No dejen que los niños migrantes se echen a perder

The New York Times
2018-09-10

Nueva York – A pesar de todos los misterios del cerebro humano, su desarrollo se comprende bastante bien. La primera infancia y la adolescencia son momentos cruciales de crecimiento neuronal sin paralelo. Así como la confianza y la estabilidad pueden fomentar dicho crecimiento, el temor y el trauma lo dificultan. En particular, la institucionalización puede tener profundos efectos nocivos, desatando diversos retrasos de desarrollo y trastornos siquiátricos cuya recuperación puede ser difícil, si no imposible.
En vista de dichos conocimientos, resulta especialmente inquietante la medida más reciente tomada por la administración Trump contra los menores inmigrantes. El jueves, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) propuso regulaciones nuevas con las cuales se permitiría al Gobierno detener de manera indefinida a los menores migrantes. Hoy en día a los funcionarios se les prohíbe resguardar por más de 20 días a dichos menores con base en un convenio conocido como el acuerdo Flores, implementado desde 1997. Las nuevas reglas pondrían fin a tal acuerdo y probablemente darían pie a la expansión de los centros de detenciones alrededor del país.
El DHS dice que al anular el acuerdo Flores, los funcionarios desalentarían la inmigración ilegal, razonando que habría menos probabilidades de que los adultos indocumentados entren ilegalmente al país si saben que no pueden evitar ser detenidos por mucho tiempo simplemente al traer con ellos a un menor. Los activistas defensores de la inmigración consideran que los verdaderos objetivos de la regla propuesta son tanto más sencillos como más diabólicos: “quieren arrebatarles a los menores migrantes detenidos las últimas protecciones que les quedan”, dice Omar Jadwat, director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Aun estando en vigor el acuerdo Flores, dichas protecciones han resultado escasas. Los albergues para migrantes menores de edad —alrededor de Estados Unidos existen cerca de 100 centros de este tipo donde se resguarda a más de 10 mil menores— han sido asociados con una larga lista de abusos, entre ellos abuso físico, abuso sexual, negligencia médica flagrante, inyección a la fuerza de medicamentos antisicóticos, inmovilización ilegal de menores angustiados y reglas severas que impiden hasta a hermanos abrazarse uno a otro. Los albergues en cuestión, varios de los cuales han sido demandados, forman parte de una red que tan sólo en los últimos cuatro años ha recibido miles de millones de dólares de procedencia federal. Dichos fondos han continuado canalizándose no obstante la multiplicación de las acusaciones sobre abusos.
La administración tiene responsabilidad única por estas violaciones, en gran parte debido a que su desastrosa y breve política de separación ha causado estragos en un sistema donde ya abundaban los problemas. Tan sólo por vergüenza deberían haberse esforzado los funcionarios federales por revertir el daño de dicha política y prevenir mayores daños a los menores a su cargo, independientemente de que sea lo correcto de acuerdo con cualquiera de varios convenios y normas internacionales.
Pero lo más probable es que el plan más reciente exacerbe en vez de resolver los problemas existentes. Con las regulaciones que se han propuesto se eliminaría el requisito de que los centros de detención se sometan a inspecciones estatales y se reduciría sólo a padres y tutores legales el rango de parientes a quienes pueden ser entregados los menores. Además se provocaría una proliferación de centros nuevos: la administración calcula que aumentaría de tres mil a 12 mil canas la detención familiar dirigida por Inmigración y Aduanas. Probablemente también crezca el número de albergues para menores inmigrantes no acompañados.
Durante los próximos 60 días se recibirán comentarios públicos sobre las iniciativas antes de poder implementarse. Los lectores que deseen dar a conocer sus inquietudes pueden hacerlo en el sitio de internet del Registro Federal.
Una vez concluido ese lapso, resulta casi seguro que el tema se dirija a los tribunales. Los observadores dicen resultar probable que el mismo juez que ha emitido fallos contra los intentos previos por minar el acuerdo Flores también frustre el presente intento.
Lo cual presenta una cruda realidad sobre los motivos para esta medida y su significado central: de seguro la administración sabe las escasas probabilidades de éxito que tiene la propuesta, pero sin duda emocionará a la base política del presidente Trump ahora que se acercan las elecciones legislativas. Así que mientras la administración juega a la política, se arriesgará el bienestar de miles de menores que llegaron a Estados Unidos en busca de protección y seguridad —hoy y, en términos de su desarrollo, por el resto de sus vidas.


 

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