‘Dreamers’ en el limbo; decidirá juez su futuro

Desde el año 2014 Gabriela Castañeda aplicó para ser beneficiaria del programa DACA  (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), y a la fecha sigue inmersa en un limbo legal, al igual que 104 mil personas en Texas que esperan un fallo judicial para poder aclarar su residencia legal en un país donde personas como ella –llamados ‘dreamers’– son claves para su desarrollo.

“Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 15 años, en 1999, y a la fecha tengo 3 hijos, de 17, 16 y 15 años, todos ciudadanos estadounidenses, en espera de que yo pueda regularizar mi status migratorio”, dijo Castañeda, quien participa activamente en organizaciones no gubernamentales que abogan por la regularización de millones de personas en los Estados Unidos.

Después de contribuir como coordinadora de comunicación en la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) en El Paso, Castañeda mantiene su activismo en pro de la inmigración ahora en Pennsylvania, con MILPA, que cultiva el liderazgo y organización para crear apoyo y coordinación en pro de los derechos humanos y de la unidad familiar, a la par de su caso particular.

En junio del 2012 bajo la administración del presidente Barack Obama, buscaba ayudar a los niños que fueron traídos al país ilegalmente al brindarles protección limitada contra la deportación y autorización para trabajar. 

A menudo se hace referencia a dichos niños como “dreamers”, basándose en propuestas en espera de ser aprobadas por el Congreso en la llamada DREAM Act.

Mientras el presidente Donald Trump intentó poner fin al DACA en el año 2017, al señalar dicha medida como ilegal, en diciembre el 2020 un juez de Nueva York ordenó a la administración federal restaurar el programa promulgado por el presidente Obama.

En este litigio el juez de Distrito Andrew Hanen, escuchó varios argumentos de Texas y otros estados que buscaban poner fin a DACA en diciembre pasado, pero Hanen no emitió un fallo inmediato, postergando el fallo a una fecha posterior.

A la fecha el programa DACA permite que los jóvenes inmigrantes, traídos al país cuando eran niños, permanezcan en Estados Unidos con una autorización de trabajo renovable cada dos años.

“Creo que es a causa de mi activismo que mi expediente de DACA fue retrasado, pero la condición cardiaca y de salud de uno de mis hijos pudo hacer que aplicara para un proceso migratorio que se llama cancelación de remoción”, dijo la madre de familia.

La historia de Castañeda no sólo ha sido marcada por los designios de DACA, sino en general por las leyes migratorias que la han mantenido separada de su esposo que vive en Ciudad Juárez.

Gabriela Castañeda y Adrián Hernández eran adolescentes enamorados cuando en 2002, cruzaron la frontera para comenzar una vida juntos lejos de la violencia que padecían en la vecina Ciudad Juárez.

Sin embargo, la pareja nunca imaginó que la frontera algún día los mantendría separados.

Adrián trabajaba en la construcción de viviendas en los Estados Unidos, mientras Gabriela era ama de casa.

Las largas distancias para conducir rumbo al trabajo dejaron a Adrián expuesto, ya que infracciones de tránsito lo llevaron a la deportación.

Después de 6 deportaciones y más de 10 años de prisión en cinco períodos, Adrián dejó su intento de regresar con su familia, en espera de una reforma migratoria que podría reunir a una familia fronteriza que se mantiene en vilo en espera de un fallo judicial a su favor.

Un informe del año 2015 de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos demostró que más de dos tercios de los inmigrantes acusados de reingreso ilegal tenían parientes que vivían en el país, en núcleos familiares donde la mitad tenía al menos un hijo residente legal de los Estaos Unidos.

Hoy en día Gabriela vive en la misma casa móvil y sigue solicitando un estatus legal, a la par de su activismo social, buscando proveer educación para sus hijos y, lo más importante, dice, el acceso a atención médica especializada para su hijo con un defecto cardiaco congénito que amenaza su vida. 

En tanto el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció en marzo que emitiría un aviso de creación de reglas propuestas para proteger el programa DACA, con la llegada de la administración Biden a la Casa Blanca. 

“Estamos tomando medidas para preservar y fortalecer DACA”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Esto está de acuerdo con el memorando del presidente. Es un paso importante, pero sólo la aprobación de la legislación puede brindar protección total y un camino hacia la ciudadanía a los ‘dreamers’ que conocen los Estados Unidos como su hogar”, sostuvo el funcionario.

Mientras los beneficiarios de DACA esperan una decisión oficial, es importante que el Congreso brinde una solución permanente que esperan desde hace mucho tiempo.

Muchos de los que se benefician del programa DACA son maestros, médicos, ingenieros de software, abogados, y trabajadores de la salud que han sido esenciales en el combate a la pandemia.

La solución es “tener un camino que lleve a la ciudadanía permanente para estas personas”, dijo Sheffield. “Estas son personas que han crecido aquí, se educaron aquí y están contribuyendo en gran medida a nuestra economía”.