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El Paso

El Paso ha intentado ayudar a los migrantes. Pero son demasiados

Los agentes no les preguntaron nada. Eran venezolanos; eso era suficiente

Megan K. Stack / The New York Times

lunes, 24 octubre 2022 | 12:31

Ivan Pierre Aguirre / The New York Times | Margelis Polo Negrette, de 9 años, recibe ayuda de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza después de que ella y sus padres, Marielith Negrette y Eduardo Polo Díaz, cruzaron el río Bravo hacia El Paso a principios de octubre, unos días antes de un cambio de política que habría les prohibió la entrada al país

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El Paso.- La corriente del río Bravo se hacía angosta en el centro de la ciudad, viscosa y color arcilla por las lluvias recientes, fluía a lo largo de orillas de concreto y a través de enramados de flores silvestres, una frontera líquida que marcaba el final —o quizá también el inicio— de Estados Unidos. Era sencillo cruzar el río, incluso para Margelis Polo Negrette, de 9 años, quien cruzó desde México con sus padres, escaló una elevación arenosa y se dirigió a los agentes uniformados de la Patrulla Fronteriza.

Madre e hija llevaban falda y se habían atado el pelo para su llegada. Plácidos como feligreses, la familia de tres avanzó con paso firme hacia Estados Unidos. Acordeones tejanos flotaban sobre el agua desde algún lugar, y el cielo de principios de octubre estaba marcado por la lluvia que se acumulaba. La inmigración era tan sencilla e incongruente como un sueño.

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La familia era venezolana, por lo que les permitieron quedarse. No había otro lugar al que pudieran ir: México había prohibido el regreso de los venezolanos y, con las relaciones tensas entre Estados Unidos y Venezuela, no había forma sencilla de deportarlos. Los padres eran maestros de escuela; habían huido de Venezuela, dijeron, después de que un familiar, activo en el ámbito político, fuera encarcelado y torturado. Pero los agentes no les preguntaron nada de eso. Todavía no. Eran venezolanos; eso era suficiente.

La madre, Marielith Negrette, me dijo que era su cumpleaños. Ahora tenía 29 años. Sonrió por lo auspicioso del momento: año nuevo, tierra nueva. Sí, había sido difícil para la niña soportar el viaje agotador. “Pero lo hizo bien”, dijo su marido, Eduardo Polo Díaz, acercando a su hija. “De verdad, es difícil de creer”.

Todo tenía que pasar rápido. Más gente, más familias, ya llegaban detrás, y más detrás de ellos, y así sucesivamente en un cansado tren humano que se extendía unos 4500 kilómetros hasta Venezuela. Otra familia surgió de la orilla del río. A continuación, tres hombres y una mujer. La gente seguía llegando.

Esperanzados y agotados, todos se dirigían a un centro de tramitación bajo un paso elevado en el centro de El Paso. Allí, en medio de remolques, lonas, generadores y muebles baratos portátiles, la Patrulla Fronteriza recibía la avalancha de solicitantes de asilo que llegaba a la ciudad.

Arriba, los camiones de carga sonaban como truenos lejanos. Un tramo de muro construido durante el gobierno de Barack Obama se mantenía desconectado del tramo de muro construido durante el gobierno de Donald Trump, tan desarticulados e insuficientes que era difícil discernir cómo podían formar parte de un proyecto coherente. Al otro lado del río se encontraba México, que nunca pagó por ese muro, con sus almacenes y tiendas de conveniencia, tan cerca que casi se siente que se podría aterrizar en un salto del otro lado de la división.

Eduardo Polo aceptó la bolsa de plástico transparente para guardar evidencia que le dieron los agentes, quienes también le indicaron que guardara ahí los documentos, el dinero y los celulares de la familia. Incluso tuvieron que quitarse los cordones de los zapatos, pues la familia ahora estaba bajo custodia federal; estarían incomunicados durante unos días. La pulsera de plástico rosa de la niña fue arrojada a un contenedor de basura.

Fueron a mostrar sus documentos de identidad, a que les escanearan la cara y los ojos, y a presionar sus huellas dactilares en un sensor. Suponiendo que no tuvieran antecedentes penales ni órdenes de detención, los encerrarían durante unos días en un centro sobrepoblado para realizar más controles. Luego, casi con toda seguridad, serían puestos en libertad en El Paso. Y, desde allí, quizá acabarían en un autobús fletado que se dirigiría a la salida de la ciudad.

Todavía no lo sabían, pero habían llegado justo a tiempo.

Desde la primavera pasada, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el primer grupo de migrantes al Distrito de Columbia como un reproche teatral al gobierno de Joe Biden, los autobuses de migrantes se han convertido en un símbolo potente y tóxico de nuestra disfunción política. Una prueba vívida de la crueldad republicana o de la hipocresía demócrata, dependiendo de a quién se le pregunte.

Pero silenciosamente —sin fanfarrias ni grandes alardes ni burlas políticas— la ciudad de El Paso, de tendencia demócrata, rica en inmigrantes y de mayoría latina, ha estado enviando flotas diarias de autobuses a Nueva York, Chicago y, a veces, Miami, trasladando a solicitantes de asilo a través de fronteras estatales en oleadas que parecen inmensas en comparación con el flujo de autobuses enviados por el gobernador. (Al momento de escribir este artículo, El Paso había enviado más de 280 autobuses; Abbott más de 65).

Los funcionarios de El Paso con los que hablé no quieren que los confundan, ni siquiera que los asocien, con las maniobras de los autobuses de Abbott, que de manera general aquí se consideran deshumanizantes. Los autobuses de El Paso, aseguran los funcionarios, son una iniciativa pragmática, incluso compasiva, de una ciudad que, sencillamente, no tiene ni los recursos humanos ni el dinero para hacer frente a la llegada masiva de solicitantes de asilo. El Paso es una de las principales ciudades más pobres de Estados Unidos, señalan los funcionarios, y están haciendo lo mejor que pueden.

“Dejar que la gente salga a la calle no es aceptable, ni como funcionario electo ni como ser humano”, dijo Peter Svarzbein, concejal de El Paso. “Se puede discrepar en términos políticos y decir que no tienen derecho a estar aquí, pero los vemos aquí y sentimos la obligación de hacer algo”.

Esta ni siquiera es la primera vez que los migrantes han sido transportados en autobús fuera de El Paso, aunque los trayectos anteriores quedaron a cargo de organizaciones locales sin fines de lucro. En varias ocasiones durante la presidencia de Trump, los autobuses de El Paso transportaron grupos de solicitantes de asilo a Denver, Albuquerque y Dallas. Sin embargo, esos autobuses no pretendían ser ni se anunciaban como una declaración política, por lo que el resto del país no se dio por enterado.

Sin embargo, a medida que un autobús tras otro cruzaba el país en los últimos meses, la indignación comenzó a surgir en el otro extremo del trayecto. Apenas horas después de que Margelis Polo Negrette, de 9 años, y sus padres cruzaron el río, la ciudad de Nueva York declaró un estado de emergencia, alegando problemas logísticos creados por la afluencia de solicitantes de asilo. El alcalde Eric Adams señaló a El Paso, implorándole que dejara de enviar autobuses.

Su petición fue recibida aquí con indiferencia colectiva. Es infructuoso sermonear a El Paso sobre la dificultad de recibir autobuses: el Departamento de Seguridad Nacional ha estado enviando en autobús a cientos y cientos de personas al cuidado del gobierno de la ciudad todos los días. Y aunque ese detalle suele perderse en las agrias discusiones sobre inmigración —el gobernador Abbott no deja de referirse a los pasajeros como “inmigrantes ilegales”—, las personas en cuestión están en Estados Unidos legalmente mientras esperan su cita en el tribunal de inmigración.

“Lo que les frustra en lugares como Washington y Nueva York, provoca frustración aquí también”, dijo Svarzbein. “Nos falta una respuesta estratégica más amplia”.

En algún punto de esta cadena de desconexiones —por ejemplo, que El Paso no pudo encontrar una causa común ni con Nueva York ni con el gobernador en Austin, y que todos culparon al gobierno federal— se encuentra una verdad que lleva mucho tiempo vigente, aunque es poco popular, de la política fronteriza: si se estudia la frontera, y con la excepción de las tácticas antinmigrantes más aborrecibles de Trump (la separación de familias, la prohibición de entrada al país a ciudadanos musulmanes, la política “Quédate en México”), sería difícil distinguir qué partido está en el poder. Las facciones políticas cuentan diferentes historias sobre lo que están haciendo, pero la realidad a lo largo de la frontera sur no cambia tanto como se podría imaginar.

Las filas de la Patrulla Fronteriza se duplicaron con Bill Clinton. Barack Obama construyó las “jaulas” que retenían a los niños separados de sus padres.

Y apenas hace unas semanas, la avalancha de cruces de este otoño provocó que el gobierno de Biden aprovechara la criticada orden de expulsión de Trump, conocida como Título 42, para mantener a los venezolanos fuera. Resultó que la familia Polo-Negrette había vadeado el río Bravo en uno de los últimos días en que todavía era posible. Los mismos agentes de la Patrulla Fronteriza que detuvieron a la niña y a sus padres, y los dirigieron al tribunal de inmigración, empezarían, días después, a expulsar a sus desesperados compatriotas de vuelta a México. Para entonces la familia ya había llegado a Nueva York.

Entonces, ¿cómo entendemos los autobuses? Es cierto que el gobernador Abbott lanzó a seres humanos hacia el norte como si fueran papas calientes indeseables mientras El Paso organizaba y financiaba viajes a los destinos preferidos de los solicitantes de asilo. Pero el mensaje subyacente era el mismo: los estados y municipios no deberían soportar la carga de estas afluencias, y no lo harán.

“Realmente no veo ninguna diferencia, para ser honesto”, dijo Víctor Manjarrez, exjefe de la Patrulla Fronteriza, ahora director adjunto del Centro de Derecho y Comportamiento Humano en la Universidad de Texas, campus El Paso. “Es como decir ‘gracias’ de forma muy amable, o ‘gracias’ de forma escueta. A fin de cuentas, es lo mismo”.

Manjarrez forma parte de la primera generación nacida en Estados Unidos de su familia. Al principio de su carrera, me contó, metió su vehículo de la Patrulla Fronteriza en la entrada de la casa de sus padres en Tucson y se bajó, solo para oír a su padre decir a la gente desde adentro: “¡Escóndanse! ¡Viene la migra!”.

Los legisladores solían visitar la frontera en delegaciones bipartidistas, dijo Manjarrez, y debatían cordialmente mientras recorrían los cruces y puestos de avanzada. Ahora, relató, vienen en viajes segregados por partidos y, en lugar de investigar y hacer una lluvia de ideas, lo que buscan es material para los argumentos que han preparado de antemano.

“Buscan lo que buscan”, dijo. “Se pierden en la verborrea en lugar de concentrarse en el problema”.

Llevo décadas pensando en esta frontera, desde que me inicié en el periodismo en The El Paso Times a finales de la década de 1990. Pasé años cruzando el río Bravo desde aquí hasta el golfo de México, documentando cómo esta frontera se abría paso entre comunidades y vidas.

He llegado a sospechar, a pesar del rencor de nuestros debates políticos, que la frontera sur funciona más o menos como Estados Unidos quiere que funcione: no es que ninguno de nosotros la apruebe por completo, sino que refleja nuestros deseos colectivos y la comprensión que tenemos de nuestra nación.

La frontera, creo, es imperfecta por designio: tan porosa como para garantizar que algunas personas logren pasar, un suministro constante de mano de obra barata y por debajo de la mesa, y tan cerrada como para evitar un exceso de recién llegados. A veces es indulgente, porque somos tierra de inmigrantes, pero con medidas de represión que llaman la atención para disuadir a demasiada gente de probar suerte.

Venezuela se ha hundido en un régimen autoritario y en el estancamiento económico, un descenso que solo ha empeorado con las sanciones de Estados Unidos. Los niños se abren paso entre sus compatriotas muertos y moribundos a través del Tapón del Darién, familias enteras se lanzan a la carretera, atraídas en parte por las noticias de que no las enviarán de vuelta.

El espectáculo de la angustiosa travesía tiene una inquietante arista de darwinismo: no todos sobrevivirían, y no todos llegarían a la frontera antes de que las leyes cambiaran de nuevo. Solo los fuertes y los afortunados llegarían a suelo estadounidense. El director médico de un refugio para migrantes en la ciudad cercana de Las Cruces, Nuevo México, me dijo, entre lágrimas, que hasta el 80 por ciento de las mujeres y niñas venezolanas en edad fértil han sufrido violaciones o abusos sexuales en el camino.

Lo que escuché en El Paso, sobre todo, fue una petición de liderazgo nacional. Muchas de las personas a las que entrevisté sugirieron que los solicitantes de asilo venezolanos podrían ser alojados en el vecino Fort Bliss: miles de afganos vivían allí hace un año, señalan, y la base se ha utilizado para albergar a niños migrantes no acompañados. Svarzbein recordó los esfuerzos realizados para reasentar a los refugiados cubanos. La ciudad buscaba algo así: una solución nacional generosa con los recién llegados, pero justa con El Paso.

En cambio, el gobierno ganará tiempo y acallará algunas de las críticas. Según el nuevo plan de Biden, miles de refugiados venezolanos podrán venir a Estados Unidos, siempre que presenten su solicitud en el extranjero, convenzan a alguien de que los respalde económicamente durante dos años y viajen en avión. Mientras tanto, un número incalculable de personas desesperadas que se precipitaron hacia el norte por tierra cuando Estados Unidos abrió la puerta serán expulsadas mediante un mecanismo legal éticamente dudoso. El resultado: una crisis humanitaria ha sido relegada de nuevo a las comunidades fronterizas mexicanas como Ciudad Juárez, donde los solicitantes de asilo sufrirán, pero los votantes estadounidenses pueden ignorarlos con más facilidad.

La nueva restricción a los venezolanos debería aliviar la presión sobre El Paso, pero es difícil predecir cómo se desarrollará. Aunque la mayor proporción de migrantes que han llegado a la ciudad en las últimas semanas han sido venezolanos, solicitantes de asilo de otras partes de América Latina también han cruzado a un ritmo elevado. Tampoco está claro cuántos venezolanos pueden ser expulsados a México: el gobierno mexicano indicó que solo podría aceptar a 24.000 venezolanos, lo que no permitiría hacer frente a la oleada de solicitantes de asilo. Por ahora, varios autobuses salen de El Paso cada día.

Aun así, no se tocará ninguno de los problemas generales: los flujos migratorios de este año, que baten récords, en la frontera sur; los tribunales de inmigración, desesperadamente atascados; los compromisos incumplidos de Estados Unidos con los solicitantes de asilo.

Eso sugiere una interpretación más ambigua de los autobuses: ¿y si el medio es malo, pero el mensaje es justo?

La frontera no es un lugar fácil para pensar en la frontera. Los ritmos humanos cotidianos tienden a oscurecer las grandes cuestiones, o volverlas irrelevantes: la soberanía, el nacionalismo, los derechos humanos, el asilo. Es como acercarse tanto a un cuadro que ya no puedes ver lo que representa el marco, sino solo el detalle granular que tienes delante de los ojos.

Eso es especialmente cierto en El Paso, una ciudad bulliciosa y bilingüe, aislada del resto de Texas por largas y monótonas extensiones de desierto, pero que está pegada a su vecino más cercano, el centro de producción manufacturera de Ciudad Juárez, México, lleno de adrenalina.

Los habitantes de El Paso, muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes, van y vienen despreocupados de una nación a otra, ocupados con la familia o los encargos o los amigos del otro lado. La frontera internacional se reduce a un hecho mundano e inevitable: una burocracia de torniquetes, un embotellamiento, una oportunidad de trabajo. En cuanto a la disposición y la interacción, Juárez y El Paso son una gran extensión urbana dividida en mitades desiguales por un río.

Cuando se oye hablar de la frontera en las noticias, suele ser una historia temible. La idea de la inmigración a través de la frontera sur se traslada de inmediato a nuestro imaginario colectivo de raza, economía y seguridad pública, y los políticos llevan muchas décadas alimentando esas escabrosas pesadillas. Se declaran crisis incluso cuando las estadísticas no las confirman. Se confunde a solicitantes de asilo legales con traficantes de drogas y delincuentes.

Sin embargo, al leer los informes de El Paso, a principios de este mes, comprendí que algo había cambiado de verdad. El gobierno de la ciudad —que en general había dejado que las organizaciones no gubernamentales y los grupos religiosos se ocuparan de los inmigrantes mientras los trabajadores municipales se ocupaban de los asuntos cotidianos de la educación, la policía y el saneamiento— ha terminado dirigiendo una operación de transporte interestatal a gran escala para solicitantes de asilo. ¿Desde cuándo, me pregunté, los sudamericanos desesperados y sin hogar son un problema de la ciudad?

Empecé a hacer llamadas, y la respuesta fue rápida e inequívoca: desde ahora.

Me enteré de que El Paso estaba sufriendo la tensión de una convergencia única de problemas: Annunciation House, una organización sin fines de lucro histórica que durante décadas lideró la labor de reasentamiento de inmigrantes, hace poco cerró su refugio más grande, alegando problemas de mantenimiento e insuficiencia de ayudantes.

Los voluntarios que solían mantener el funcionamiento de los refugios han estado disminuyendo desde la pandemia. Además, lo más importante, los venezolanos que cruzaban al sector de El Paso a un ritmo de 1000 al día eran diferentes de sus predecesores en un aspecto crítico: casi la mitad de ellos no tenía nadie a quien recurrir en Estados Unidos, ni familia, amigos o siquiera un conocido que les prestara dinero para el boleto de autobús.

Rubén García, director de Annunciation House, llama a estos viajeros venezolanos desconectados “refugiados de primera generación”.

“Las otras nacionalidades han llegado durante años a Estados Unidos. Les preguntas si conocen a alguien y dicen: ‘Sí, un hermano. Tengo una tía’. Compran un boleto y avanzan”, dijo García. “Los venezolanos dicen: ‘No solo no tenemos a nadie, sino que no tenemos dinero y nadie a quien podamos recurrir para obtenerlo’. Eso ha provocado que las cosas se retrasen y que las ciudades fronterizas miren hacia el interior”.

En promedio, 2100 personas entraban por la frontera de El Paso cada día, precisó recientemente un portavoz de la Patrulla Fronteriza, Landon Hutchens. Más de la mitad son venezolanos. Hutchens indicó que hubo una “ligera disminución” en las llegadas de migrantes desde que se anunció la nueva norma que restringe a los venezolanos.

En el “centro de bienvenida” municipal de El Paso, un almacén cavernoso situado cerca del borde de un aeródromo del ejército, vi pasar por las puertas a un autobús de Seguridad Nacional y luego a otro. Las puertas se abrieron y bajaron decenas de hombres. Tenían ropa que les quedaba mal; despedían olor a jabón como si fuera humo. Llegaron arrastrando los pies sobre la tierra y la grava, y se alinearon en el patio. Empezó a lloviznar.

Una mujer delgada, con pantalones de mezclilla rotos a la moda y manicura francesa, se subió a una mesa de pícnic y pronunció unas palabras. La oradora, Gina Buzo, suele trabajar en la Oficina de Gestión de Emergencias de El Paso; era una de las 125 empleadas de la ciudad que habían sido apartadas de sus trabajos habituales para trabajar con los solicitantes de asilo. Había repetido estas frases tantas veces que se las sabía de memoria. Todos los rostros voltearon para escuchar, con gestos de inquietud, aburrimiento y expectación. Buzo fue directa.

“Ustedes se encuentran en la ciudad del Paso, Texas”, les dijo en español.

“Ahora son libres de irse en cualquier momento”, añadió.

Buzo explicó que todos debían entrar y ponerse en contacto con algún familiar en Estados Unidos. Deben informar a sus seres queridos de su llegada y pedirles un boleto a otro lugar.

“Este no es un refugio, este no es un albergue”, aclaró. “Este es un centro para ayudarles a avanzar”.

“Mantengan el orden y las salas limpias, por favor”, les pidió, para después bajar de la mesa.

“Gracias”, respondieron los hombres.

El siguiente autobús había llegado y más personas descendían de él.

El centro era rudimentario pero limpio, con cargadores de teléfonos, wifi gratuito y algunos juguetes que donaron miembros del Cuerpo de Bomberos. Unos tabiques creaban una sala de lactancia, y se veían partidos de fútbol en televisores montados en las paredes. A la hora de comer había agua y bocadillos; otra bolsa de comida se entregaba a quienes se disponían a subir a un autobús. Sobre todo, había gente: para repartir comida, vigilar que no se produjeran altercados o ayudar a explicar cómo una familia puede llegar a Dallas (el autobús de Nueva York se detiene allí para cargar gasolina).

Caminé entre la multitud y escuché historias de cruces peligrosos y esperanza endeble. En la orilla del río, en el centro de la ciudad, había oído decir a los agentes federales que todos los solicitantes de asilo podían hablar de manera confidencial con un oficial de asilo durante su detención. Sin embargo, no pude encontrar a ninguno que se le hubiera ofrecido hablar así mientras estaba detenido. Habían liberado a la mayoría de las personas que conocí con tan solo un número de teléfono e instrucciones de llamar tras 60 días para obtener una fecha de audiencia con el tribunal.

En otras palabras, todo el sistema estaba tan saturado que la gente ni siquiera podía empezar. El centro de tramitación ya superaba su capacidad y, todos los días, la Patrulla Fronteriza enviaba aviones cargados de solicitantes de asilo a otros sectores.

Cuando los autobuses fletados llegaron al estacionamiento del centro de acogida, se anunciaron sus destinos. Con niños en brazos y sobres llenos de documentos, la gente salió y abordó. Las puertas cerraron como con un suspiro, y se fueron.

Nada de esto es gratis, ni siquiera barato: esta operación relativamente sencilla le costaba a El Paso entre 250.000 y 300.000 dólares al día. Una integrante del Ayuntamiento, Isabel Salcido, calculó que El Paso, con un presupuesto anual de 1200 millones de dólares, gastaría 89 millones de dólares en solicitantes de asilo en un año si el ritmo se mantenía.

La ciudad tiene derecho a recibir un rembolso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés), pero hay ansiedad y ambigüedad sobre si se podrá recuperar el dinero que se está gastando. El rembolso federal está destinado a pagar los gastos de solo el 30 por ciento del número total de personas a quienes están ayudando. El Paso confía en que FEMA haga una excepción. Cuando pregunté a la representante Veronica Escobar sobre las posibilidades de la ciudad, dijo que estaba optimista, pero añadió: “No puedo predecir el futuro”.

Salcido señaló que estaba empezando a recibir llamadas de alarma de algunos electores.

“Todos están muy presionados en este momento”, aseguró. “La gente está pensando en sus impuestos y en lo que están pagando. La presión financiera que tienen a nivel personal, y luego ver sus dólares irse de esta manera. Da miedo”.

Todas esas conversaciones acaban volviendo a Washington. Algunos lo dicen con diplomacia y otros no tanto, pero todos los que hablaron mencionaron la flagrante falta de orientación federal. Si no te gustan los autobuses, decían, sugiere otro plan.

“Si la gente no tiene dónde ir, ¿qué se supone que debemos hacer?”, preguntó Kari Lenander, directora ejecutiva de Border Servant Corps, quien gestiona el refugio de Las Cruces bajo Annunciation House. “Creo que todo el mundo le está dando vueltas a esa pregunta”. Los autobuses, explicó, no son políticos, más bien son “lo que se debe hacer”.

El crepúsculo se estaba haciendo presente en el centro de la ciudad, y los hilos de luz titilaban en las ramas de los fresnos que rodean la plaza de San Jacinto. Era una tarde templada y el festival anual de arte estaba en pleno apogeo, con bandas de música que tocaban en la plaza y niños que garabateaban en las calles con gises color pastel. Parecía que media ciudad había acudido a la cita: paseando por los puestos, me encontré con personas a las que había planeado entrevistar.

John Martin, oriundo de El Paso, de gran estatura, es subdirector de Opportunity Center for the Homeless, un refugio para indigentes y migrantes en el centro de la ciudad que se ha visto “inundado”, según sus palabras, por decenas de solicitantes de asilo sin cita previa que han evitado los esfuerzos de la ciudad por trasladarlos en autobús. Nos paramos junto a un castillo inflable decorado con personajes de Disney; Martin me presentó a su esposa, quien había cruzado el río hacia Estados Unidos desde Ciudad Juárez. El hijo de ellos, de 8 años, corría rodeándonos mientras hablábamos.

Había oído que el refugio se había visto obligado a rechazar gente; Martin afirmó que él y su personal habían metido espacios para dormir en las oficinas y amontonado alfombras en el suelo hasta que el refugio, con capacidad para 84 personas durante la noche, llegó a tener 140. Pero la gente siguió llegando y, al final, simplemente no había más espacio.

“El sistema migratorio de Estados Unidos está descompuesto, pero un lado de la valla quiere estudiar las causas del problema, y no quiere ver lo que está ocurriendo aquí”, dijo Martin, entrecerrando los ojos bajo el ala de su sombrero de vaquero. “Y el otro lado quiere construir un muro que se convierta en una presa y termine por reventar”.

Hizo una pausa y se rio. “Esa es la respuesta más política que he dado”, añadió.

A la mañana siguiente, conduje a lo largo de la frontera hasta el sureste de El Paso y me detuve en un pequeño parque de la ciudad, cerca del puente de Zaragoza, una zona relajada y obrera entre la frontera y la Interestatal 10. Una fábrica de escobas cercana había anunciado días antes que cerraría a finales de año, por lo que se eliminarían decenas de puestos de trabajo.

En las laderas de hierba del parque, Cecilia Macias les lanzaba pelotas a sus perros. Le dije que estaba escribiendo sobre la frontera, y Macias de inmediato hizo lo habitual en El Paso: sonrió y me habló de su propia conexión con ese río. Ella y sus padres cruzaron cuando tenía 14 años, dejando atrás Ciudad Juárez.

Macías, quien se describe como trabajadora independiente, tenía sentimientos encontrados sobre la gente que inundaba la ciudad. Le daban lástima, aseguró. Quería ayudarlos. Y entendía su situación, porque ella también había venido a construir una vida aquí, aunque se cuidó de precisar que ella y sus padres habían inmigrado legalmente.

No obstante, al mismo tiempo, últimamente le costaba pagar la comida, y había dejado de comprar incluso huevos. Amigos y familiares habían solicitado apoyos del gobierno, pero los habían rechazado. Estas experiencias le dieron la sensación de que no había suficiente para todos: no había suficiente dinero ni suficientes casas.

“No pueden quedarse”, concluyó. “¿Qué vamos a hacer con toda esta gente?”.

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