Documentos a exhibir en materia antilavado

En esta tesitura, un contribuyente que realiza “actividades vulnerables” tiene las siguientes obligaciones en términos de la ley antilavado: i) registrarse en el padrón de sujetos obligados; ii) designar un representante de cumplimiento; iii) identificar al cliente o usuario, y en su caso al beneficiario controlador; iv) presentar los avisos el día 17 de cada mes (aun cuando no haya operaciones)

Iván Pérez
lunes, 04 noviembre 2019 | 09:16

En la entrega anterior abordamos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado las visitas de verificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado) que tienen desde 2013, ciertos contribuyentes que realizan operaciones calificadas como “vulnerables”.


Derivado de ello, varias han sido las inquietudes ante una inminente visita de la autoridad hacendaria, toralmente el cuestionamiento radica en determinar ¿Qué información legalmente podrá pedir el SAT al verificar esta materia? ¿incluiría documentos de la contabilidad?


Para disipar esa duda, habrá que recordar que desde 2015 el SAT tiene atribuciones para ser la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley antilavado. Sin embargo, este hecho no pone de relieve de manera automática que el SAT al ejercer esta atribución, puede incursionar en la materia fiscal de manera indiscriminada. Empero, el SAT tendría dos facetas, la primera que todos conocemos como ente fiscalizador donde puede solicitar “toda” la documentación contable y soporte de las obligaciones fiscales; y otra, es cuando ejerce la atribución en materia antilavado, donde la legislación aplicable es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (no el Código Fiscal), Código de Comercio y Código Civil Federal. De ahí que no puede confundirse las dos cachuchas que puede utilizar esta autoridad.


En esta tesitura, un contribuyente que realiza “actividades vulnerables” tiene las siguientes obligaciones en términos de la ley antilavado: i) registrarse en el padrón de sujetos obligados; ii) designar un representante de cumplimiento; iii) identificar al cliente o usuario, y en su caso al beneficiario controlador; iv) presentar los avisos el día 17 de cada mes (aun cuando no haya operaciones); v) contar con la información de la actividad y ocupación de los clientes o usuarios en caso de tener una relación de negocios; vi) proteger y evitar la destrucción y el ocultamiento de la información soporte de las operaciones por un plazo de cinco años a partir de la fecha de operación; vii) contar con mecanismos acumulación de los actos que en lo individual superen los montos de identificación; viii) elaborar un manual de políticas y procedimientos para la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes; ix) atender las restricciones en efectivo de las operaciones vulnerables; y x) brindar las facilidades necesarias en caso de verificación.


Por su parte, la propia ley antilavado precisa la actuación de autoridad y del sujeto obligado de la siguiente manera: a) las verificaciones solo podrán abarcar aquellos actos u operaciones considerados como actividades vulnerables, realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita; y b) los visitados deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte que esté directamente relacionada con las actividades vulnerables.


De ahí que la información y documentación que puede estar relacionada con la “actividad vulnerable” son las siguientes: i) acuse de alta en el portal; ii) lineamientos y mecanismos de identificación de clientes y usuarios; iii) expedientes únicos de identificación de los clientes que contengan la solicitud de información acerca del conocimiento de la existencia del dueño beneficiario; o iv) acuses relacionados a la presentación de avisos o informes en cero. Toda esa información deberá contener la documentación soporte que detalle las operaciones que fueron informadas, entre ellas comprobantes de pago, o documentos mediante los cuales se formalizó la operación según lo determine la legislación aplicable.


Luego entonces, la información contable-fiscal del contribuyente revisado no será sujeto de revisión por parte del SAT al ejercitar las atribuciones en materia antilavado, ya que como se abordó nítidamente las atribuciones y limites competenciales para conocer de las operaciones catalogadas como “vulnerables” no abarca la totalidad de los documentos que forman parte de la contabilidad del sujeto revisado, tales como estados de cuenta, auxiliares, estados de resultados, en fin, toda el caudal de documentos que integran a aquella.