PUBLICIDAD

El Paso

Acusa ‘conspiración’ por pedir pena de muerte para Crusius

Responde en carta fiscal de Distrito

Danielle Prokop / El Paso Matters

sábado, 17 septiembre 2022 | 07:56

Archivo / El Diario de Juárez | Yvonne Rosales en Corte

PUBLICIDAD

La “conspiración” para destituir a la fiscal de Distrito de El Paso de su cargo se deriva de su negativa a retirar la pena de muerte contra el presunto autor de los disparos masivos en Walmart, según señala un documento que fue añadido al expediente judicial del caso federal.

En concreto, se trata de una carta con fecha del 10 de septiembre que Rosales envió al juez federal de Distrito David Guaderrama, al gobernador Greg Abbott y al fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland, entre otros, a quienes les pide buscar el apoyo del fiscal general de Texas para procesar el caso estatal.

La carta de Rosales, que fue reportada por primera vez por KVIA, acusa al abogado defensor paseño Joe Spencer, de intentar “enfrentar el caso estatal contra el caso federal” en un intento de retrasar ambos procesos, ya que cuenta con una nómina de 16 personas “recibiendo fondos de los contribuyentes sin una clara rendición de cuentas”.

“En otras palabras, los intereses financieros de Joe Spencer y su equipo legal tienen un claro conflicto con la capacidad del acusado para que se escuche su caso de conformidad con el asunto del juicio rápido de la Sexta Enmienda”, continuó la misiva.

“Incluso hay una conspiración para destituirme del cargo después de ser debidamente electa, todo porque me niego a las demandas del abogado defensor Joe Spencer de que elimine la pena de muerte”, dice la carta.

Spencer fue designado para representar al presunto tirador, Patrick Crusius, tanto en los casos estatales como en los federales. Crusius enfrenta 23 cargos de asesinato capital en el caso estatal y casi 100 cargos federales, incluidos crímenes de odio que culminaron en asesinato.

En junio de 2020, el equipo de defensa y los fiscales federales acordaron eliminar las disposiciones sobre juicios rápidos debido al volumen de pruebas, que asciende a “miles de documentos”. La ley federal de juicio rápido requiere que alguien sea juzgado dentro de los 70 días de haber sido acusado formalmente de un delito, a menos que el caso sea “complejo e inusual”.

Spencer no ha respondido a una solicitud de comentarios. Spencer, al igual que todos los fiscales, abogados defensores, agentes del orden público y testigos en este caso, está bajo una orden de mordaza que les impide discutir el caso con los medios.

Guaderrama fijó la fecha del juicio federal para enero de 2024. Les dio a ambas partes hasta el 16 de septiembre para proporcionar las fechas en las que se puede realizar una audiencia para determinar si los fiscales federales buscarán la pena de muerte contra Crusius, según una orden judicial reciente.

Rosales busca la pena de muerte en el caso estatal. No se ha fijado fecha en ese caso, que actualmente preside el juez de Distrito 409 Sam Medrano Jr., a quien Rosales busca desligar del juicio bajo el argumento de que Medrano muestra animosidad –“animus personal”– en su contra.

La fiscal de Distrito adjuntó su moción de rechazo a la carta “para dejar constancia de las severas represalias que estamos recibiendo para evitar que procesemos este caso”, escribió.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la carta de la fiscal.

La carta del 10 de septiembre presentada en un tribunal federal es la primera vez en que Rosales relaciona a Spencer con lo que ella alega es una “conspiración” para destituirla de su cargo, que dice está siendo orquestada por dos abogados defensores, Omar Carmona y Justin Underwood; la fiscal del Condado de El Paso, Jo Anne Bernal, así como el director ejecutivo de El Paso Matters, Robert Moore.

Carmona presentó una petición para destituir a Rosales de su cargo el 2 de agosto. Esta semana, un juez visitante de Odessa dictaminó que la petición puede proceder.

En la carta de la Corte federal, Rosales acusa a Medrano de designar a Underwood para representar a la familia de una víctima en el caso estatal para “acosarme y emitir citaciones ilegales para mí y otras partes no relacionadas”.

Continúa acusando a Underwood de haber llamado a su personal el 17 de agosto y hacer “una serie de amenazas que son potencialmente de naturaleza criminal”.

“Me veo obligada a tomar en serio todas las amenazas”, escribió, citando “amenazas de bomba que nuestra oficina había recibido anteriormente”.

La única amenaza de bomba reciente contra la Corte del Condado de El Paso se hizo alrededor del 1 de agosto, según informes de los medios y comunicaciones del personal del juez del Condado.

La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, que supervisa la seguridad en la Corte del Condado, no tiene registros de quejas presentadas contra Underwood, según una respuesta a una solicitud de registros públicos de El Paso Matters. La oficina del Sheriff tampoco tuvo denuncias penales ni informes de incidentes en la dirección de la Oficina del Fiscal de Distrito desde enero de 2020 hasta el 7 de septiembre.

“A la luz de la naturaleza política extrema y el enfoque reciente del caso, estoy considerando solicitar la asistencia del fiscal general de Texas en el enjuiciamiento y manejo de este caso”, escribió Rosales.

Concluyó la carta expresando su admiración por el juez federal: “Finalmente, quisiera que todas las partes sepan que mi administración siempre ha tenido y siempre tendrá al honorable juez Guaderrama en los más altos respetos”.

El calendario de Guaderrama no muestra audiencias relacionadas con el caso del tiroteo en Walmart durante al menos los próximos 30 días.

PUBLICIDAD

ENLACES PATROCINADOS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

close
search