Diario
El Paso
martes, 15 enero 2019 | 21:40
Washington— Un juez federal falló en contra de la decisión del gobierno de Trump para agregar una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020. El fallo marca el primer fallo importante en una controversia que ha enfrentado a los estados y ciudades contra altos funcionarios federales y es probable que llegue al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El juez Jesse Furman, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, ordenó el martes a la Casa Blanca que suspenda sus planes para agregar la pregunta en el cuestionario. Tras considerar la decisión del secretario de Comercio Wilbur Ross de agregar la pregunta como "arbitraria y caprichosa", criticó a Ross por violaciones "graves" a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El caso de Nueva York es el primero de los tres juicios de alto perfil en todo el país que cuestionan la pregunta y es probable que marque una hoja de ruta para esos juicios, según expertos legales.
"La decisión influirá en ellos y los ayudará a resolver los problemas", dijo Carl Tobias, profesor de Derecho en la Universidad de Richmond.
"Esta es una opinión integral de un juez muy respetado, (y) la decisión de hoy tendrá mucho peso", agregó Tobias.
El Gobierno federal probablemente apelará la decisión del martes hasta la Suprema Corte. En tanto, otros tribunales inferiores podrían intervenir, lo que abre la posibilidad de que los tribunales de distrito puedan resolver de manera diferente la cuestión.
Los demandantes en el juicio de Nueva York incluyen 18 estados y varias ciudades y jurisdicciones, junto con grupos de derechos civiles. El juicio abordó dos de los siete juicios que surgieron de la decisión de Ross de marzo para agregar la pregunta. Otro litigio sobre la pregunta ya está en marcha en California, y uno más está programado para comenzar el 22 de enero en Maryland.
Los opositores a la pregunta dicen que reduciría las tasas de respuesta en las comunidades con inmigrantes y haría que levantar el Censo, que constitucionalmente es obligatorio cada diez años, resultara más costoso y menos preciso. El gobierno dijo que la pregunta era necesaria para hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación.
Ambas partes han impulsado un proceso rápido, dados los plazos ajustados a los que se enfrenta el Censo. De inmediato, el cuestionario y otros materiales están programados para imprimirse en junio, lo que deja poco tiempo para las apelaciones esperadas en el caso.
No está claro qué sucederá si el asunto de pregunta no se resuelve antes de la fecha límite de impresión. Un portavoz de la Oficina del Censo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En el fallo de Furman, dijo que Ross había "ignorado y violado" un estatuto que le exige recopilar datos a través de registros administrativos en lugar de a través de consultas directas para cuestionarios como el caso del censo.
Furman agregó que Ross "no había considerado varios aspectos importantes del problema; alternativamente, ignoró, seleccionó o malinterpretó la evidencia en el expediente que tenía ante él, actuó irracionalmente a la luz de esa evidencia y de sus propios criterios de decisión declarados; y no justificó desviaciones significativas de las políticas y prácticas pasadas ".
Los demandantes aclamaron la decisión. "Este fallo es un fuerte reproche al intento de la administración Trump de armar el censo para atacar a las comunidades de inmigrantes", dijo Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la Unión Americana del Libertades Civiles, uno demandante.
La vocera del Departamento de Justicia, Kelly Laco, dijo: "Estamos decepcionados y todavía estamos revisando el fallo". Agregó que el Gobierno tiene "legalmente derecho a incluir la pregunta en el Censo".