Gerardo Cortinas Murra
Analista
La historia patria está plagada de casos en los que los caprichos (y hasta insólitas ocurrencias) del gobernante en turno se plasman en la Constitución. Es decir, innumerables decisiones fundamentales del ‘pueblo’ son tan solo reflejo de los caprichos coyunturales de políticos en el poder. Y en algunos casos, se incorporan principios ajenos a la realidad nacional, so pretexto de una ineludible globalización.
Como acontece con la reciente reforma a la Constitución Local en la que se incrusta el ‘Parlamento Abierto’, consistente –según la iniciativa del diputado panista Fernando Álvarez– en que “los Congresos deben proporcionar información de forma transparente y accesible… asimismo, esta herramienta invita a la ciudadanía a participar en el proceso legislativo, así como, a utilizar las tecnologías de la información para fortalecer los vínculos entre representante y representados”.
“Se trata, sobre todo, de acercar las funciones legislativas a la ciudadanía, de que los congresos se abran al escrutinio, a la deliberación, a la participación ciudadana sustantiva, para aprovechar la inteligencia colectiva instalada en distintos sectores de la sociedad”.
Para justificar la procedencia de este nuevo ‘principio’ constitucional, el diputado panista cita los compromisos adoptados en la “Alianza para el Parlamento Abierto”, entre los que destacan los siguientes:
1. Promover la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizar mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas.
2. Publicar y difundir –de manera proactiva– la mayor cantidad de información relevante, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias.
3. Publicar y divulgar información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución legislativa, así como a los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.
Por su parte, Eduardo Bohórquez nos da su propia definición: “Un Parlamento Abierto permite que todo lo que suceda dentro de él pueda ser observado y controlado por la ciudadanía. Un Parlamento Abierto generará los canales necesarios para incluir a la ciudadanía y sus organizaciones en las decisiones que se tomen, siempre que esto sea posible y razonable”.
Esta nueva figura fue incorporada a la Constitución Local, en los términos siguientes: “Art. 40-Bis. El Poder Legislativo del Estado actuará como Parlamento Abierto y se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información”.
Por desgracia, este nuevo ‘principio’ constitucional es letra muerta. Y acredita el discurso hipócrita de los actuales diputados locales. Para acreditarlo, basta mencionar que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 2019 fueron aprobados el 20 de diciembre, y aún no es posible su consulta en el sitio oficial del Congreso.
Su publicación en el Periódico Oficial fue el sábado 29 sin que al día de hoy su contenido esté a disposición de la ciudadanía, ya que los anexos correspondientes no han sido publicados. Digámoslo de otra manera: opacidad legislativa total.
Yo me pregunto: ¿hasta cuándo será una realidad que el Congreso implemente acciones que garanticen una real participación ciudadana en el proceso legislativo? ¿Hasta cuándo los chihuahuenses tendremos acceso, oportuno y veraz, de la labor legislativa? ¿Sabe cuándo, amable lector? Nunca… Nunca…