El T-MEC no salvará a México: WSJ

Ciudad de México.- El Secretario de Hacienda mexicano, Arturo Herrera, está preocupado por la débil economía de su país. En las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Washington, en octubre, instó al Congreso a aprobar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) para sacar al País de su depresión: "Claramente sería un estímulo increíble".

  Herrera observó con razón que la incertidumbre es un lastre para la economía. Pero está equivocado en que aprobar el USMCA (como también se le conoce al acuerdo comercial por sus siglas en inglés), o incluso preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, curaría la anemia económica de México, señala una editorial publicada en el diario estadounidense The Wall Street Journal.

  De acuerdo con la publicación, una resolución de las reglas para el comercio norteamericano es una condición necesaria, pero insuficiente para estimular el crecimiento mexicano.

  Es poco probable que México recupere una mayor confianza de los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

  Desde que asumió el cargo hace un año, AMLO, como se conoce al Presidente, ha socavado la confianza al erosionar constantemente la independencia de las instituciones democráticas del País y el estado de derecho. Está politizando la Corte Suprema, las agencias reguladoras y la autoridad electoral independiente, y ha utilizado su poder para reescribir contratos. El mensaje de AMLO es que la ley es lo que él dice que es.

  López Obrador es un corporativista anticuado que anhela el México de la década de 1970, cuando existía un gobierno de un solo partido y una amplia propiedad estatal de la economía. Entonces parece ser la madre de todas las ironías que está respaldando el pacto comercial renegociado. Pero, de hecho, el T-MEC, o incluso preservar el TLCAN, permitiría a López Obrador mantener una economía de doble estándar: un conjunto de derechos para los inversionistas internacionales, un conjunto más limitado para los mexicanos.

  El T-MEC tuvo un problema la semana pasada cuando los demócratas intentaron insertar en el acuerdo nuevas disposiciones de aplicación de la normativa laboral. Según se informa, la nueva redacción permitiría inspecciones transfronterizas unilaterales por parte de Estados Unidos cuando haya denuncias de violaciones laborales en México. Esto no estaba en el acuerdo firmado en noviembre de 2018 por los tres países.

  "Dijimos que no. Es decir, inspectores no", dijo López Obrador. "Pero sí, para resolver disputas a través de la creación de lo que se llama paneles que involucran a especialistas propuestos por los países en igualdad de condiciones".

  Sigue siendo posible un compromiso, ya que López Obrador es muy consciente del daño que Donald Trump puede infligir en la economía mexicana si el Presidente de Estados Unidos decide que México no se está alineando.

  Sin embargo, aunque no lograr el acuerdo puede dañar a México, la aprobación por sí sola no revertirá la inversión y el crecimiento vacilantes. Incluso para los inversionistas extranjeros, el nuevo acuerdo es subóptimo. Dice que México debe compensar a los extranjeros si expropia su propiedad. Pero si México se involucra en una expropiación indirecta equivalente a una toma, solo cinco "sectores" (petróleo y gas, electricidad, transporte, telecomunicaciones e infraestructura vial) están protegidos. Cualquier otra inversión, especialmente la fabricación, no tiene suerte.

  Los inversionistas mexicanos obtienen aún menos protección. Cuando están sujetos a una toma, en cualquier industria, deben litigar en un tribunal mexicano. Y ahí está el problema.

  El 2 de diciembre, en el Informe de Política de Cato, Roberto Salinas-León presentó el récord de primer año de AMLO de ejercer poder discrecional. Una de las novedades más escalofriantes es una nueva ley que "clasifica la evasión fiscal y el incumplimiento como crimen organizado". Esto le permite al gobierno "confiscar los activos de una presunta parte culpable, congelar cuentas bancarias, asignar un período de prisión inmediato y vender activos perdidos y propiedad a cualquier precio".

  La relación entre la inversión directa y el Producto Interno Bruto mexicano es de solo alrededor del 22 por ciento, demasiado baja para un país que espera salir de la pobreza. Además, solo alrededor de 3 puntos porcentuales provienen de extranjeros. Más de la mitad proviene de hogares y empresas familiares, y de empresas nacionales distintas de las 60 más grandes. En otras palabras, los mexicanos son proveedores cruciales de inversión. Sin embargo, las decisiones arbitrarias del señor López Obrador están dañando su confianza.

  El capricho de AMLO contra las empresas exacerba un problema de larga data que el economista mexicano Luis de la Calle llama la economía de extorsión. Desde el tipo que tiene que pagar para no destrozar su automóvil cuando estaciona en la calle hasta el terror del crimen organizado, los mexicanos regularmente enfrentan extorsiones.

  El mayor extorsionador es el gobierno, escribe De la Calle en un próximo libro, "Extortionomics". Las grandes empresas tienen los recursos para defenderse del estado. En cambio, las pequeñas y medianas empresas "optan por no alcanzar su máximo potencial dado que se vuelven más vulnerables a la extorsión cuando alcanzan un cierto nivel de éxito".

  López Obrador y Trump pueden obtener un nuevo pacto comercial. Pero en el curso actual, la sed de poder de AMLO lo convierte en el peor enemigo de la economía mexicana.