Revisiones a outsourcing las hará Federación

 Ciudad Juárez— Ante las revisiones a los centros laborales para regular el tema del outsourcing o subcontratación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS) se deslindó de las verificaciones, asegurando que esa es una facultad de la Federación, sin embargo, apoyará a los empleadores a cumplir con sus obligaciones patronales.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Diodoro José Siller Arguello, la STPS acompaña a través de la Inspección del Trabajo  a las personas empleadoras para lograr el total cumplimiento de sus obligaciones patronales, buscando impulsar mejores prácticas laborales mediante revisiones realizadas de forma preventiva.

El funcionario señaló que como parte de las facultades de la dependencia, se ofrece a las empresas capacitaciones, las cuales constan de una primera plática sobre condiciones de trabajo, otra sobre seguridad y salud, y una última sobre la Norma Oficial Mexicana NOM 035.

Sin embargo, detalló que en lo que respecta a las revisiones a empresas por el tema de subcontratación son una competencia en materia federal.

“Según lo señalado en el artículo 527, existen competencias en materia federal y local. La aplicación de las normas de trabajo en cuestión, corresponde a las autoridades federales del Trabajo, cuando se trate, por mencionar algunas, de ramas industriales y de servicios; textil; eléctrica; minera y automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas. No a la autoridad local”, dijo.

Apenas el pasado lunes, la Asociación de Maquiladoras Index Juárez alertó sobre el inicio de la etapa de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo a empresas prestadoras de servicios especializados; ya que con los cambios puestos en vigor, las personas físicas o morales que realicen este tipo de labores, debieron registrarse en el padrón de la STPS Federal.

Es importante mencionar que el decreto de la reforma que regula el outsourcing se publicó en Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de abril, dando incluso tres meses “de gracia” a las empresas para la migración a la nómina de sus trabajadores en ese esquema. Luego se aprobó una prórroga en agosto y finalmente entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

Las nuevas normas incluyen la inscripción obligatoria ante la STPS y establecen multas históricas de hasta 4 millones 481 mil pesos para quienes operen y no tengan el registro, así como pena de cárcel por la simulación de los servicios especializados o la subcontratación laboral al ser considerado delito de defraudación fiscal.

Por último las prestadoras de servicios y las empresas tendrán que entregar reportes cuatrimestrales al IMSS y al Infonavit sobre los contratos de tercerización celebrados.

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