Nuevos tiempos en la Corte

Jesús Antonio Camarillo
Académico
2019-01-04

Corría el mes de noviembre del 2009. Se iba de la Suprema Corte de Justicia el chihuahuense Genaro Góngora Pimentel. Se requería un nuevo ministro. El entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso, dentro de una terna, a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Calderón, difícilmente se imaginó el tipo de ministro en que se convertiría Zaldívar. Bajo una regla simplista pero con vínculo constante con la realidad de la arena política, usualmente, presidente conservador propone juez conservador; presidente liberal, propone juez liberal. Las motivaciones intrínsecas de la postura del expresidente quedarán, quizá, en la penumbra, pero es probable que Calderón pensara que Zaldívar defendería las perspectivas de la derecha en los diversos ámbitos y materias sujetas al conocimiento y decisión del máximo tribunal del país.
Resultó que muy poco le duró esa idea y ese gusto a Calderón, el ministro Zaldívar pronto dio muestras de un desempeño que sobre todo evidenciaba algo pocas veces visto en la historia jurisdiccional de México: una autonomía e independencia que pronto ocuparon un espacio singular en el seno de la misma Corte. En ocasiones esas características se marcaron tanto, que no en pocas ocasiones Arturo Zaldívar parecía una especie de llanero solitario, ante un Pleno del tribunal que pese a la densidad y justificación de las ponencias del ministro, sencillamente lo “mayoriteaba”.
Esta supremacía formal de la mayoría impidió que varios de los casos difíciles  que suelen llegar al alto tribunal tuvieran un deslinde acorde a las exigencias jurídicas y de hecho, que parecieran reclamar otra manera de entender esos auténticos laberintos. Aferrado frecuentemente el tribunal a una, en algunas ocasiones hipotética y en otras monstruosamente real, mano muerta del pasado.
El miércoles, ese ministro, que junto con José Ramón Cossío –pasando por alto las diferencias deliberativas que existieron entre ambos– ocupa ya un lugar privilegiado en la historia judicial de nuestro país, fue electo como el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando alguien me pide mi opinión sobre el nombramiento, no tengo otra postura más que expresar mi entusiasmo. Es probable que con él se inicie una etapa de reinvención del trabajo judicial. Todo el aparato de justicia mexicano necesita reinventarse, pero empezar por las más altas esferas del organigrama es un excelente paso. La impronta que un “Chief Justice” puede darle a todo el andamiaje no es factible subestimarla. Y hoy, que corren nuevos vientos en el ejercicio del poder político en México, pareciera el terreno propicio para construir los cimientos –no hay que olvidar que el periodo de un presidente de la SCJN dura cuatro años– de una verdadera independencia con relación al resto de los poderes y una disminución del atrincheramiento de la judicatura mexicana.
Zaldívar, como ministro, ha mostrado su compromiso con una posición no atrincherada y ajena al influjo de los poderes fácticos y formales. Hace algunos meses, en este mismo espacio, y aludiendo al caso de una joven juarense, estudiante de medicina, que fue sujeta a un proceso penal por el delito de aborto, llegué a la cita del razonamiento del ministro Zaldívar sobre un caso diverso que llegó a la Corte en el 2015. Ahí, claramente el ahora presidente de la SCJN se opone a la rigidez y el dogmatismo que todavía prevalece en la temática.
En un voto particular formulado en ese año y cuya ponencia de haber encontrado mayoría hubiera dado un vuelco a la cuestión, inserta el aborto en un panorama amplio, haciendo hincapié en que la regulación secundaria es todavía la manifestación de una ideología que sigue concibiendo a la mujer como un ente cuyo papel principal es la procreación, independientemente de las valoraciones internas que puede tener una mujer para abortar.
En ese voto, Zaldívar alude también a la vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, en virtud de que las decisiones reproductivas de ellas forman parte de su vida privada, por lo que la injerencia arbitraria e injustificada de las autoridades en ese ámbito, transgrede dicho derecho.
En otra parte, el ministro califica el potencial efecto estigmatizador de las normas punitivas del aborto, al considerar que autorizar la realización del aborto sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, deja entrever que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto de la concepción.
Recordemos que al deliberar sobre la ponencia de Zaldívar, los otros ministros  de la Primera Sala votaron en contra, pero no por cuestionarse los elementos de fondo, sino por privilegiarse, como siempre, la forma. El amparo sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto se desechó. La discusión sigue abierta.

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