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Economía
miércoles, 30 enero 2019 | 22:31
Mañana miembros de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) de Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales presentarán al procurador fiscal Carlos Romero Aranda los cambios propuestos al Decreto de Estímulos para la Frontera.
Raúl De León Apráez, presidente del CCE en Ciudad Juárez, dijo que el documento ya se hizo llegar al funcionario, a fin de obtener respuestas concretas en la junta de este viernes en Pueblito Mexicano.
Comentó que los puntos principales a solicitar es que el decreto sea ley, que la duración se extienda a cinco años, se regrese el esquema de la compensación universal y se elimine el candado de relación con proveedores incumplidos para poder acceder a los beneficios fiscales.
Entre las peticiones también destaca que inclusión de bienes intangibles, que empresas que no obtengan el 90 por ciento de sus ingresos en las ciudades demarcadas puedan ingresar y certeza a las compañías de que no se les dejará fuera por faltas administrativas.
De León Apraez detalló que la intención de hacerlo ley y no decreto es dar certeza las inversiones, debido a que las condiciones como tal quitan competitividad.
Respecto a la compensación universal dijo que quienes compren al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y facturen al 8 por ciento deberán absorber la diferencia, si este esquema no regresa.
El presidente del CCE en la localidad dijo que la presencia de Tijuana y Nogales es para encabezar un frente como frontera, debido a que en otras ciudades se identificaron las mismas trabas en el decreto y su reglamento.
“La idea de enviarle antes el documento es para que ya vengan con respuestas. Estamos conformando un bloque fronterizo y hasta ahorita confirmamos con Tijuana y Nogales”, comentó.
El Decreto de Estímulos Fiscales a la frontera entró en vigor el 1 de enero. Este otorga una tasa de 8 por ciento de IVA y 20 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas que se enlisten en el padrón de beneficiarios.
El reglamento indica como requisito no tener nexos con proveedores que se encuentren en la lista negra de Hacienda y que el 90 por ciento de sus ingresos sean generados en la frontera, entre otros.
De acuerdo con el análisis del CCE en Ciudad Juárez de continuar las condiciones como tal apenas un 20 por ciento de las empresas podrían cumplir con los lineamientos y aplicar el IVA al 8 por ciento en sus bienes y servicios.
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dio a conocer que de los más de 4 mil establecimientos afiliados al organismo solo125 bajaron el IVA al 8 por ciento.
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