronteriza rechace a los migrantes que cruzaron fronteras terrestres desde marzo de 2020 –cuando fue impuesta–, sin permitirles solicitar asilo, ya sea expulsándolos en autobús a México o en avión a sus países de origen.

Dos días después del anuncio de los CDC, Arizona, Louisiana y Missouri presentaron una demanda en un tribunal federal buscando mantener la política en vigor, argumentando que su rescisión causaría un daño irreparable. Más tarde se les unieron otros 21 estados.

El viernes, el juez negó una moción de una familia que busca asilo en la frontera entre California y México y de una organización sin fines de lucro para unirse a la demanda con el fin de argumentar que el juez, si decide que se mantiene el Título 42, aplique su fallo sólo a los estados  que forman parte del litigio.

En teoría, eso permitiría que la administración comenzara a aceptar solicitantes de asilo en varios estados fronterizos, incluidos California, Nuevo México, Washington, Minnesota, Michigan, Vermont y Nueva York. Idaho y Dakota del Norte fueron los únicos estados fronterizos del Norte que se unieron al litigio; en la frontera Sur, Texas y Arizona son parte de la demanda.

“No se debe permitir que Texas y Arizona dicten la política de inmigración para todo el país”, dijo Talia Inlender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, asesora de la familia que busca asilo y de la organización.

“Todavía tenemos la esperanza de que el juez, si emite una orden judicial para mantener el Título 42, lo limitará a los estados que están demandando”, dijo.

Los republicanos que hacen campaña sobre la inmigración y los demócratas moderados que enfrentan contiendas reñidas en las elecciones intermedias de noviembre han pedido que se mantenga el Título 42, citando el potencial de hacinamiento y agitación en la frontera Sur.

Los legisladores republicanos han tratado de votar una enmienda que preservaría la política, que ya ha retrasado un paquete de ayuda por Covid-19 por separado.