El Paso

Desde marzo, otorga EU refugio sólo a 2 extranjeros

Aprueban $16.4 millones para pagos de renta, hipotecas y servicios de necesitados

Nick Miroff/The Washington Post

jueves, 14 mayo 2020 | 06:00

Washington— Las restricciones de emergencia por coronavirus de la administración Trump han cerrado el sistema de inmigración de Estados Unidos de manera tan estricta que desde el 21 de marzo sólo dos personas que buscan protección humanitaria en la frontera Sur han podido quedarse, según datos no publicados de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) obtenidos por The Washington Post.

Citando la amenaza a la salud pública por el coronavirus, la administración Trump ha suspendido la mayoría de los derechos del debido proceso para los migrantes, incluidos los niños y los solicitantes de asilo, mientras “expulsa” a México a más de 20 mil personas que cruzan la frontera no autorizadas bajo una disposición del código estadounidense conocido como Título 42.

Funcionarios de Seguridad Nacional (DHS) dicen que los protocolos de emergencia son necesarios para proteger a los estadounidenses, y a los migrantes, al reducir la cantidad de detenidos en las celdas y las cárceles de inmigración de la Patrulla Fronteriza, donde la infección se propaga fácilmente. 

Pero la administración aún no ha publicado estadísticas que muestren el impacto de las medidas en los miles de migrantes que llegan a territorio estadounidense cada año mientras huyen de la persecución religiosa, política o étnica, la violencia de pandillas y otras amenazas urgentes.

Las estadísticas muestran que USCIS realizó sólo 59 entrevistas de selección entre el 21 de marzo y el 13 de mayo bajo la Convención contra la Tortura, que es en los hechos la única categoría de protección en los Estados Unidos que aún está disponible para aquellos que expresan temor a daños graves si son rechazados. 

USCIS rechazó a 54 solicitantes, y tres casos están pendientes, según los datos, que no indican la nacionalidad u otra información demográfica de los examinados.

Lucas Guttentag, un experto en inmigración legal que sirvió en la administración Obama y ahora enseña en Stanford y Yale, dijo que las medidas fronterizas “están diseñadas para ‘darle por su lado’ a las leyes de los Estados Unidos y las obligaciones de los tratados internacionales sin proporcionar ninguna protección o revisión real”.

“Todo el propósito de la ley de asilo es dar a las personas agotadas, traumatizadas y desinformadas la oportunidad de tener una audiencia completa en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, y esto hace que sea casi imposible”, dijo Guttentag. “Es una farsa vergonzosa”.

Entre los migrantes que buscaron protección para evitar ser deportados, los tribunales de inmigración federales otorgaron asilo a 13 mil 248 en 2018, según las estadísticas más recientes del Departamento de Seguridad Nacional.

Un portavoz de USCIS remitió las preguntas al DHS, que no respondió a las solicitudes de comentarios.

Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), defendió las restricciones la semana pasada e insistió en que las medidas eran una respuesta de salud pública que no equivalía a una nueva política de inmigración.

“La red de contención y mitigación proactiva y agresiva del presidente de políticas e iniciativas de sentido común con respecto al Covid-19 ha sido histórica y efectiva para frenar la propagación de la enfermedad”, dijo Morgan.

A pesar de las afirmaciones de la administración respecto a una amenaza externa, Estados Unidos sigue siendo, con mucho, el peor punto para la pandemia de coronavirus del mundo. Los 1.37 millones de casos confirmados del país son 1.1 millones mayores que la segunda nación con más contagios, Rusia, y la cifra de muertos en Estados Unidos de más de 82 mil es casi dos veces y media el país más próximo.

Algunos expertos y defensores destacan el esfuerzo a largo plazo de la administración para cerrar la frontera de EU y construir un muro allí como la razón principal de las nuevas medidas, viéndolos como una excusa para implementar el tipo de cierres generales que el presidente ha buscado durante años.

Funcionarios de la administración Trump comenzaron a limitar el acceso a los tribunales de inmigración federales y al sistema de asilo mucho antes de la pandemia, en respuesta a una afluencia sin precedentes de familias y niños centroamericanos en 2018 y 2019 que afirmaron tener miedo a ser dañados si eran enviados a casa.

La administración devolvió a más de 60 mil solicitantes de asilo a través de la frontera el año pasado en coordinación con el Gobierno mexicano, bajo un programa llamado “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP) que requiere que los solicitantes esperen fuera del territorio estadounidense hasta que sus reclamos sean juzgados. 

Las audiencias de MPP en los Estados Unidos han sido suspendidas durante el brote.

Los funcionarios de Seguridad Nacional también comenzaron a enviar solicitantes de asilo desde Honduras y El Salvador a Guatemala el año pasado, ordenándoles que soliciten protección allí, entre otras medidas.

Esos controvertidos programas preservaron un grado limitado de acceso a los tribunales de inmigración federales para los migrantes con los reclamos más fuertes y graves, incluidas las víctimas que tienen pruebas contundentes de amenazas urgentes y mortales y evidencia de complicidad por parte de las autoridades.

Las medidas de emergencia ahora en vigor en la frontera esencialmente han cortado esos caminos, muestran las estadísticas, incluso cuando los funcionarios de Trump dicen que los solicitantes de asilo continuaron siendo considerados caso por caso.