Sixto Duarte
Analista
Desde hace mucho tiempo la inseguridad ha dejado de ser noticia en nuestro entorno. Desafortunadamente, hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a los delitos que se cometen en nuestro país, y particularmente en nuestro estado. Narcotráfico, huachicol, secuestro, asalto, son palabras que cotidianamente se pronuncian en los medios de comunicación.
La falta de seguridad viene a evidenciar lo que muchos especialistas afirman, en el sentido que México es un Estado fallido. En lo personal, no lo creo así. Cuando el Estado tiene el interés de actuar en un sentido u otro, es contundente en sus acciones punitivas. Así se ha demostrado cómo leyendas del crimen organizado como “El Chapo” Guzmán, o de la corrupción como Elba Esther Gordillo, entre otros, han caído a pesar de que se estimaba que eran prácticamente intocables.
Es precisamente con este antecedente que estimo que, no existe voluntad genuina de acabar con este grave problema. Para ello se requiere tener voluntad política, e irónicamente, despolitizar el tema. Desafortunadamente, hemos llegado a un absurdo donde la seguridad se ha convertido en una promesa de campaña, no en un deber del gobierno. Como hemos dicho en este mismo espacio, la seguridad es la función primigenia del Estado.
Hago referencia a la despolitización de las estrategias de seguridad por experiencias que se han dado en otras latitudes. Un ejemplo de ello fue el gobierno del socialista Felipe Gónzalez, presidente del Gobierno español de 1982 a 1996, período en que surgieron los Grupos Antiterroristas de Liberación (los GAL). El objetivo de estos grupos era combatir a las células terroristas en el País Vasco. En el tema del terrorismo, había un pacto no escrito entre partidos de no usar dicho tema como ariete político, pues el terrorismo era un asunto que afectaba a todo el Reino. Al final, el Partido Popular rompió dicho acuerdo, acusó al Gobierno de financiar las GAL y básicamente por eso llega al poder en 1996.
En nuestro país, no hemos dado ese primer paso de aglutinar todas las agendas políticas y dejar determinados temas fuera del debate público, otorgando un voto de confianza al Gobierno en turno. Cualquier tema se utiliza para golpear políticamente a los adversarios. El tema de Ayotzinapa, atribuible en primera instancia a López Obrador y su equipo cercano, terminó siendo un problema de Peña. Si algo fue explotado de manera magistral por parte de AMLO para lograr réditos políticos, fue el tema de los normalistas. Eso, más la nula capacidad de Jesús Murillo Karam para atender el asunto, convirtieron este lamentable hecho en un problema transexenal.
El Gobierno de Calderón fue duramente criticado por la estrategia de lucha contra el crimen organizado. El Gobierno de Peña es percibido como un Gobierno que fue muy débil en el mismo tema. Ante ello, llega López Obrador, quien no tiene una estrategia clara respecto al tema de seguridad. En primer término, nombra como secretario de Seguridad a un personaje que se ha distinguido más como un oportunista político que como un especialista en el tema. Posteriormente cantinflea con la creación de la Guardia Nacional, que no es otra cosa que mantener el status quo en el que las fuerzas armadas son las que llevan a cabo tareas de seguridad. Obviamente la creación de dicha Guardia se dará solamente si “el pueblo bueno” así lo decide. Es grave que en un país deficientemente alfabetizado, se le pregunten estas cosas a la ciudadanía. Se supone que los gobiernos están para tomar decisiones, así funcionan las democracias representativas.
En el estado de Chihuahua, el tema de inseguridad tampoco parece ser un tema que le quite el sueño al gobernador del estado. Hay zonas de Chihuahua en donde el estado es el narco. Eso no preocupa mucho a las autoridades oficiales, pues están más preocupados emprendiendo su cacería de brujas. Por otro lado, esa misma autoridad que persigue adversarios políticos libera presuntos policías extorsionadores. Ese es el ejemplo de las prioridades del actual Gobierno en cuanto al combate a la inseguridad.
El reciente asesinato del político panista Hiram Contreras viene a reiterar el enorme problema de inseguridad que se vive en la ciudad.
Mientras no exista una estrategia integral por parte de los distintos niveles de gobierno, y mientras no se le quite el sesgo político al tema de la seguridad, seguiremos viviendo en este paraíso de impunidad.