El Paso

Depende EU de México en crisis fronteriza

Para frenar flujo migratorio, requiere el apoyo de administración de AMLO

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Nick Miroff/Mary Beth Sheridan/The Washington Post

martes, 04 mayo 2021 | 06:00

Washington— Tres administraciones estadounidenses consecutivas han recurrido a México en busca de ayuda con la aplicación de la ley de inmigración en momentos de crisis a lo largo de la frontera Sur de Estados Unidos, y cuando la vicepresidenta Kamala Harris se reúna virtualmente con el líder mexicano Andrés Manuel López Obrador el viernes, Estados Unidos volverá a solicitar un favor.

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, la cantidad de migrantes detenidos en Estados Unidos a lo largo de la frontera se ha disparado a los niveles más altos en casi 20 años, superando los 172 mil en marzo. Su administración ha abierto más de una docena de refugios de emergencia para atender a un número récord de adolescentes y niños que llegan sin sus padres. 

El manejo de Biden de la afluencia migratoria en la frontera se encuentra entre sus peores problemas en las encuestas, y le ha encomendado a Harris, la heredera aparente de su partido para ocupar la presidencia, que lidere un esfuerzo internacional para abordar las causas fundamentales de la migración y detener el flujo.

México es fundamental para ese plan, lo que subraya lo que se ha convertido en una creciente dependencia de Estados Unidos de México para llevar a cabo funciones de aplicación de la ley de inmigración en un momento en que tales medidas están sujetas a frecuentes desafíos legales en los tribunales estadounidenses o que son políticamente desagradables para los demócratas.

La capacidad de México para limitar la migración le ha dado a su gobierno una influencia significativa sobre un tema que es una vulnerabilidad política para Biden. También coloca a la administración Biden en la incómoda posición de pedirle a México que intensifique sus esfuerzos de aplicación después de flexibilizar los controles fronterizos de Estados Unidos al hacer retroceder las políticas de la era Trump, incluidos los acuerdos hechos con López Obrador.

En marzo, mientras los funcionarios de Biden se apresuraban a abordar el aumento, el Gobierno mexicano acordó desplegar miles de tropas y policías para detener a los migrantes, al tiempo que declaró que su frontera Sur estaba cerrada para viajes no esenciales como medida de salud pública por primera vez desde el inicio de la pandemia. 

Como parte de esas conversaciones, Estados Unidos acordó enviar millones de dosis excedentes de la vacuna AstraZeneca a México, y López Obrador está buscando suministros adicionales.

Juan González, el principal asesor de Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que el presidente no se centra exclusivamente en la frontera entre Estados Unidos y México y se está asociando con México para desarrollar un enfoque integral de la migración en la región.

“Necesitamos a México, y México nos necesita”, dijo González en una entrevista. “El enfoque de este presidente fue comprometerse de manera temprana y constructiva, en lugar de amenazar, porque reconoció que los intereses de México estaban alineados con los nuestros en materia de migración”.

“Hasta la fecha, han aumentado su aplicación, desplegando 10 mil elementos de la Guardia Nacional en su frontera Sur y han ampliado su capacidad de asilo”, agregó González. 

“Pero la conversación con México va más allá de la aplicación de la ley en su frontera Sur. Sí, hablamos de la aplicación de la ley, pero también de apoyo a los programas humanitarios, abordar las causas fundamentales de la migración y promover la inversión económica”.

El papel fundamental de México en los planes de Estados Unidos para una estrategia regional más amplia de gestión de la migración equivale a una evolución notable desde la década de 1980, cuando México era principalmente un remitente de migrantes. Posteriormente se convirtió en un país de tránsito para los centroamericanos y en un destino para quienes buscaban empleo en las fábricas mexicanas.

Más recientemente, México ha comenzado a parecerse a un “Estado de interdicción”, que actúa como una zona de amortiguación donde las actividades de aplicación de la ley son fluidas y están sujetas a negociaciones geopolíticas, no muy diferente del papel que Turquía ha desempeñado con la Unión Europea, según Cris Ramón, una analista de política de inmigración en Washington.

“Turquía es un Estado de interdicción porque alberga refugiados”, dijo Ramón. “En México, el enfoque de Estados Unidos crea un Estado de interdicción al buscar una mayor aplicación. En ambos casos, estás exteriorizando tus fronteras y convirtiendo a otra nación en tu autoridad fronteriza”.

Ramón agregó: “En cierto punto no se puede seguir confiando en otro país sin que ese país reconozca que es fundamental para su estrategia regional, y ellos intentarán aprovechar eso”.

Esa influencia puede tomar diferentes formas, pero podría ser útil para López Obrador en un momento en que la administración Biden está impulsando una estrategia regional anticorrupción y presionando a México en una serie de otras iniciativas, desde compromisos de cambio climático y energía limpia hasta trabajo. 

Aunque López Obrador hizo campaña como un cruzado anticorrupción, su partido incluye figuras más dudosas que carecen de su reputación de rectitud personal.

Los índices de aprobación de López Obrador siguen siendo altos, y su partido está compitiendo por una supermayoría legislativa en las próximas elecciones del próximo mes, lo que podría reforzar sus ambiciones de transformar México.

Sus críticos condenan lo que ven como tendencias autoritarias y una cosmovisión nacionalista que pone en peligro las estrechas relaciones entre Estados Unidos y México y los lazos económicos cultivados por sus predecesores.

Luis Rubio, presidente del centro de investigación México Evalúa, dijo que López Obrador tenía la intención de usar esa influencia para evitar que el Gobierno de Estados Unidos interfiera en los asuntos internos de México.

“No dudo que las Fuerzas Armadas fueron retiradas de nuestra frontera Sur para ganar influencia en la relación”, dijo Rubio, refiriéndose a la reducción de tropas a lo largo de la frontera de México con Guatemala durante el año pasado. “Pero el objetivo fundamental del Gobierno mexicano es reducir el interés de la administración Biden en involucrarse en asuntos internos” como las elecciones mexicanas y la corrupción, dijo.

El gobierno de Biden anunció poco después de asumir el cargo que no usaría una orden de salud pública de la era Trump para enviar a casa a adolescentes y niños centroamericanos no acompañados, lo que les permitirá presentar reclamos humanitarios bajo la ley estadounidense. 

En marzo, más de 18 mil 800 menores llegaron sin sus padres, el total más alto hasta la fecha, y la administración de Biden ahora mantiene a más de 22 mil 500 adolescentes y niños en refugios.

El número de padres que llegaron con niños también se disparó en febrero y marzo, y la mayoría de esas familias fueron liberadas al interior de Estados Unidos, porque México dijo que no podía recuperarlos, según funcionarios estadounidenses. 

La administración Biden le ha pedido a México que acepte a más de esas familias, quienes, según los defensores de los migrantes, son vulnerables al secuestro y la extorsión una vez que regresan a las ciudades fronterizas mexicanas.

Los funcionarios mexicanos, incluido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se han sentido frustrados en privado con la rápida reversión de las políticas de Trump por parte de Biden, según funcionarios estadounidenses y mexicanos actuales y anteriores, porque México pensaba que las medidas de Biden incentivaron la migración en el corto plazo, mientras que sus soluciones propuestas consistían en soluciones a largo plazo, que podrían tardar años en marcar la diferencia.

El Gobierno mexicano arresta y deporta a menores y familias con diversos niveles de intensidad, a menudo describiendo sus acciones como “rescates” que salvan a los centroamericanos de los delincuentes, aunque en muchos casos los propios migrantes han contratado a los traficantes.

Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México muestran un aumento del 49 por ciento en los arrestos por inmigración de enero a marzo y un aumento del 72 por ciento en las deportaciones durante ese mismo período. Pero la capacidad de ejecución de México es limitada, y las deportaciones en marzo totalizaron 7 mil 946, menos que el número promedio de migrantes que las autoridades estadounidenses detienen en el transcurso de dos días.

Los funcionarios fronterizos estadounidenses dicen que el aumento de la aplicación de la ley en México en marzo, por modesto que sea, ha ayudado a evitar que la ola migratoria actual crezca. Los datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que el número de familias y menores no acompañados que se encuentran bajo custodia federal disminuyó levemente de marzo a abril, un período en el que los funcionarios estadounidenses proyectaban un aumento.

Cuando el presidente Barack Obama enfrentó la primera gran afluencia de familias y menores centroamericanos en 2014, su administración se apoyó en México para tomar medidas enérgicas a lo largo de las líneas ferroviarias de carga que muchos centroamericanos usaban para viajar al Norte. 

México anunció un “Plan Frontera Sur” para endurecer su frontera Sur con Guatemala, donde los migrantes y los bienes ilícitos han fluido libremente durante mucho tiempo a través de cruces informales sin vigilancia.

El presidente Donald Trump también se dirigió a México, especialmente en 2019 en medio de una afluencia récord de padres centroamericanos que llegan con niños. Cuando grupos de migrantes de 300 o más cruzaban hacia Estados Unidos, Trump fulminó y amenazó con hundir la economía de México aumentando los aranceles.

López Obrador respondió con una ofensiva militarizada sin precedentes a lo largo de las fronteras Norte y Sur de México, al tiempo que acordó una amplia expansión del programa “Permanecer en México” de Trump que requería que los solicitantes de asilo esperaran fuera del territorio estadounidense mientras sus reclamos se procesaban en los tribunales estadounidenses. México deportó a más de 24 mil en junio de 2019 durante el primer mes del despliegue de tropas, tres veces la cantidad que expulsó el mes pasado.

Los niveles de migración cayeron drásticamente después de la represión, pero el despliegue militar mexicano disminuyó durante los últimos meses de la presidencia de Trump, coincidiendo con un período durante el cual los agentes estadounidenses también comenzaron a detener a más adultos mexicanos que cruzaban la frontera a medida que la economía del país se tambaleaba por la pandemia.