Decide jueza de El Paso si pone freno a ‘troopers’

Una jueza federal de El Paso dijo que tomará una decisión hoy martes en un caso presentado por el Gobierno federal contra el Estado de Texas y el gobernador Greg Abbott.

La demanda tiene como objetivo bloquear una orden ejecutiva que Abbott emitió la semana pasada que restringe el transporte de migrantes por parte de un individuo o grupo fuera de la aplicación de la ley. La denuncia del Departamento de Justicia argumenta que la orden ejecutiva de Abbott “obstruye los arreglos del Gobierno federal con socios no gubernamentales e interfiere directamente con la administración de la ley federal de inmigración”.

Abbott dijo que su orden tenía la intención de prevenir la propagación de Covid-19, según un comunicado emitido la semana pasada.

“Debemos hacer más para proteger a los texanos de este virus y reducir la carga sobre nuestras comunidades”, dijo Abbott. “Esta orden ejecutiva reducirá el riesgo de exposición al Covid-19 en nuestras comunidades”.

El fiscal general adjunto interino Bryan Boynton le dijo a la jueza de Distrito Kathleen Cardone en una audiencia el lunes que la orden de Abbott era equivalente a una política de inmigración estatal y citó la jurisprudencia establecida tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Arizona vs. Estados Unidos, la cual estableció que la autoridad del Gobierno federal es la que debe prevalecer en casos de inmigración.

Boynton describió la escala de la orden ejecutiva de Texas como “asombrosa” y dijo que causaría “un caos absoluto”.

La administración de Biden le está pidiendo a Cardone una orden judicial u orden de restricción temporal para impedir que la orden de Abbott entre en vigencia.

Los abogados que representan al Estado de Texas argumentaron que el Gobierno federal se apresuró a presentar una demanda antes de que la orden ejecutiva pudiera tener algún impacto potencial, y dijeron que el Departamento de Seguridad Pública de Texas aún no ha hecho cumplir la orden. 

La agencia todavía está trabajando con las agencias federales para construir las pautas de aplicación, dijeron. El abogado Patrick Sweeten dijo que el “desfile de horribles” que describió el Gobierno federal fue especulativo y prematuro.

Cardone presionó al estado sobre si Texas ha considerado restringir el movimiento de los texanos que cruzan a México y regresan, si el estado estaba preocupado por la propagación del Covid-19 asociada con los viajes a otros países. El abogado Will Thompson no respondió directamente a la pregunta de la jueza, pero dijo que las tasas de vacunación son más bajas en muchos de los países desde los que viajan los migrantes, específicamente en Centroamérica.

Cardone también señaló que muchos texanos no están vacunados y preguntó si los abogados de Texas tenían “números reales” con respecto a cuántos migrantes estaban entrando a los Estados Unidos infectados con Covid-19. En respuesta, los abogados estatales citaron un artículo del 20 de julio de Fox News que informaba que los casos de Covid-19 se incrementaron un 900 por ciento entre los migrantes en el Valle del Río Grande.

La historia de Fox News citada por abogados estatales dice que 135 detenidos dieron positivo en el Valle del Río Grande en las primeras dos semanas de julio, atribuyendo los datos a una diapositiva enviada por directivos de la Patrulla Fronteriza. El reclamo de aumento del 900 por ciento significaría que el área sólo había visto 15 casos de Covid de migrantes en los 14 meses anteriores.

Los abogados del Gobierno federal también argumentaron que la orden ejecutiva de Texas, contrariamente a sus objetivos declarados, empeoraría los brotes de Covid-19 porque causaría que más migrantes fueran retenidos en entornos cerrados atiborrados de gente. Aparte de los migrantes, Boynton dijo que la orden también dañaría a los trabajadores y contratistas federales, y a las comunidades fronterizas en su conjunto.

El abogado de Texas también argumentó que la Corte de El Paso no debería tomar una decisión sobre este caso debido a la “regla de primera presentación”, una doctrina judicial que sostiene que cuando se han presentado demandas en múltiples tribunales que involucran a las mismas partes y cuestiones, la primera Corte que tenga jurisdicción retendrá el caso. 

Thompson dijo que hubo una superposición significativa entre este caso y una demanda presentada por el fiscal general de Texas contra la administración Biden con respecto al Título 42, la cual se litiga en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Texas.

Los abogados del Gobierno federal dijeron que al final de la audiencia el Departamento de Justicia haría una presentación adicional al juez en respuesta a los argumentos del Estado.

Antes de la audiencia, Rubén García, el director ejecutivo de Casa Anunciación, una organización con sede en El Paso que brinda refugio y transporte a migrantes y solicitantes de asilo recientemente, dijo que la orden está creando incertidumbre a nivel local.

"(Es) la incertidumbre lo que hace que sea muy difícil poder operar una organización como Annunciation House, que depende en gran medida de los voluntarios”, dijo.

García ha estado recibiendo llamadas de voluntarios pidiéndole que explique la orden. “¿Pueden confiscar mi vehículo?”, recordó un voluntario. Pero dijo que la falta de información sobre cómo se implementará la orden le dificulta saber cómo responder esas preguntas.

Bajo el liderazgo de Abbott, Texas fue uno de los primeros estados en revertir las restricciones de Covid-19. Con nuevos casos que repuntan en el estado en medio de la variante Delta altamente transmisible, Abbott dijo el 21 de julio que no impondría mandatos de máscaras adicionales o restricciones de Covid-19 en el estado. 

Dijo que fue “más allá de la época de los mandatos gubernamentales” y “en la época de la responsabilidad personal”. El 29 de julio, emitió una orden ejecutiva que prohibía a los funcionarios locales exigir vacunas o mascarillas.