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El Paso

Confronta de nuevo fiscal de Distrito a defensora de oficio

Desestimación de cargos por ‘disturbios’ a más de 200 migrantes muestra dos visiones de la frontera

Jaime Torres / El Diario de El Paso

sábado, 11 mayo 2024 | 06:00

Jaime Torres / El Diario | Bill Hicks y Kelli Childress

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Dos versiones, con ángulos politizados de la crisis fronteriza, se vieron otra vez esta semana en un enfrentamiento con argumentos jurídicos entre el fiscal de Distrito de El Paso y la jefa de la defensa de oficio del Condado de El Paso.

El fiscal de Distrito de El Paso, Bill Hicks, se pronunció en contra de la decisión del juez de la Corte de Leyes del Condado, Rubén Morales, que desestimó los 200 casos de los migrantes acusados de haber participado en los disturbios del pasado 21 de marzo en su intento por cruzar la frontera y anunció que apelará para traer de nuevo a los acusados.

En conferencia de prensa Hicks negó que la oficina a la que representa haya hecho mal el trabajo. 

Hicks afirmó que se tiene la intención de apelar el veredicto ante la Corte de Apelaciones porque la ley está de su lado.

La argumentación de Hicks llevó a la defensora pública del Condado de El Paso, Kelli Childress, a celebrar su propia conferencia de prensa, casi en paralelo, denunciando muchas de las acusaciones de Hicks contra su oficina.

Los casos de los inmigrantes se han convertido en un punto álgido para los dos líderes legales, con Hicks firmemente persiguiendo el procesamiento de los casos de delitos menores y Childress denunciando esa búsqueda como una pérdida de tiempo y recursos.

Las conferencias de prensa consecutivas tuvieron lugar el jueves 9 de mayo en la Corte del Condado Enrique Moreno, sólo un día después de la decisión del juez Morales respecto a más de 200 casos relacionados con el “motín” del 21 de marzo en la frontera entre Estados Unidos y México.

“Argumentamos que era apropiado, lo sentimos muy firmemente y que lo que hicimos se hizo de manera apropiada. La orden del juez Morales es una orden inadecuada”, dijo al enfatizar que la decisión fue incorrecta en la jurisdicción del miércoles. 

Y es que en la audiencia del miércoles el magistrado Morales dijo: “Si no tengo jurisdicción no hay nada que pueda hacer en estos casos”, excepto desestimarlos.

“Quiero dejar esto claro porque se ha sugerido que de alguna manera fue una pérdida para nuestra Oficina de la Fiscalía de Distrito y eso es no, eso no es una suposición o afirmación correcta, este no es un procedimiento sobre el cual la Oficina del Fiscal de Distrito o cualquier entidad fiscal tenga control aquí”, dijo Hicks a los presentes.

Hicks expresó que hay dos casos de la Corte de Apelaciones de Dallas que considera que son acertados y que dicen que la forma en que los tribunales transfieren los casos del Gran Jurado y la Corte de Distrito a la Corte de Apelaciones fue apropiado y que el desestimar los casos es inapropiado.

El fiscal de Distrito también dio respuesta a los comentarios de la defensora pública Kelli Childress, quien se presentó en representación de los migrantes durante la audiencia argumentando que los casos habían llegado indebidamente a la Corte de Morales.

“La señorita Childress y todos sus colaboradores son empleados del Condado, les pagan los contribuyentes de nuestra comunidad”, dijo al señalar que es importante entender que el defensor público sólo representa entre el 40 y el 50% de estos casos.


Añadió que en los casos que llegan a través de la magistratura, se designa a la oficina del defensor público para entre el 40 y el 50% de los casos, luego se designa al Colegio de Abogados privado para el otro 50 al 60% de los casos, pero inexplicablemente su oficina ha estado presentando el 100% de las mociones”.

Childress mencionó en la audiencia que cuando los casos fueron trasladados de la Corte de Distrito a la del Condado, no se emitió la orden de transferencia correspondiente, un paso necesario para conferir jurisdicción sobre un caso a otra Corte. “Todos esos procesos fueron ignorados aquí”.


El fiscal de Distrito explicó que en un procedimiento en el que la Oficina del Fiscal de Distrito o cualquier entidad fiscal tiene algún control sobre el procedimiento que va del Gran Jurado y el traslado de un caso del Gran Jurado de la Corte de Distrito a una Corte del Condado no es un procedimiento que la Oficina del Fiscal de Distrito o cualquier entidad fiscal tenga algún control. 


Apuntó que el control sobre esto es un proceso entre las Cortes de Distrito y los tribunales de Condado. “Morales consideró que ese procedimiento era defectuoso y se mostró en desacuerdo con él y al discutirlo creyó que el procedimiento no era apropiado porque no tenía los casos, dijo Hicks.


Señaló que según el juez fueron transferidos indebidamente del Gran Jurado de la Corte de Distrito a su Corte del Condado a pesar de una orden de asignación del juez de delitos menores que preside, a pesar de todo eso, sintió que fue asignado incorrectamente a su tribunal debido a que desestimó esos casos. 


Externó que desde el principio el juez ha convocado a las audiencias y a pesar de que se solicitó aplazamiento para preparar a los abogados, en realidad continuó con ellas como la programada para el lunes al miércoles, “ante nuestra insistencia de que se avisara a nuestra oficina con tiempo suficiente para prepararse para las audiencias, esto no sucedió”.


“Ellos presentaron el expediente y hablaron con el juez sin que nosotros estuviéramos presentes, sin consultar a nuestra oficina, sin embargo, todavía nos presentamos el lunes por la mañana con muy poca antelación, en nuestra opinión no es un aviso legalmente suficiente y no tenemos idea de para qué nos presentamos, aparte de que es un título de audiencia”, dijo.


Denunció que nuevamente su oficina está siendo llamada a la Corte sin el aviso adecuado, sin que se entreguen los documentos adecuados, enfocándonos nuevamente en la defensa pública. También han comenzado a servir a nuestra oficina con la solicitud de la Ley de Información Pública nuevamente usando dinero de los contribuyentes para estas solicitudes. 


Manifestó que están solicitando información de la oficina que no tiene absolutamente nada qué ver con defender a sus clientes y determinar si sus clientes son culpables o no de los delitos que se les imputan a nuestra oficina. 

“No estoy seguro de cuál es su agenda, si es política o cuál es su agenda, pero ciertamente están usando el dinero de los contribuyentes para hacer cosas que claramente no están relacionadas con defender a sus clientes en el sentido si son o no  culpables”.

Y agregó: “Me pregunto si pueden o no conseguir audiencias y llevarnos a los tribunales sin darnos la notificación adecuada o sin proporcionarnos copias y notificaciones adecuadas de los documentos para los que pretenden tener audiencias y por qué”.


Al referirse a Childress, sin mencionar su nombre, dijo que quiere saber por qué lastima con estos casos cuando no se trata de asuntos de inmigración… “Estos casos no se tratan de política y ella quiere saber de qué se tratan estos casos”. 

“Le diré lo que he dicho una y otra vez, estos casos son muy claramente sobre la ley y el orden. Si alguien infringe la ley en esta comunidad, la Oficina del Fiscal de Distrito, está encargada de hacer cumplir las leyes y si alguien infringe las leyes en nuestra comunidad, presentaremos cargos y nos aseguraremos de que esa persona enfrente la justicia en nuestros tribunales”. 

Afirmó que su trabajo es velar por que se haga justicia y “eso significa asegurarnos de que las personas que violan la ley rindan cuentas. No importa el estatus migratorio de una persona”. 


“No importa si son de este país o no, si infringen las leyes del Estado de Texas y, en particular, en estos casos concretos, si destruyen propiedades y ponen en peligro vidas, serán responsables y haremos nuestro trabajo”, estableció luego de enfatizar que no se trata de un asunto político, se trata de la ley y el orden, se trata de proteger a nuestra comunidad .

Hicks dijo que su oficina les ha estado sirviendo solicitando información que no tiene nada que ver con defender a sus clientes o determinar si son culpables o no por ahora. 

 Versiones encontradas

 

 Si bien Hicks nunca se refirió a la defensora pública por su nombre, Childress fue directamente tras el fiscal de Distrito, alegando que su vigor al procesar los casos había dado lugar a un inmenso desperdicio.

“Acusar delitos menores es perjudicial para nuestro sobrecargado sistema de justicia, es perjudicial para nuestros recursos limitados, para el dinero de los contribuyentes y para la acumulación de casos que requieren la atención de un gran jurado y que actualmente no la reciben”, dijo Childress a fines de la semana pasada. “Sin mencionar que hay un costo para los ciudadanos que forman parte de los grandes jurados como parte de su deber cívico”.

Además, Childress acusó a Hicks de intentar intencionalmente evitar que su nombre se vincule a los casos.

“Además, acusar de delitos menores no ofrece ningún beneficio a nadie más que el beneficio para un fiscal de Distrito que no quiere enfrentar una audiencia pública de causa probable ante un juez sobre los méritos del caso. También beneficia a cualquier fiscal de Distrito que no quiera firmar su propio nombre en un documento de acusación”.

Childress también se opuso a la afirmación de que los casos fueron desestimados debido a un tecnicismo, diciendo que las cuestiones de jurisdicción son “uno de los controles y equilibrios esenciales del poder que han sido un sello distintivo de nuestro Gobierno desde que nació esta gran nación”.

jtorres@diariousa.com

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