LA COLUMNA
de El Diario
La reestructuración de la deuda estatal por 48 mil millones de pesos es más que simplemente patear el bote para el 2043.
Subyace la intención desesperada de lograr un recurso económico marginal que permita hacer obra pública, por mínima que ésta sea, ante los deprimentes resultados obtenidos durante los últimos 24 meses.
Pero, en la letra chiquita, existe también un negocio fabuloso, donde las instituciones y expertos financieros pueden embolsarse del 1.5 al 2.5 por ciento de la suma refinanciada, entre 750 y mil 200 millones de pesos, para pagar gastos, costos y en su caso garantías, nada despreciable para fin de sexenio.
Fue la solicitud con sello y firma de Javier Corral, César Jáuregui Robles y Arturo Fuentes Vélez entregada el pasado 30 de noviembre al Congreso del Estado.
Es una táctica para involucrar de nuevo a los diputados en una negociación financiera enormemente peligrosa en términos de que existe la posibilidad de que –como ocurrió recientemente– no tenga los resultados esperados en términos reales; con una condición diferente, la Legislatura se ha tornado del color azul al moreno.
No hay votos suficientes para sacarla adelante como ocurrió en el 2016. Más aún cuando lo que se pide es un cheque en blanco para manejar algunos millones de pesos discrecionalmente.
Es también la propuesta indecorosa una forma de lavar el error subyacente en la pasada reestructura, que apenas concluyó en junio de este año pese a haber sido autorizada desde septiembre de 2016, aumentándole cinco años adicionales a los 20 autorizados por el Congreso, y que a todas luces constituyó una maniobra pírrica.
¿Para qué se pagaron más de 150 millones a las instituciones bancarias sindicadas, si apenas concluido el proceso habría de tirarse por la basura ese esfuerzo?
Esto en un contexto de grave volatilidad de los mercados financieros a nivel internacional y nacional, a lo cual se agrega un elemento que parece extraño, pero es más cercano de lo que se piensa: la oposición de tenedores de valores del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, bajo el argumento de haber sido ignorados en la toma de decisiones, antecedente fundamental, en función de que la nueva reestructura en Chihuahua plantea también el apartado bursátil, el cual podría despertar a los acreedores para exigir en sus términos el cumplimiento de los contratos firmados.
Por ello el plazo exageradamente largo de negociación que nos llevará en el drama de la reestructura incluso hasta diciembre de 2020, vísperas del relevo en el Ejecutivo estatal.
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La reestructura no es un tema nuevo. Desde campaña el candidato Javier Corral tuvo una obsesión por la deuda.
Ya en el Gobierno, lo primero que hizo fue instruir una solicitud al Congreso para realizarla, la cual fue aprobada con 26 votos a favor –el PAN y sus aliados del momento– y siete en contra –PRI y Morena–.
Hoy en términos numéricos el PAN ha perdido la posibilidad de alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios. Necesita forzosamente de un acuerdo con Morena.
Luego la simple instrucción, cumplimentada a través de un legajo de 25 hojas, copy-paste de la propuesta del 2016, agregadijos más, con información insuficiente, contenido ventajoso y oscuro, tiene pocas probabilidades de pasar. Deberá el Ejecutivo ser diestro para convencer que ahora sí la reestructura funcionará, lo cual se ve complicado.
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Igual que la primera reestructura, la duda salta de inmediato en la aplicación de la misma norma jurídica base para solicitar autorización al Poder Legislativo, el llevado y traído artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y de los Municipios.
Dicho artículo es una maravilla porque permite dos procedimientos para refinanciar. Uno en el cual hay que pedir autorización del Congreso, y otro donde sólo hay que informar de la operación efectuada.
La diferencia entre ambos, es decir, los requisitos insalvables, es que no se cumpla con la mejora de interés de acuerdo con tasa efectiva, no se incremente el saldo insoluto o no se amplíe el plazo original.
Es obvio que en la propuesta de la segunda reestructura, expresamente el Gobierno estatal incumple con el plazo, pero es evidente, como ha ocurrido con la primera reestructura, está en riesgo la mejora de interés efectiva e incluso el incremento del saldo insoluto. Lo demás se intuye, necesita del Congreso para lavar su responsabilidad jurídica –recuérdese Coahuila con los Moreira– y política, envolviéndolo en una aventura que argumenta indispensable para las finanzas estatales.
Es la redacción del proyecto de decreto enviado a los diputados un autoelogio a la eficiencia administrativa del nuevo amanecer y crítica acre a la deuda heredada, donde ni por asomo hallamos la deuda en corto plazo por más de 4 mil millones, y que abona indudablemente a la crisis financiera que enfrenta la entidad.
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Es difícil evitar pensar en un cheque en blanco, no sólo porque la propuesta implica autorizar todos los actos jurídicos necesarios para efectuar la reestructura, mediante el pago de costos y gastos y garantías necesarias ya apuntadas, sino porque textual incorpora que antes de la autorización, el Congreso ha realizado el análisis de la capacidad de pago del Estado y se ha cerciorado del destino de los recursos –el cual sólo se refiere formalmente al refinanciamiento y no a obra del remanente–.
Es decir, si los señores diputados lo autorizan, es porque tienen conocimiento de la condición real de las finanzas estatales, y por tanto son corresponsables de lo que ocurra. De ese tamaño.
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Es muy complejo el proceso planteado por el Ejecutivo, en función del contexto y la propuesta en sí, pensando en el Congreso y los “detallitos” enunciados. Pero lo es más en tiempos.
Autorizada la reestructura, el Gobierno deberá convocar a un proceso competitivo al menos con seis instituciones financieras, por lo que hace a los 26 mil millones de deuda bancaria –incluidos los seis mil últimos de Carlos Slim-Interacciones–. Adicionalmente tendrá que abrir otro por lo que tiene que ver con la deuda bursátil, otros 18 mil en números gruesos.
En ese sentido, incorporar a alguno de dichos procesos los 4 mil millones de banobras.
Todo en un plazo de dos años, porque la vigencia de la autorización se pide para diciembre de 2020.
En esas fechas habrá ya aspirantes fuertes a la gubernatura, Corral dejará de ser el eje de la atención política.
Se requiere la reestructura mucho antes. Urge el año que entra para echar mano del remanente ahorrado, de otra forma sólo se abrirá un boquete de desgaste político, porque, para efectos financieros, tomando en cuenta el monto total de la deuda, si todo sale bien, son apenas unos cuántos pesos.
Por ello, es muy difícil saberlo, tal vez busca que no se la autoricen. Así tendría a quien culpar de la inmanejable situación financiera del Estado.
Y si se la autorizan, abre negocio de segundo piso, con una pipitilla de respiro para una que otra obra de relumbrón, todo lavado por el voto de mayoría calificada en el Legislativo, con Morena entre los pies, patente de corso para el bienamado año de Hidalgo que se acerca rápidamente.