Descartar la impugnación presidencial podría ser precedente de gran alcance

“Si Trump puede salirse con la suya, ¿por qué no el presidente X o Y?”, Michael J. Gerhardt, catedrático en derecho constitucional y experto de la Universidad de Carolina del Norte

The Washington Post
domingo, 17 marzo 2019 | 06:00
The Washington Post

Washington— Al parar en seco la idea del ‘impeachment’ (que se conoce en español como proceso de juicio político o impugnación presidencial), la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en cierto sentido estaba ofreciendo únicamente una evaluación precisa del estado actual de la política en la capital hiperpolarizada de Estados Unidos: no hay suficientes votos para condenar y destituir al presidente Donald Trump del cargo que ocupa.
No obstante, al declarar que, por ende, la impugnación “simplemente no vale la pena”, Pelosi también podría haber sentado un nuevo estándar de gran alcance cuyas implicaciones se extenderán mucho después de que Trump deje la Presidencia. Según su razonamiento, las acusaciones de asociación delictuosa, obstrucción de la justicia, violaciones a las leyes de financiación de campaña y otros delitos, incluso si se comprueban, no llegan a un nivel que requiera acción por parte de la Cámara de Representantes.
Todo ello da lugar a dos preguntas básicas: si Trump ha hecho lo que se le acusa de hacer y eso no califica como delitos graves o menores, entonces ¿qué lo haría? Si el Congreso opta por no llevar a cabo el proceso de impugnación presidencial a pesar de lo que el fiscal especial, Robert Mueller, informe, ¿eso pondría los estándares tan altos que la impugnación ya no sería una opción viable?, ¿los futuros presidentes tendrán licencia para cruzar todo tipo de límites debido al precedente? En otras palabras, si no se impugna a Trump, entonces ¿a quién?
“No necesariamente estamos descartando todo como delitos sujetos a impugnación; sin embargo, la gente argumentará: Pero ¿qué hay de Trump?”, comentó Michael J. Gerhardt, catedrático en derecho constitucional y estudioso del ‘impeachment’ de la Universidad de Carolina del Norte. “Si Trump puede salirse con la suya, ¿por qué no el presidente X o Y? Han puesto la vara muy alta”.
En los comentarios de Pelosi que publicó The Washington Post esta semana, la legisladora no descartó por completo esta medida, pero dijo: “No estoy a favor de la impugnación presidencial” porque resulta muy divisoria y declaró que la Cámara de Representantes no debería tomar ese camino salvo que hubiera “algo verdaderamente apremiante, abrumador y bipartidista”.
Muchos críticos, en especial de izquierda, argumentan que los primeros dos adjetivos que mencionó Pelosi ya se cumplieron o es probable que se cumplan, pero que está claro que no ha sucedido lo mismo con el tercero, al menos no todavía. Aunque los demócratas podrían someter a Trump a un proceso de impugnación solos con un voto mayoritario en la Cámara de Representantes, necesitarían al menos a veinte senadores republicanos para lograr las dos terceras partes de la supermayoría necesaria en el Senado para condenarlo y destituirlo del cargo presidencial. Ni un solo senador republicano ha indicado hasta ahora estar abierto a eso.
El cálculo de Pelosi refleja las lecciones de la historia. Nunca se ha destituido ni obligado a dejar el cargo a un presidente sin un acuerdo bipartidista. Los únicos dos presidentes estadounidenses sometidos a este proceso, Andrew Johnson y Bill Clinton, fueron sometidos a juicio por republicanos de la oposición sólo para que se les absolviera en el Senado. Por otra parte, el presidente Richard M. Nixon renunció cuando ya el procedimiento había iniciado y no había duda de que sus partidarios republicanos lo estaban abandonando.
Entonces en realidad, el estándar articulado por Pelosi deja la impugnación presidencial en manos del partido del presidente. En tanto que Trump conserve un fuerte apoyo de los electores republicanos, la Casa Blanca tendrá confianza en que los senadores republicanos lo apoyarán, razón por la cual el presidente hace énfasis continuamente en las encuestas que demuestran el apoyo de su base conservadora. En la última encuesta de Gallup, un 90 por ciento de los republicanos aprobó el desempeño de Trump.
La conclusión de Pelosi, que repite de manera más descarnada las opiniones que había manifestado previamente, irritó a muchos en su propio partido, en el que muchos liberales están impacientes por impugnar al presidente. Tom Steyer, el donante multimillonario californiano que ha encabezado una campaña a favor de la impugnación presidencial, de inmediato emitió una declaración el lunes en la que rechazaba la evaluación de Pelosi.
“No estoy de acuerdo con ella”, dijo el martes el representante demócrata de California Juan C. Vargas. “La Constitución es clara: si hay un delito por el que se le pueda iniciar un procedimiento de impugnación, deberíamos impugnar al presidente o a quien sea. Y eso es lo que deberíamos hacer: obedecer a la Constitución y no a la política”.
La renuencia de los líderes demócratas a la posibilidad de la impugnación se debe a las cicatrices que dejó el enfrentamiento entre Clinton y el Congreso en 1998-99, cuando los republicanos sufrieron en las casillas por lo que pareció ser un impulso partidista para sacar de la Casa Blanca al presidente. El representante demócrata de Nueva York Jerrold Nadler, quien fue parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en aquella época y ahora es presidente del panel, ha dicho que algunas acusaciones contra Trump parecen ser impugnables, pero que, de cualquier manera, no buscaría proceder con la impugnación presidencial sin señales de apoyo republicano.
Joshua Matz, autor de “To End a Presidency: The Power of Impeachment” y editor de Take Care, un blog que da seguimiento a temas jurídicos derivados de la Presidencia de Trump, comentó que optar por no impugnar al presidente ante la comisión evidente de delitos graves y menores “podría crear un precedente perturbador para futuros presidentes”. Sin embargo, otro esfuerzo fallido veinte años después del caso de Clinton podría ser incluso peor.
“Impugnarlo en circunstancias en las que el procedimiento está indudablemente destinado al fracaso podría sentar un precedente mucho más desastroso que no impugnarlo”, opinó Matz. “La exoneración en el Senado sentaría un precedente peor y más significativo que la decisión de no impugnarlo en la Cámara de Representantes”.
No obstante, esto da lugar a un debate que aún tienen que resolver los académicos: ¿la Constitución permite a la Cámara de Representantes determinar si iniciar o no un proceso de juicio político cuando hay delitos comprobables que lo sustentan o la obliga a actuar?
A diferencia de Matz, Cass R. Sunstein, catedrático de la Escuela de Derecho de Harvard que trabajó en la Casa Blanca durante la Presidencia de Barack Obama, argumentó que la Constitución deja pocas alternativas a los legisladores.
“Si estamos ante un delito impugnable en el que no haya dudas, sino que claramente lo sea, el proceso de juicio político es obligatorio porque la Cámara de Representantes es un agente de ‘nosotros, el pueblo’, las primeras tres palabras de la Constitución”, comentó Sunstein, cuyo más reciente libro, “On Freedom”, salió a la venta el mes pasado.