Olivia Aguirre Bonilla
Académica
No debe pasar desapercibido que el 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y es que ese día, pero de 1998, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Lo más importante de esta declaración es que no sólo se dirige a los Estados y a los defensores de los derechos humanos, sino a todas las personas, estableciendo una serie de derechos y principios con la finalidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores en el contexto de su labor. Cabe señalar que la declaración no estipula nuevos derechos, sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y situación prácticas de los defensores. Asimismo, impone a los defensores la obligación de llevar a cabo actividades de forma pacífica.
Chihuahua es de los estados de la república que aún carece de su respectiva ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos. Actualmente sólo se cuenta con el proyecto de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en el estado de Chihuahua que contiene 33 artículos divididos en 9 capítulos, iniciativa de ley que fue presentada desde el 10 de septiembre de 2014 y que a la fecha no se ha podido aprobar.
Es preocupante el desinterés que existe en los legisladores para expedir esta ley, pues ni siquiera han tomado en consideración los señalamientos que ha realizado la CNDH, quien emitió un comunicado el 7 de octubre de 2018 precisando que Chihuahua se ubica en primer lugar de las entidades con mayor número de homicidios contra activistas con un total de 13 casos, continuando Guerrero con 6 y Oaxaca con 5. Asimismo, refiere la urgencia de intensificar esfuerzos para implementar medidas de protección para esas personas, ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.
Por otro lado, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez señaló que entre el 2015 y 2016 se perpetraron 2 mil 197 agresiones contra las defensoras en la región, lo que es 30 por ciento mayor que lo ocurrido en 2013 y 2014, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 11/12/18).
Y es que la situación de violencia e inseguridad en el estado no ha cesado desde hace años. Recordemos el caso de Marisela Escobedo, quien se volvió activista buscando justicia para su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto de 2008, a los 16 años de edad. La incansable lucha emprendida por Marisela Escobedo recorriendo el país, organizando marchas, protestas, terminó con su asesinato frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010 mientras se manifestaba exigiendo justicia. Este hecho lamentable conmocionó a la sociedad chihuahuense y dejó en evidencia la desprotección del Estado hacia los defensores de derechos humanos, desprotección que se ha extendido hasta la fecha, pues se ha incumplido con el deber de adoptar medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades, según lo dispone la declaración mencionada con antelación.
Rindamos homenaje a Marisela Escobedo quien fue una víctima por luchar por la justicia y la verdad, a la que silenciaron su voz y en consecuencia su activismo. Honremos su memoria convirtiéndonos en defensores de derechos humanos dentro de nuestra comunidad, pues tenemos la responsabilidad de fomentarlos, salvaguardar la democracia y sus instituciones y no violar los derechos humanos ajenos. Seamos entonces todos Marisela.