Buscan abogados salvar a juarense

Abogados de Iván Gabaldón, el juarense acusado del homicidio capital de Juan García Flores, de 63 años, buscan que su caso sea desestimado bajo una moción presentada esta semana, alegando que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso violó sus derechos al debido proceso.

 En una audiencia virtual el martes, Curtis Cox, un fiscal principal de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso, ofreció permitir que Gabaldón saliera de la cárcel con una fianza de reconocimiento cuando los fiscales le pidieron a la corte que permitiera más tiempo en el caso.

 Sin embargo, cuando los abogados defensores de Gabaldón y el juez Pérez señalaron que no apoyarían la solicitud y el fiscal Curtis Cox anunció que su oficina buscaría un cargo de asesinato capital para Gabaldón y consideraría la pena de muerte para él.

 Fue entonces que los abogados dijeron que la oficina del fiscal del distrito mostró acciones vengativas contra su cliente. 

 Originalmente Gabaldón estaba acusado de un cargo de homicidio grave, pero a principios de este mes, su cargo fue elevado a homicidio capital y la oficina del fiscal de distrito ahora está persiguiendo la pena de muerte para el joven de 20 años.

 "Gabaldón fue acusado de homicidio capital y el estado eligió buscar la pena de muerte como retribución por afirmar sus derechos de juicio rápido garantizados por la sexta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ...", dice la demanda.

 Los abogados de Gabaldón están buscando que su caso sea desestimado y han criticado el manejo del caso por parte de los fiscales señalando que siete abogados diferentes habían supervisado el caso durante un período de ocho meses.

 La semana pasada, la oficina del fiscal del distrito había buscado más tiempo para revisar el caso después de que el fiscal Curtis Cox admitiera ante el tribunal 210 que no había revisado el caso por completo semanas antes del juicio con jurado programado.

 Cox dijo que la oficina del fiscal del distrito no había recibido los resultados de las pruebas forenses ni había localizado testigos para el juicio.

 El documento señala que García recogió Gabaldón el pasado 22 de febrero en una calle desconocida del centro y le ofreció 20 dólares para practicar sexo oral.

 La declaración señala que García llevó a su victimario a un negocio en la cuadra 1700 de Texas, donde García vivía en una habitación.

 Según documentos judiciales, Gabaldón le practicó sexo oral a García, como se había acordado, sin embargo, Gabaldón dijo posteriormente quiso irse del lugar debido a diversas prácticas que no eran de su agrado y fue cuando García luego lo amenazó con un cuchillo.

 Entre las prácticas, detalla la declaración jurada, fue una penetración sin consentimiento con un “palo de escoba”.

 El documento afirma que Gabaldón pudo quitar el cuchillo a García y lo apuñaló varias veces para luego tomar las llaves de la camioneta y huir a Ciudad Juárez.

 “El acusado estacionó el vehículo de la víctima cerca de la cuadra 900 de Myrtle y vendió el vehículo robado”, se lee en la declaración jurada.

 “Después de que el acusado vendió el vehículo robado de la víctima por 200, el acusado se cambió de ropa en una calle desconocida y huyó inmediatamente Juárez”, se agrega en el documento.

 García fue encontrado con múltiples puñaladas en la espalda y el cuello luego del presunto altercado en el edificio.

 El documento señala que Gabaldón cruzaba la frontera casi a diario desde Juárez y generalmente caminaba sobre el Puente Internacional Paso del Norte.

 Los investigadores de EPPD creen que Gabaldón y García se reunían a menudo en las primeras horas de la mañana los días en que Gabaldón cruzaba al país debido a la ubicación de sus teléfonos celulares.

 Denise Butterworth, abogada defensora de Gabaldón, dijo que el hecho de que los fiscales busquen un cargo de asesinato capital significa que creen que una persona es peligrosa para la comunidad y no debe ser liberada.

 "El estado debe probar con evidencia suficiente para demostrar que el individuo es un peligro según el código del gobierno de Texas", dijo Butterworth.

 "Esa será su carga, ante un jurado, para demostrar que sin una duda razonable que la vida en prisión no es suficiente para la seguridad de nuestra comunidad y que debe ser asesinado para proteger la sociedad del peligro futuro que alegarían", agregó.

 Butterworth dijo que la oficina del fiscal del distrito no debería necesitar tiempo para saber si Gabaldón es un peligro para la comunidad.

 "El enorme poder que tiene el estado de Texas en este momento no está siendo respetado ni honrado. El estado ha mostrado aún menos respeto por el poder que poseer. preparados para el escenario actual del juicio por jurado, sin ningún proceso o procedimiento en el lugar, un fiscal deshonesto puede amenazar unilateralmente con la pena de muerte ”, suscitó Butterworth.

 Asimismo, Joe Moody, miembro de la Cámara de Representantes de Texas manifestó su descontento con el caso y aseguró que se trata de abuso de poder.

 “Si es un peligro, la fiscalía habría rogado que lo mantuvieran encerrado por temor a que volviera a matar. Y no se trata de un fiscal al azar que toma una mala decisión sobre la marcha, sino de la alta dirección del fiscal que utiliza la muerte como palanca. Es una injusticia y un abuso de poder ”, dijo.

 El estado tiene hasta el lunes 29 de noviembre para decidir si aplicará la pena de muerte en el caso de Gabaldón.