‘Llueven’ demandas vs Estado de Texas

Cuestionan más organizaciones revisión de ciudadanía a votantes

Alexa Ura
The Texas Tribune
lunes, 04 febrero 2019 | 06:00

Austin— Un grupo de organizaciones que están a favor de los derechos civiles y al voto está demandando a funcionarios electorales del Estado de Texas y locales de cinco condados, ya que asegura que la revisión de la ciudadanía de los votantes es inconstitucional debido a que se están enfocando intencionalmente en los ciudadanos naturalizados y votantes de color.

En una demanda entablada este lunes en una corte federal de Galveston, el Fondo Cívico Movamos a Texas, la Iniciativa Jolt, la Liga de Mujeres Electoras de Texas y NAACP de Texas, alegan que la medida que tomó el Estado al dedicarse a revisar a decenas de miles de electores utilizando una información falsa viola la cláusula de protección igualitaria que otorga la Constitución de Estados Unidos.

Los grupos también alegan que el Estado violó la Constitución y el Decreto Federal de Derecho al Voto al actuar, por lo menos en parte, con el objetivo de discriminar a los votantes de color instruyéndoles a los condados que verificaran el estatus de ciudadanía de los electores que escogió.

Aseguran que esa medida provoca una carga indebida al derecho a votar y trata de una manera diferente a los ciudadanos naturalizados que a los que nacieron en el país.

La demanda en contra del secretario de Estado de Texas David Whitley, el director electoral Keith Ingram, y funcionarios electorales locales de los Condados Galveston, Blanco, FAyette, Caldwell y Washington es la tercera que se ha entablado en contra de funcionarios estatales desde el 25 de enero, cuando el Estado anunció que le estaba enviando a los condados una lista de aproximadamente 95 mil votantes registrados que declararon al Departamento de Seguridad de Texas que no eran ciudadanos cuando obtuvieron su licencia de manejar o tarjeta de identificación.

La lista de votantes del Estado ha disminuido desde que se hizo el anuncio debido a que se descubrió que decenas de miles de electores legítimos habían sido incluidos erróneamente en la lista y habían demostrado su ciudadanía cuando se registraron para votar en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública.

Los funcionarios electorales confirmaron que el resto de la lista incluye a ciudadanos naturalizados que no se registraron para votar en las oficinas de ese departamento.

En su acusación, los demandantes –que fueron representados por ACLU de Texas, la Unión Americana de Libertades Civiles a nivel nacional, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Demos y el Comité de Derechos Civiles Acorde a la Ley de los Abogados– argumentan que Whitley “rechazó incluir  protecciones” en el proceso que habrían impedido que los ciudadanos no fueran incluidos erróneamente en la lista.

“El derecho a votar es un derecho fundamental y fundacional, que tienen por igual las personas que nacen en Estados Unidos y los ciudadanos naturalizados”, se lee en la demanda.

“Con la purga que está haciendo el secretario de Estado está tratando a aquellos que han sido naturalizados como ciudadanos de segunda clase cuyo derecho a votar está siendo amenazado y agobiado, debido únicamente a que en cierto momento del pasado, esas personas no eran ciudadanos de Estados Unidos”.

La oficina del secretario de Estado, que no respondió a la solicitud que se le hizo para que comentara al respecto, no ha admitido haber cometido alguna falla en el proceso.

El gobernador republicano Greg Abbott y otros funcionarios estatales han mantenido firmes las revisiones de la ciudadanía aun cuando los funcionarios electorales locales han generado dudas acerca de la precisión de la lista.

Mientras tanto, funcionarios electorales locales de los condados incluidos en la demanda han empezado a enviar notificaciones a los electores para que demuestren su ciudadanía dentro de un plazo de 30 días para que puedan permanecer en las listas de electores, en base a una notificación que recibieron del Estado.

Cheryl Johnson, asesora y recaudadora de impuestos del Condado Galveston, quien supervisa las listas de votantes y también fue señalada como acusada, le comentó a The Texas Tribune que la semana pasada les notificó a más de 90 votantes que su ciudadanía estaba en duda.

Al igual que las otras demandas en contra del Estado, el desafío legal más reciente también le pide a la corte que impida a los condados de Texas que envíen tales notificaciones.

Después que la oficina del secretario de Estado informó que Johnson había señalado erróneamente a los votantes cuya ciudadanía no estaba en duda, Johnson pasó el miércoles preparando unas cartas de seguimiento para la mayoría de esos votantes para informarles que su registro era correcto.

Las llamadas de grupos de derechos civiles y legisladores demócratas a la oficina del secretario de Estado para rescindir esa advertencia fueron recibidas en silencio por la oficina del secretario de Estado, aunque sigue aumentando el número de votantes señalados que han confirmado ser ciudadanos naturalizados: una medida que sirve como prueba de la voluntad del Estado de discriminar a los ciudadanos naturalizados que probablemente son personas de color, aseguran las personas que firman la demanda más reciente.

“La decidida insistencia del secretario de Estado en continuar con la purga, a pesar de tener conocimiento de que eso agobiaría desproporcionadamente a los ciudadanos naturalizados, demuestra su intención de suprimir el derecho fundamental a votar”, argumentan los demandantes en su querella.

Las otras dos demandas entabladas en contra del Estado también aseguran que hubo violaciones a la Constitución y al Decreto de Derecho al Voto.  Siete electores latinos –que son ciudadanos naturalizados– entablaron una demanda el viernes y también alegan que las medidas tomadas por el Estado son inconstitucionales y violan del Decreto de Derecho al Voto debido a que imponen requisitos adicionales a los ciudadanos naturalizados cuando se registran para votar.

A principios de la semana pasada, un grupo latino de derechos civiles demandó al Estado alegando que la revisión viola una parte del Decreto Federal de Derecho al Voto que prohíbe la intimidación de electores.

El viernes, una ciudadana naturalizada del Condado Atascosa se unió a la demanda después que su administradora electoral local le confirmó que estaba en la lista que se recibió del Estado.

Ella está tratando de representar a todos los votantes que están legítimamente registrados y que aparecen en la lista del Estado a través de una demanda colectiva.