Amplían arsenal contra factureras

Ciudad de México.- A pesar de que ya eran muchas, el Gobierno amplió en 10 por ciento el número de causales para cancelar sellos digitales a empresas.

Con ello, las razones por las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede retirarle estos sellos a una compañía, impidiéndoles operar, crecieron de 200 a 220.

Entre las nuevas causales están la omisión de una declaración anual después de un mes o de dos o más declaraciones mensuales.

También que el SAT no localice al contribuyente o que éste desaparezca durante un procedimiento de comprobación como puede ser una visita domiciliaria, una revisión electrónica o una auditoría.

Así como desocupar el domicilio fiscal sin avisar al SAT o que éste lo ignore; detectar facturas que amparan operaciones inexistentes o ilícitas, o que el contribuyente no las haya desvirtuado.

También que el contribuyente no cuente con los activos para producir o prestar los servicios que amparen sus comprobantes, o que el SAT detecte que la empresa no tiene el personal para producir los bienes o prestar los servicios que amparen sus facturas o si carece de la infraestructura para ello.

El SAT puede clausurar además un negocio si su Registro Federal del Contribuyentes (RFC) incumple supuestos del Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, como lo son designar un domicilio fiscal distinto o ficticio; cuando estime que sus ingresos declarados no concuerdan con los de sus facturas, o cuando le detecta datos incorrectos en el Buzón Tributario. 

Antes del actual Gobierno, ese tipo de irregularidades eran sancionadas administrativamente, pero no con la cancelación de sellos.

Pedro Raúl Lara García, socio director del despacho legal PRL & Asociados -miembro de la firma internacional Geneva Group International-, señaló que estas acciones tienen como prioridad combatir a las factureras.

Sin embargo, advirtió, en su lucha contra ellas, también se lleva a empresas que operan en la legalidad, pero no tienen las capacidad administrativa de estar cuidando las nuevas causales, sobre todo las más pequeñas.

Con las nuevas facultades del SAT, la "percepción de riesgo" del contribuyente de ser sujeto a una sanción por parte de éste se ha disparado a máximos históricos en el actual Gobierno.

A fines del 2018 ésta se encontraba en un nivel de 32 por ciento y actualmente es de 87 por ciento.

"Todos los sistemas fiscales del mundo cuentan con disposiciones que envían señales para disuadir al defraudador fiscal; es lo que denominan 'percepción de riesgo'.

"Sin embargo, en México se encontró la manera de someter al contribuyente a un estado que va más allá de la sana 'percepción de riesgo'. Es un sistema que hoy permite a las autoridades del SAT determinar, en los hechos, quién puede hacer negocios en México y quién no", explicó Lara García.