Inmigrantes seguros, comunidades seguras

Esther J. Cepeda / The Washington Post
2018-04-20

Chicago— La mayoría de las políticas de inmigración afectan a todos los estadounidenses, no solo a los que se mudaron aquí desde otro país. Esto es especialmente así cuando se trata de asuntos de seguridad pública.

La semana pasada, un juez de un tribunal federal de distrito dictaminó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede exigir a los departamentos de policía locales que ayuden a los agentes de inmigración a cambio de fondos federales.

La medida cautelar es una reprimenda al fiscal general Jeff Sessions, así como a la Casa Blanca de Trump, que ha tratado de impulsar las deportaciones en los vecindarios hispanos vinculando el dinero federal al intercambio de información entre las autoridades policiales locales y los oficiales de inmigración federales.

Los partidarios de programas como Comunidades Seguras y 287 (g) –que ampliaron los poderes de aplicación de leyes de inmigración de la policía local durante la administración Obama– creen que son mecanismos de sentido común para garantizar que los inmigrantes no autorizados atrapados durante las operaciones rutinarias de la policía sean identificado para la deportación.

La verdad es que estos programas han sido denunciados durante casi una década por los líderes encargados de hacer cumplir la ley en todo el país que dicen que erosionan la relación entre los residentes y su policía local, lo que lleva a una pobre aplicación de la ley y vecindarios menos seguros.

Un artículo reciente en el sitio web del Center for American Progress, un grupo de expertos en política de izquierda, analiza el impacto negativo que las políticas 287 (g) pueden tener en las comunidades. Se enfoca en la frustración de las autoridades locales que se opusieron a aumentar sus responsabilidades migratorias desde el comienzo.

“En la última década, al menos 35 acuerdos 287 (g) con las jurisdicciones estatales y locales han terminado o no se han renovado. Los funcionarios locales y estatales citaron con frecuencia una degradación de la confianza en la comunidad, un desperdicio de los recursos de la agencia; esfuerzos de defensa tanto de grupos locales de derechos de inmigrantes y organizaciones nacionales, y fallos judiciales como razones para finalizar o abandonar el programa”, escribe Anneliese Hermann en el artículo.

Estos acuerdos se vinieron abajo por muchas razones, una de las cuales fue el costo extremadamente alto para las organizaciones locales de aplicación de la ley. Cuando las agencias locales reciben capacitación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), todavía tienen que pagar sus propias cuentas para gastos relacionados y personal adicional.

Como señala Hermann, “en el condado de Harris, Texas, el sheriff Ed González terminó el acuerdo 287 (g) del condado en febrero de 2017 debido a los recursos limitados de los departamentos, indicando que costó la oficina del Sheriff un estimado de 675 mil dólares sólo en salarios”.

 

Otro factor en el desmantelamiento de los acuerdos 287 (g) fue la protesta pública. Los defensores de los inmigrantes desempeñaron un papel importante en la separación de las actividades de inmigración de la policía local. Las comunidades en estados como Nueva Jersey, Pensilvania, California e Illinois pudieron mantener a las autoridades locales fuera de los asuntos de inmigración al presentarse en gran número para protestar.

En Waukegan, Illinois, por ejemplo, la comunidad latina movilizó organizaciones y personas en la parte norte del estado en junio de 2007 para marchar en contra de la decisión del alcalde de solicitar el programa 287 (g). La capacitación nunca se materializó y, después de dos años, se eligió un nuevo alcalde e inmediatamente retiró la solicitud.

Por último, el ICE canceló varios acuerdos 287 (g) con las agencias locales de aplicación de la ley luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmara patrones de prácticas racialmente discriminatorias de la policía y la cárcel contra residentes y reclusos latinos.

Entre estos se encontraba el infamemente abusivo programa 287 (g) del Sheriff Joe Arpaio en el condado de Maricopa, Arizona, así como programas en el condado de Alamance en Carolina del Norte y Herndon, Virginia. Estos casos presentaban perfiles raciales ilegales de los hispanos, abuso físico y un efecto de enfriamiento en la cooperación de la comunidad con la policía debido al temor entre los residentes de la zona, independientemente de su estado migratorio.

Por lo tanto, aunque pueda parecer “de sentido común” que la policía priorice el estado de residencia de los inmigrantes cuando responden a disputas por violencia doméstica, robos o accidentes automovilísticos, simplemente no es la mejor opción.

El Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley de Inmigración, un conjunto de jefes y oficiales de policía de todo el país, durante muchos años ha dejado claro sus puntos de vista sobre la participación federal en la policía local: “Los inmigrantes deben sentirse seguros en sus comunidades y el llamamiento cómodo a la policía para reportar crímenes, sirviendo como testigos y pidiendo ayuda en casos de emergencia. Esto mejoraría la vigilancia y la seguridad de la comunidad para todos”.

Independientemente de la retórica de la Casa Blanca, tomar una línea dura contra los inmigrantes aún no se ha probado como una forma efectiva de reducir los niveles de delincuencia locales. En su lugar, tome la palabra de los oficiales de policía que buscan proteger mejor a sus comunidades: cuando los inmigrantes se sienten seguros en sus vecindarios, todos estamos más seguros.

 

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