Demanda a Biden el procurador de Texas

Tres días después del inicio de la administración de Biden, el procurador general de Texas, Ken Paxton, presentó su primera demanda contra el Gobierno federal. La demanda busca detener una de las acciones ejecutivas del presidente sobre inmigración: una pausa de 100 días en algunas deportaciones.

Haciendo gala de su política de demandar a las autoridades por acciones que van en contra de su agenda, Paxton exige en una Corte federal que retire “de inmediato” el bloqueo interpuesto por la administración del presidente Joe Biden al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en cuanto a la expulsión de indocumentados.

“En su primer día en el cargo, Biden dejó de lado las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso y suspendió la expulsión de los extranjeros ilegales, cuya expulsión está obligada por esas mismas leyes”, escribió el republicano Paxton en su carta.

Biden giró la orden que paraliza al DHS, para garantizar que “se tenga un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, asegura la oficina de Paxton en su justificación.

De acuerdo con Paxton, la medida viola la Constitución de los Estados Unidos, la ley federal de inmigración, administrativa, y un acuerdo contractual entre Texas y el DHS, mismo que organizaciones demócratas tachan de ser un plan secreto.

La moratoria de Biden, emitida el mismo día de la toma de posesión presidencial, fue una en la serie de acciones ejecutivas tempranas de la nueva administración. Es parte de una revisión y restablecimiento de las políticas de aplicación dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a medida que la administración de Biden “desarrolla sus prioridades finales”, según un comunicado de DHS.

Discrepancia con Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un acuerdo el 31 de diciembre de 2020, que establece que el DHS “consultará con Texas antes de tomar cualquier medida o decisión que pueda reducir la aplicación de la ley de inmigración, aumentar la cantidad de extranjeros removibles o inadmisibles en los Estados Unidos, o aumentar los beneficios de inmigración o la elegibilidad para beneficios para extranjeros removibles o inadmisibles”.

Una violación del acuerdo daría derecho a la otra parte a una orden judicial y esa terminación del acuerdo requeriría un aviso de 180 días.

En El Paso, la medida fue despreciada por los líderes demócratas y organizaciones pro inmigrantes.

“No aprendió la lección, sigue con su pensamiento racista, antiinmigrante y xenofóbico, este procurador no representa el sentimiento de los texanos; es importante parar la encarcelación de niños, de adultos”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).

“La cantidad de odio hacia las familias migrantes por parte de los líderes republicanos es algo que nunca deja de sorprenderme. Ken Paxton parece no tener ningún problema en desperdiciar enormemente el dinero de los contribuyentes para ganar puntos políticos, a pesar de que Trump dejó el cargo sin otorgar un perdón al fiscal general acusado”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa.

Señaló que la medida ‘no es más que un triste intento de mantener vivo el trumpismo’.

Severo peligro, asegura Paxton

El fiscal dijo que las acciones de la nueva administración serán perjudiciales para el estado grande.

“Esta es una de sus primeras decisiones políticas que dañan a Texas y la nación en su conjunto. Nuestro estado defiende la sección más grande de la frontera Sur de la nación. La falta en el cumplimiento de la ley de manera adecuada pondrá en peligro directa e inmediatamente a nuestros ciudadanos y al personal encargado de hacer cumplir la ley”, dijo el fiscal Paxton.

“El propio DHS ha reconocido previamente que tal congelamiento de las deportaciones provocará lesiones concretas en Texas. Estoy seguro de que estas acciones ilegales y peligrosas no pueden mantenerse. Debe prevalecer el Estado de Derecho y la seguridad de nuestros ciudadanos”, agregó. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)

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