El Paso

Casas de cuidado, cobran caro y pagan poco a trabajadores

Dueños viven en la opulencia mientras regatean sueldo a empleados, muchas veces inmigrantes

Associated Press

lunes, 20 mayo 2019 | 06:00

Associated Press | Vista de Antioch, ciudad en la bahía de San Francisco donde Rommel y Glenda Publico operaban varias residencias de cuidado Associated Press | Julia Riduta, de 45 años, inmigrante de Filipinas Associated Press | Sonia Deza fue forzada a regresar dinero a sus patrones

Los Angeles— Ella desciende de un Ferrari convertible negro, sus tacones de aguja Christian Louboutin brillan bajo la luz del sol. La tapa de su barnizado gran piano se encuentra abierta en la sala de su lujosa casa de Beverly Hills. “Soy propietaria de una cadena de asilos para adultos mayores”, dice frente a la cámara en el programa de televisión de Bravo “The Millionaire Matchmaker”. “Mi valor neto es de tres a cuatro millones de dólares, más o menos”.

Stephanie Costa tenía 30 años y disfrutaba de un estilo de vida que se sostenía en parte por seis asilos de vigilancia y asistencia que ella poseía en el Valle Central de California. Pero la mitad de esa fortuna se vio amenazada cuando ella y su compañía fueron citados a comparecer por alrededor de 1.6 millones de dólares en infracciones laborales, incluyendo robo de salarios –por no pagar lo justo a 11 empleados que trabajaban hasta 24 horas al día, seis días a la semana.

Costa, quien se rehusó a ser entrevistada para este artículo, es una figura pública poco común de una industria pujante y multimillonaria dedicada al cuidado de los adultos mayores, una que les ha permitido a sus operadores amasar grandes fortunas mientras tratan a sus trabajadores como si fueran sirvientes sin remuneración. 

Por todo el país, legiones de estos cuidadores ganan una miseria por atender a los ancianos en casas residenciales que han sido adecuadas para fungir como centros de atención, de acuerdo con una investigación de Reveal para el Centro de Periodismo Investigativo.

Una necesidad

El surgimiento de estos asilos de vigilancia y asistencia en los vecindarios de todo Estados Unidos se vincula a los avances médicos, que han permitido a las personas de la generación de la posguerra (baby boomers) vivir más años a pesar de las enfermedades que debilitan su salud. Esto ha resultado en un incremento en el número de personas gravemente enfermas o de familiares que buscan una alternativa al costoso cuidado que ofrece una residencia para ancianos.

El costo promedio anual a nivel nacional por el cuidado de cada una de estas personas es alrededor de 48 mil dólares. Los pacientes con demencia senil por lo regular pagan más y algunos propietarios cobran cargos extras por aquellos que padecen incontinencia o que quieren más de dos duchas a la semana.

Había alrededor de 29 mil comunidades residenciales de asistencia a nivel nacional y unos 300 mil cuidadores de tiempo completo en el 2016, de acuerdo con las más recientes cifras federales disponibles. Alrededor de dos tercios de estas comunidades son centros de menor tamaño con cuatro a 25 pacientes. California ocupa el primer lugar, con más de 7 mil 300 centros de atención residencial certificados por el estado.

Padecen explotación

Los márgenes de ganancias son enormes y, para los infractores de las leyes laborales, dependen de la tan generalizada explotación de miles de cuidadores, muchos de los cuales son inmigrantes pobres que ganan efectivamente de 2 a 3.50 dólares la hora trabajando día y noche. El salario mínimo federal por hora es de 7.25 dólares.

Reveal entrevistó a más de 80 trabajadores, operadores de asilos y reguladores gubernamentales y revisó cientos de casos de robo de salarios atendidos por reguladores laborales federales y de California, trabajadores y procuradores locales. La investigación encontró que el desenfrenado robo de salarios ha empujado a una vasta mayoría de estos cuidadores hacia la pobreza.

Los trabajadores se sienten desesperados y atrapados. Muchos dicen que se levantan antes del amanecer para preparar meriendas, bañar a los pacientes y lavar baños. Por la noche, son privados del sueño debido a que tienen que levantarse para cambiar pañales, suministrar analgésicos, regresar a sus camas a los pacientes con demencia que vagan por los pasillos y cambiar de posición a los confinados en cama cada dos horas para evitar que sufran de escaras.

Los trabajadores describen que han tenido que dormir en los pasillos y garajes, sobre sofás y en el piso. Algunos asilos les descuentan 25 dólares al día a los salarios de los cuidadores por “hospedaje.”

Reveal se enteró de casos en los que los trabajadores sufrían abuso con devastadoras consecuencias. Dos cuidadoras reportaron haber sufrido abortos espontáneos tras haber tenido que levantar a pacientes muy pesados, y por haberles negado un día de descanso.

Una de ellas era Julia Riduta, de 45 años, de Concord. Hace más de una década, ella arribó desde las Filipinas para trabajar como cuidadora en un asilo en el condado de Contra Costa. Ella ganaba dos dólares la hora y trabajaba 24 horas al día.

Luego en el verano del 2014, se enteró que estaba embarazada. Cuando ella le rogó a su jefa que le diera dos días de descanso, Riduta dijo que ella se rehusó a dárselos.

Riduta sufrió un aborto espontáneo dos semanas después. La causa nunca se supo. El feto tenía nueve semanas.

“Pase la noche llorando”, dijo Riduta. “Aún sigo teniendo este sueño en el que hay un bebé llorando a todas horas. Nos trataban como animales”.

Evaden la justicia

Aunque en algunos casos los trabajadores han conseguido llevar a juicio a sus empleadores e incluso ganar, al final no han recibido el dinero que debían o, mejor dicho, les han quitado. 

Tal es el caso de Sonia Deza. 

En 2013, autoridades federales ordenaron a los jefes de Deza, Glenda y Rommel Publico, que le pagaran a ella y a otros 21 trabajadores más de 133 mil dólares por salarios no pagados, al violar el pago mínimo federal y el tiempo extra.

Los Publico le dieron a Deza dos cheques que sumaban más de 17 mil 700 dólares, pero en lugar de dejar que ella los depositara en su cuenta, la acompañaron al banco para que los cobrara y luego le pidieron el dinero diciendo que les correspondía. La “dejaron” que se quedara con mil dólares como “bono”. Otros tres compañeros de Sonia dicen que también fueron obligados a devolver el dinero.

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