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El Paso

Comparece fiscal de Distrito, pero se niega a declarar

Tras ser requerida por múltiples medios, Yvonne Rosales finalmente se presentó ante la Corte 409 de Distrito, aunque apeló a la Quinta Enmienda

Robert Moore / El Paso Matters

viernes, 02 diciembre 2022 | 06:00

El Paso Matters | DA en audiencia

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Yvonne Rosales, elegida hace dos años para ser la principal ejecutora de las leyes penales en el lejano Oeste de Texas, invocó repetidamente sus derechos de la Quinta Enmienda constitucional contra la autoincriminación el jueves cuando se le preguntó sobre el trato de su dependencia a la familia de una de las 23 personas asesinadas en un tiroteo masivo en 2019.

Acogerse a la Quinta Enmienda fue el último giro en una notable caída para Rosales, quien anunció su renuncia el lunes, efectiva a partir del 14 de diciembre. La renuncia puso fin a una petición judicial que buscaba su destitución por incompetencia y mala conducta oficial, evitando un juicio que estaba programado para marzo.

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“Siguiendo el consejo de un abogado, me acojo a la Quinta Enmienda y hago valer mi derecho constitucional a permanecer en silencio”, dijo Rosales en respuesta a una pregunta de Mark Stevens, defensor del sospechoso del tiroteo en Walmart.

El abogado de Rosales, Matthew DeKoatz, se opuso repetidamente al interrogatorio de Rosales, diciendo que fue inapropiado y que se hizo en un esfuerzo por humillarla públicamente. El juez de Distrito Sam Medrano Jr. anuló las objeciones y permitió que continuara el interrogatorio.

La primera pregunta de Stevens alegó que Rosales participó en un esfuerzo para que los funcionarios federales revocaran la visa de Rosa María Valdez García, la viuda de un hombre asesinado en el tiroteo masivo de Walmart de 2019, quien estaba programada para testificar en una audiencia sobre posibles irregularidades cometidas por la Fiscalía del Distrito. Él alegó que Rosales conspiró con el entonces fiscal asistente de Distrito Curtis Cox y su abogado personal, Roger Rodríguez, para revocar la visa de Valdez y evitar que testificara.

Stevens hizo varias preguntas, y Rosales siguió invocando sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Medrano luego dijo que estaba claro que continuaría invocando sus derechos y pidió que se detuvieran los interrogatorios.

Pero permitió que el equipo de defensa leyera en el expediente una serie de preguntas que deseaban hacerle a Rosales y Cox, quien también hizo valer sus derechos de la Quinta Enmienda al negarse a responder preguntas en una audiencia el miércoles.

Al final de la audiencia, Medrano dijo que consideraría qué acciones tomar como resultado de dos días de testimonio sobre una posible mala conducta de la Fiscalía de Distrito.

Medrano había ordenado a Rosales que compareciera el miércoles en una audiencia de estatus en el caso del hombre acusado de matar a 23 personas y herir a otras 22 en el Walmart de Cielo Vista el 3 de agosto de 2019. Cuando ella no se presentó, Medrano emitió una orden de “mostrar causa”, que le ordenó comparecer ante su tribunal el jueves o enfrentar un posible arresto.

Las audiencias del miércoles y jueves se enfocaron en gran parte en el trato que la Fiscalía dio a la familia de Alexander Gerhard Hoffmann Roth, un juarense de origen alemán que fue asesinado en Walmart.

El testimonio del miércoles del hijo de Hoffmann, Thomas, detalló los esfuerzos para utilizar a la familia para crear un correo electrónico enviado el 4 de agosto a los medios de comunicación de El Paso que criticaba a Medrano y a una exfiscal del caso. De haber sido escrito por un testigo en el caso de Walmart, como la familia Hoffmann, el correo electrónico podría haber violado una orden de mordaza emitida por Medrano el 1 de julio.

Thomas Hoffmann testificó el miércoles que el correo electrónico fue escrito por Roger Rodríguez –quien se desempeñó como abogado personal de Rosales–, y la esposa de Rodríguez, Anne. Thomas Hoffmann dijo que el correo electrónico fue enviado desde el teléfono de su madre, aunque ella no tenía idea del contenido.

Durante conversaciones telefónicas y en persona entre Rodríguez y la familia Hoffmann, tres de las cuales fueron grabadas por Thomas Hoffmann, Rodríguez profirió repetidas amenazas contra Medrano y otros, según el testimonio y una transcripción traducida de las grabaciones. (El director ejecutivo –CEO– de El Paso Matters, Robert Moore, estaba entre los supuestamente amenazados por Rodríguez).

Cuando la familia Hoffmann empezó a cuestionar las acciones de Rodríguez, comenzó a amenazarlos, dijo Thomas Hoffmann. En un momento, Rodríguez le mostró una pistola y dijo que la usaba para matar a sus enemigos, dijo Hoffmann.

Thomas Hoffmann testificó que Rodríguez dijo repetidamente que estaba actuando en nombre de Rosales. Dijo que creía eso porque Rosales presentó a los Hoffmann y otras familias de las víctimas del tiroteo de Walmart después de la audiencia del 1 de julio donde Medrano emitió la orden de mordaza.

Justin Underwood, un abogado designado por Medrano para representar a la familia Hoffmann, dijo en la audiencia del miércoles que los 31 destinatarios del correo electrónico del 4 de agosto también estaban en la lista de distribución de medios de la Oficina del Fiscal del Distrito, que implicó a Rosales en el esquema de correo electrónico, ya que personas no empleadas por la Fiscalía, como Rodríguez, no tendrían acceso a la lista. La vinculación de los destinatarios del correo electrónico y la lista de medios de la Fiscalía de Distrito fue descubierta por una investigación de El Paso Matters.

En la audiencia del miércoles, Medrano dictaminó que la familia Hoffmann no violó su orden de silencio, pero no se pronunció sobre si otras partes en el caso pudieron haberlo hecho.

Los abogados del acusado por el tiroteo en Walmart intentaron emitir citaciones para hacer declarar a Rosales, Rodríguez y Cox en la audiencia del miércoles.

Un investigador privado contratado por el equipo de defensa testificó el miércoles que hizo numerosos esfuerzos infructuosos para entregar las citaciones, incluida la vigilancia de casas y visitas repetidas a la oficina de la fiscal de distrito en el juzgado.

Medrano también había ordenado a Cox que compareciera en la audiencia del miércoles. Cox entró en la sala del tribunal tres horas después del comienzo de la audiencia, luego invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Ya no trabaja en la Fiscalía.

Durante meses, la controversia en torno a la Fiscalía de Distarito ha eclipsado el tema principal del tiroteo masivo en Walmart: la culpabilidad o inocencia del sospechoso y si debe enfrentar la pena de muerte.

Cuando la renuncia de Rosales se haga oficial a finales de este mes, el gobernador Greg Abbott nombrará a alguien para que complete los dos años restantes de su mandato. Rosales nombró a su antiguo socio legal, George Al-Hanna, para que dirigiera la oficina hasta que se nombre a un reemplazo.

Cuando, o si es que el caso finalmente llega a un jurado, será el tiroteo masivo más mortífero en la historia de Estados Unidos que se juzgará en un tribunal.

Un juicio por cargos federales de delitos de odio está programado para enero de 2024. El Departamento de Justicia debe decidir para el próximo mes si busca la pena de muerte en ese caso.

Más de tres años después del tiroteo, no se ha fijado una fecha para el juicio por los cargos de asesinato en la capital del estado. Múltiples abogados que Rosales puso a cargo del caso del tiroteo en Walmart, incluido Cox, han renunciado.

El miércoles, Tito Anchondo, cuyo hermano André estaba entre los asesinados en Walmart, publicó su frustración en Facebook: “Entonces, ¿alguna vez obtendremos justicia por el asesinato de mi hermano? Todas estas familias que perdieron a alguien…. Y ya han pasado 3 años…”.

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