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El Paso

Definirán fiscales en enero si piden ejecutar a Crusius

El caso estatal está pendiente y enfrenta una serie de complicaciones legales

Staff / El Diario de El Paso

domingo, 18 septiembre 2022 | 06:00

Archivo | El presunto asesino

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Los fiscales federales y los abogados que representan a Patrick Crusius acordaron el 17 de enero de 2023 como la fecha en la que decidirán si el Departamento de Justicia de Estados Unidos buscará la pena de muerte contra el presunto tirador de Walmart.

El caso federal contra Crusius ya está programado para la selección del jurado el 8 de enero de 2024, en la Corte del juez federal David Guaderrama.

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El caso estatal está pendiente y enfrenta una serie de complicaciones legales, toda vez que la fiscal del Distrito de El Paso, Yvonne Rosales, pidió la destitución del juez Sam Medrano, encargado estatal. 

Crusius y su equipo de defensa inicialmente querían una fecha en marzo de 2025 para el juicio federal, supuestamente para una mayor preparación.

El Gobierno quería una fecha de juicio aún más temprana: junio de 2023.

El Gobierno analizó el momento entre la acusación y el juicio de otros casos federales de pena de muerte para ayudarse en su decisión de seleccionar una fecha para el juicio de Crusius.

Crusius está siendo acusado de 90 cargos federales, incluidos 23 cargos de cometer un crimen de odio con resultado de muerte. Además, un gran jurado de Texas lo acusó de cargos de asesinato capital. Crusius está acusado de disparar y matar a 23 personas y lesionar a otras 23 en un Walmart de El Paso en 2019 como parte de un acto de odio contra latinos e hispanos.

Polémica carta

Además de la presentación en la que se definió la fecha para determinar si se buscará la pena de muerte, el viernes se presentó ante la Corte federal una carta de la fiscal Yvonne Rosales dirigida al gobernador Greg Abbott y al fiscal general de EU, Merrick Garland.

En la misiva, Rosales señala que está considerando la asistencia del fiscal general de Texas en el enjuiciamiento del caso del Estado contra Crusius.

En agosto, Rosales despidió al fiscal principal John Briggs, y la fiscal especial Mónica Barrón-Auger, quien había sido contratada apenas un mes antes con una subvención de $3 millones del gobernador Greg Abbott, presentó su renuncia.

En la misma presentación federal, Rosales acusa al abogado defensor Joe Spencer de un “esfuerzo inapropiado de enfrentar el caso estatal contra el federal en un intento de retrasar ambos casos”.

En la carta, la fiscal de Distrito argumenta que la “conspiración” para destituirla de su cargo se deriva de su negativa a retirar la pena de muerte contra el presunto autor de los disparos masivos en Walmart.

“En otras palabras, los intereses financieros de Joe Spencer y su equipo legal tienen un claro conflicto con la capacidad del acusado para que se escuche su caso de conformidad con el asunto del juicio rápido de la Sexta Enmienda”, continuó la misiva.

“Incluso hay una conspiración para destituirme del cargo después de ser debidamente electa, todo porque me niego a las demandas del abogado defensor Joe Spencer de que elimine la pena de muerte”, dice la carta.

Spencer fue designado para representar al presunto tirador, Patrick Crusius, tanto en los casos estatales como federales. Crusius enfrenta 23 cargos de asesinato capital en el caso estatal y casi 100 cargos federales, incluidos crímenes de odio que culminaron en asesinato.

En junio de 2020, el equipo de defensa y los fiscales federales acordaron eliminar las disposiciones sobre juicios rápidos debido al volumen de pruebas, que asciende a “miles de documentos”. La ley federal de juicio rápido requiere que alguien sea juzgado dentro de los 70 días de haber sido acusado formalmente de un delito, a menos que el caso sea “complejo e inusual”.

Spencer no ha respondido a una solicitud de comentarios. Spencer, al igual que todos los fiscales, abogados defensores, agentes del orden público y testigos en este caso, está bajo una orden de mordaza que les impide discutir el caso con los medios.

newsroom@diariousa.com

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