El Paso

Da juez federal revés en Corte a EPPD

Un segundo magistrado decide continuar con juicio de oficial acusado de fuerza excesiva

Elida S. Pérez/El Paso Matters

lunes, 04 octubre 2021 | 06:00

Cortesía | Familia de víctima alega que policía actuó con saña

Un juez federal dictaminó el mes pasado que una demanda por fuerza excesiva contra un oficial de Policía de El Paso continuará y será decidida por un jurado. El fallo marca la segunda vez en 18 meses que un juez federal emitió un fallo contra la Ciudad y el Departamento de Policía de El Paso en demandas derivadas de muertes a manos de oficiales.

El fallo de 108 páginas del juez federal de Distrito David Guadarrama, denegó en agosto la mayor parte de la moción de la Ciudad para un juicio sumario que, de otorgarse, podría haber terminado una demanda de la familia de Daniel Antonio Ramírez, de 30 años. 

Ramírez fue capturado por el oficial de Policía de El Paso Rubén Escajeda el 23 de junio de 2015, después de que vio a Ramírez agarrando una cuerda atada alrededor de su cuello que estaba sujeta a un aro de baloncesto en el patio trasero de la familia durante un intento de suicidio.

La decisión permite que un jurado decida si Escajeda y la Ciudad privaron a Ramírez de sus derechos constitucionales. 

La demanda alega que el liderazgo deficiente del jefe de Policía, Greg Allen, fue responsable de las políticas que llevaron a la muerte de Ramírez y otras personas con problemas de salud mental.

“La cuidadosa decisión de la Corte de Distrito, que abrió el camino para que la familia de Danny llevara su caso a juicio, proporciona una hoja de ruta para los problemas de políticas, capacitación y disciplina en el Departamento de Policía de El Paso que llevaron a la trágica muerte de Danny”, dijo Lynn Coyle, la abogada local que representa a la familia Ramírez.

La familia de Ramírez alega que Escajeda usó fuerza excesiva contra Ramírez y que la Ciudad era “directamente responsable” porque el Departamento de Policía, bajo el liderazgo del jefe Greg Allen, no instituyó los procedimientos adecuados para garantizar que los oficiales emplearan las tácticas adecuadas al tratar con personas sospechosas de sufrir de enfermedad mental. La demanda también alega que el Departamento de Policía no investigó ni disciplinó adecuadamente a los agentes involucrados en el uso excesivo de la fuerza, y no capacitó a los agentes sobre cómo manejar a las personas que sufren una crisis de salud mental.

“El Tribunal concluye que un jurado razonable podría encontrar que la Ciudad tenía una política de capacitación inadecuada sobre cómo los oficiales de EPPD pueden responder a situaciones que involucran crisis de salud mental, que sus deficiencias fueron una fuerza motriz detrás de la muerte de Ramírez y que el jefe Allen fue deliberadamente indiferente en implementar una política de formación adecuada”, dijo Guadarrama en su fallo.

El juicio en la demanda de la familia Ramírez está programado para dar inicio el mes de agosto de 2022.

Coyle también representa a la familia de Erik Salas-Sánchez, de 22 años, quien fue asesinado a tiros por el oficial de Policía de El Paso Mando Kenneth Gómez, en hechos ocurridos el 29 de abril de 2015, durante una intervención por una crisis de salud mental.

En ese caso, un jurado también decidirá si la muerte de Salas-Sánchez se puede atribuir a un entrenamiento deficiente y estándares de disciplina que estableció Allen, según el fallo de 132 páginas del juez de Distrito de Estados Unidos, Philip Martínez, en marzo de 2020.

Martínez negó la mayor parte de la moción de la Ciudad para un juicio sumario en el caso Salas-Sánchez que, si se concediera, podría haber terminado la demanda. Algunos de los hallazgos reflejan los puntos del fallo del tribunal de Ramírez, entre ellos: si el Departamento de Policía de El Paso no instituyó los procedimientos adecuados para garantizar que los agentes empleen las tácticas al tratar con personas sospechosas de sufrir una enfermedad mental; si la Policía no investigó y sancionó adecuadamente a los agentes involucrados en el uso excesivo de la fuerza; y si el departamento no capacitó a los oficiales sobre cómo manejar a las personas que sufren una crisis de salud mental.

El juicio de Salas-Sánchez está programado para abril de 2022. Martínez murió en febrero y el caso se encuentra ahora en el tribunal de Guaderrama.

No atendió recomendaciones

El fallo en el caso Ramírez, en parte, sostiene el argumento de la familia de que Allen tomó una decisión política de no implementar un programa de Equipo de Intervención en Crisis (CIT) a pesar de las múltiples recomendaciones.

Guaderrama dictaminó que un jurado razonable podría encontrar que un equipo de intervención en crisis pudo haber ayudado a prevenir la muerte de Ramírez.

Los equipos de intervención en caso de crisis emparejan a un experto en salud mental y a un oficial de Policía en las llamadas que responden a personas que experimentan una crisis de salud mental. Los equipos están diseñados para mejorar la capacidad de los agentes de Policía para intervenir de manera segura, vincular a las personas con los servicios de salud mental y separarlas del sistema de justicia penal cuando corresponda.

Una de esas recomendaciones se hizo en 2014, unos 17 meses antes de que Escajeda evaluara a Ramírez, cuando Allen recibió una revisión detallada de una organización sin fines de lucro llamada Disability Rights Texas. Esa revisión siguió a una investigación en profundidad realizada por Disability Rights Texas sobre un incidente en el que los agentes presuntamente usaron fuerza excesiva contra otra persona en una crisis de salud mental. En ese caso, “EPPD tuvo la oportunidad de considerar o tomar otras medidas más adecuadas, breves y previas al uso de la fuerza, para calmar la situación y no lo hizo”, según documentos judiciales. No está claro si los agentes fueron reprendidos o absueltos de las acusaciones.

Según documentos judiciales, Allen testificó que “EPPD finalmente creó el programa CIT (Equipo de Intervención de Crisis, por sus siglas en inglés) en 2017 debido a “la percepción de ciertos miembros del público de que el departamento estaba mal equipado para lidiar con problemas de salud mental”.

Allen agregó que “esto había sido una preocupación a lo largo de los años de varios miembros de la comunidad y miembros del Concejo municipal, no sólo durante mi mandato, sino durante administraciones pasadas del Departamento de Policía”.

Antes del lanzamiento del programa a principios de 2019, El Paso era la única ciudad grande de Texas sin un CIT establecido. Dallas, San Antonio, Austin y Houston tienen equipos y programas establecidos desde hace mucho tiempo.

“Un jurado razonable podría considerar la evidencia y concluir que el jefe Allen excluyó a la Oficina del Fiscal de Distrito para aislar a los oficiales de EPPD del escrutinio y la posibilidad de recibir consecuencias por sus acciones”, escribió Guaderrama en su fallo.

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