Viridiana Ríos
Académica
Ciudad de México.- El sábado se presentó un decreto de estímulos fiscales que reduce a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA pasa del 16 por ciento al 8 por ciento) y que disminuye en una tercera parte el Impuesto Sobre la Renta (ISR pasa del 30 por ciento al 20 por ciento) en los municipios ubicados en la frontera norte. Esto convierte, según dijo AMLO, a nuestra frontera con Estados Unidos en “la zona libre más grande a nivel internacional”, es decir, una zona donde, en teoría, se crearán mayores incentivos a la inversión porque habrá que pagar menos impuestos.
Hasta ahí, todo parece indicar que AMLO cumplió con su promesa de campaña de crear oportunidades de empleo para reducir la migración. El decreto de estímulos fiscales forma parte de la estrategia prometida durante su campaña y acentuada durante su primera comunicación con Donald Trump. La intención de AMLO, se supone, es crear una “cortina de desarrollo” que evite que las personas migren ilegalmente a Estados Unidos al proveerles de oportunidades de empleo dentro de México.
Suena bien, pero… ¿En serio es un plan de desarrollo?
A mí me parece que no. No lo es porque, la verdad sea dicha, no existe evidencia de que crear zonas libres de impuestos (en este caso de bajos impuestos) promueva el desarrollo económico, a menos de que se les acompañe con políticas que vayan al corazón de aquello que está impidiendo la inversión privada y la generación de empleo formal.
Es decir, las zonas libres no funcionan por sí solas porque, rara vez, el nivel impositivo es la razón por la cual las empresas no crecen.
Son otras razones las más importantes.
En el caso de México, la razón por la que las empresas no crecen está mucho más relacionada con el temor a la violencia y la inseguridad, la falta de infraestructura y conectividad, y la carencia de regulaciones inteligentes (incluyendo materia de competencia y energética). Todas estas razones requieren de un estado con recursos suficientes para acrecentar la inversión pública, mejorar la impartición de justicia, y la calidad de la legislación.
Por ello me parece que el decreto de estímulos fiscales no debe ser analizado como una política de desarrollo económico sino más bien como un pacto de gobernabilidad que AMLO está haciendo de forma secreta, como guiño de ojo, a los empresarios más grandes del país, y en especial a las élites económicas del norte del país.
El mecanismo del pacto de gobernabilidad es muy claro. Lo conocemos porque está en los libros de historia mexicana. De hecho, así fue como el PRI se mantuvo muchos años en el poder sin que surgiera una oposición partidista significativa. El pacto de gobernabilidad es un juego cuya regla es: “tú me dejas el poder político y yo no te molesto con el poder económico”
Es decir, el pacto de gobernabilidad implica generar condiciones para que las élites económicas tengan incentivos para mantener a AMLO en el poder, como gobernante. O al menos, para que no tengan razones fuertes para, activamente, buscar que su gobierno sucumba. Esto se logra dándoles exenciones fiscales importantes que continuarán, siempre y cuando el partido gobernante se mantenga en el poder.
No es coincidencia que el decreto de estímulos fiscales que firmó AMLO sólo opere durante dos años (2019 y 2020). Es así porque AMLO busca que para 2021 los empresarios del norte del país salgan a manos llenas a votar en su favor en el referéndum de revocación de mandato. Y lo harán. Lo que AMLO quiere dejar en claro es que más AMLO significará más estímulos fiscales.
En cierta forma, la lógica de este pacto de gobernabilidad es la misma lógica que yace detrás de los programas sociales entregados clientelarmente. Los más pobres entienden que los recursos que reciben en programas sociales dependen de su lealtad al partido que se los provee, entonces, racionalmente se crean incentivos para que todos salgan a votar lealmente por él.